Una nueva República para Chile

En los albores de la humanidad, los humanos nos agrupamos en sociedades por razones asociadas a la propia supervivencia buscando compartir riesgos y beneficios. Ello derivó en reconocer dos grupos de individuos: los fuertes y los débiles. Con el paso del tiempo y a medida que las sociedades avanzaban en prosperidad, educación y control territorial, esa diferencia fue derivando en otra menos afortunada: Los explotadores (aristocracia, clero y alta milicia) y los explotados (campesinos, soldados, obreros y esclavos).

El advenimiento de la educación y la filosofía incidió en el desarrollo de la conciencia de los ciudadanos, que buscaron terminar con los privilegios desmedidos de las clases gobernantes. Cuando dicho intento consigue que las normas comienzan a ser redactadas (sin dejar de ser abusivas), aparece la noción de República, esto es, un orden social sobre la base del imperio de la Ley.

Consecuentemente con este desarrollo, los pensamientos rebeldes siguieron buscando motivos para buscar el crecimiento con mayor justicia y libertad y se cuestionaron fuertemente las leyes opresivas que seguían rigiendo los destinos de cada uno, surgiendo la democracia como un ejercicio intelectual que se oponía a la monarquía y a la aristocracia, pero cuya propia degeneración hace que ella sea un mito o una interesante utopía. 

---

A todas luces el “orden social” establecido en la actual Constitución, sustento jurídico de nuestra noción de República se tambalea cada vez más fuerte.

Siglos después y tras las luchas del pueblo francés contra la opresión de su monarquía, aparece finalmente en la historia contemporánea el republicanismo como una teoría política que propone y defiende la república como el tipo de gobierno que resulta óptimo para cualquier Estado, considerando que se trata de un modelo que protege la libertad sobre la base del derecho definido por la voluntad soberana del pueblo.

El desarrollo de la república chilena va asociado directamente con el sello que han impreso sus cartas fundamentales: En los primeros ejercicios constitucionales se habló de libertad, ley y gobierno soberano. Entre las de 1823 y 1828 hay experimentos que avanzan la participación y representación ciudadana, pero 1833 se sufre un retroceso, y recién a partir de 1871 se observa mayor aceptación de los principios liberales. En 1925 se perfecciona la democracia criolla, proceso que termina abruptamente que termina con el golpe de estado de 1973. Finalmente, la Constitución de 1980 termina con el republicanismo tradicional e instaura un modelo por y para una clase conservadora en lo moral y liberal en lo económico, situación que gracias a los cerrojos sobre las reformas constitucionales no han permitido restablecer el poder soberano a quienes conforman la totalidad de la ciudadanía.

Hoy hemos alcanzado un nivel de desarrollo humano interesante, pero observamos a diario como las desigualdades presentes se asemejan increíblemente a las del siglo de Pericles. Ello sugiere que tal como tantas veces en la historia de la civilización, existe la necesidad de cambiar el paradigma jurídico que nos regula por uno más apropiado a la composición actual de nuestra sociedad y su noción efectiva respecto del bien común, o, por qué no, a los avances que se han sobrevenido en el quehacer cotidiano de la ciudadanía en las más diversas áreas.

Pero, ¿realmente necesitamos una nueva República? Veamos: En lo formal, Chile dice ser un estado unitario, es decir, reconoce la existencia de un pueblo, con las mismas costumbres y tradiciones a lo largo de un extenso territorio, el que para efectos jurídicos y administrativos, sería uniforme en todo el país. Sin embargo, sabemos que no vivimos en un territorio uniforme, equilibrado, similar en cada una de sus regiones. Por el contrario, las diferencias entre sus regiones son abismantes, tanto en lo favorable como en lo adverso. Convengamos también que el pueblo chileno no es homogéneo, sino se compone de múltiples etnias y culturas, generalmente asociadas a zonas geográficas particulares de nuestro territorio, como Isla de Pascua, Atacama, la Araucanía, el Valle Central o la Patagonia.

Chile es actualmente un régimen Presidencial, lo que concentra el poder en una persona electa en votación popular, de forma democrática y que tiene facultades administrativas amplias y asume la responsabilidad política total sobre los éxitos y los fracasos en la gestión del país en un período determinado de tiempo. Sin embargo, los cambios sociales a nivel mundial avanzan hacia la mejor y mayor distribución del poder en aquellos países exitosos (en alcanzar el bien común). Asimismo nuestro congreso bicameral se asemeja irremediablemente a su fuente romana, representando a Patricios por un lado y Plebeyos por otro.

Aunque podríamos analizar muchos temas y desde distintas perspectivas para mostrar cómo nuestro orden social no se correlaciona adecuadamente con la realidad de nuestra sociedad actual, no se puede sino precisar que la actual Constitución no reconoce el derecho a la educación, la salud o la previsión social, lo que visto el debate público de los años recientes, no se condice con la realidad. Sin ir más lejos, la Constitución de Guzmán y Madariaga, modificada en “democracia” dentro de los parámetros que permiten su Capítulo XV, no consigna referencia a la vivienda digna, a transporte público, a pueblos originarios, a muerte digna, a multiculturalidad, a calidad de vida, a desarrollo sustentable, ni un largo etcétera, perpetuando un modelo de sociedad entre oligárquica y tecnócrata (que en la práctica no tienen mucha diferencia), así como entrega la directriz social a un modelo que antinaturalmente promueve la competencia descarnada y el abuso del desprotegido.

Entonces, a la luz de las posibilidades que nos ofrece el nuevo milenio ¿Por qué no darnos un nuevo pacto social? A todas luces el “orden social” establecido en la actual Constitución, sustento jurídico de nuestra noción de República se tambalea cada vez más fuerte. Si una República es un sistema político que se fundamenta principalmente en el imperio de la ley para garantizar la igualdad de los ciudadanos ante ella, entonces estamos frente a una construcción que debe ser sólida y flexible, como una construcción moderna en un país como el nuestro, que permita adaptarse a los dinámicos cambios del entorno tanto tiempo como le sea posible.

Y ello significa sin margen de error que necesitamos una nueva constitución política, la carta magna de cuya fuente emanan los derechos y deberes que mutuamente acordemos. Una Constitución democrática, construida por y para la participación ciudadana vinculante.