El pasado domingo 26 de abril debía realizarse el plebiscito nacional para consultar a la ciudadanía de Chile si aprueba o rechaza elaborar una nueva constitución, y si prefiere hacerlo a través de un órgano compuesto por una mitad de parlamentarias y parlamentarios y otra mitad de personas electas (la “convención mixta constitucional”) o sólo por representantes electas (la “convención constitucional”). Sin embargo, ese domingo las calles del país amanecieron casi vacías, como ha venido ocurriendo desde que a mediados de marzo comenzarán las medidas de aislamiento social y cuarentenas rotativas y focalizadas con que se enfrenta la pandemia del COVID-19.
El proceso constituyente chileno que se inició a fines del 2019 obedece a una demanda social de décadas. Tras el retorno a la democracia en 1990, el país sudamericano mantuvo vigente la Carta Fundamental impuesta por la dictadura de Pinochet en 1980, consagrando un modelo neoliberal que acentúa la concentración del poder económico y político en unas pocas manos. Derechos sociales mercantilizados hacen que el acceso a previsión, salud, educación, trabajo y otras materias que muchos conciben como derechos fundamentales, dependan de la capacidad de pago. Además, el modelo permite a quienes ofrecen esos servicios lucrar con recursos públicos recaudados a través de un sistema tributario regresivo, que se basa principalmente en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).El plebiscito constitucional fue la forma en que el sistema político respondió a la crisis social y política. Obstaculizarlo usando como excusa la pandemia sería solo una forma de usar una crisis para tratar de tapar otra
Fue sólo tras el abrumador estallido social del 18 de octubre de 2019 que el sistema político logró ofrecer una salida institucional a la demanda por un cambio profundo del modelo social y las instituciones políticas que lo resguardan. El 15 de noviembre, la mayoría de los partidos con representación en el Congreso firmó un acuerdo para permitir la realización del plebiscito y la elección de representantes en una asamblea constituyente democrática, para redactar la nueva Constitución. El proceso acordado se compone de tres hitos electorales: el plebiscito de “entrada”, que debía realizarse en abril, la elección de integrantes de la Convención Constitucional en cualquiera de sus dos modalidades, y un plebiscito “de salida” para ratificar la Carta Fundamental emanada tras un año de trabajos de la Convención.
Todo este cronograma electoral fue postergado como precaución frente a la pandemia. Así, el plebiscito de abril se trasladó al 25 de octubre de 2020, la elección de integrantes de la convención (en caso de que gane la opción “Apruebo” en octubre) se postergó para el 11 de abril de 2021 y el plebiscito ratificatorio podría ser, según el tiempo que se tome la Convención, probablemente en agosto de 2022.
El proceso constituyente chileno no sólo materializa un anhelo de deshacerse del legado autoritario de Pinochet plasmado en su Constitución, sino también una demanda por democratizar un sistema político que se ha mostrado tremendamente concentrado y excluyente. Es por eso que el Congreso aprobó importantes correcciones al sistema de elección de la Convención Constitucional, que imita el sistema electoral vigente para la Cámara de Diputados. De esa forma, se ofrecerán algunas ventajas a las candidaturas independientes, que en el sistema tradicional tienen escasa posibilidad de derrotar a los partidos políticos. En un hecho histórico, el Congreso aprobó una fórmula de integración paritaria de hombres y mujeres a la Convención Constitucional. Y se encuentra aún en proceso de negociación la inclusión de escaños reservados para pueblos indígenas en la Convención.
En días recientes, el Presidente de la República Sebastián Piñera y otros personeros de la derecha han cuestionado la factibilidad de realizar el plebiscito de octubre debido a la crisis sanitaria y a la crisis económica que se avecina como producto de la pandemia. Estos cuestionamientos se contradicen con varios llamados a la normalidad, el regreso a clases y la reapertura de centros comerciales que ha formulado el propio gobierno en su afán por reactivar la economía.
Es evidente que argumentar en contra de la realización del plebiscito sobre la base de razones económicas es simplemente un non sequitur. La voluntad de seguir los procesos democráticos no puede depender del estado de la economía. Para entender la lógica del cuestionamiento es necesario verlo como una expresión más del argumento fundamental de la derecha en favor del modelo social y político actual: que ha dado estabilidad política y crecimiento económico al país. Durante décadas se ha escuchado ese tipo de argumento como excusa para la dictadura. La misma lógica de esa justificación retrospectiva es aplicada al presente para defender el statu quo: apartarse del modelo heredado pondría en peligro esos logros. Así, por ejemplo, durante el intento de proceso constituyente impulsado por el gobierno de Michelle Bachelet, la derecha criticó la iniciativa sobre la base de los posibles efectos de este en el crecimiento económico, así como por los supuestos efectos en el PIB que tendría una constitución que garantizara demasiados derechos. Y más recientemente, desde el acuerdo político del 15 de noviembre uno de los principales argumentos a favor de la opción “Rechazo” es que el proceso constituyente pondría al país en una situación de incertidumbre por alrededor de dos años, con consecuencias económicas negativas.
Invocar argumentos economicistas para aquietar demandas sociales de cambio al sistema social y político, entonces, no es novedoso en la política chilena, pero es especialmente arriesgado en este momento, porque una de las principales causas del malestar social tras el estallido de octubre puede encontrarse en la subordinación del poder político democrático al poder económico del mercado. Las demandas sociales que se expresaron en ese momento no han sido satisfechas, y es seguro que reaparecerán apenas las circunstancias sanitarias lo permitan.
Además, el impacto de la pandemia en Chile ha dirigido la atención pública a la falta de herramientas estatales adecuadas para enfrentar la crisis sanitaria, como una regulación que permita enfrentar la inflación abusiva del precio de insumos sanitarios, y en general la escasa capacidad del Estado para regular y controlar las acciones de instituciones privadas como bancos o empresas de servicios básicos, incluso en situaciones como la actual crisis. Sin embargo, la forma en que la pandemia dejará su huella más visible será probablemente dejando en evidencia de manera dramática la falta de sistemas de protección que garanticen mínimos de bienestar a la población, y los desiguales efectos que las medidas que se han tomado para enfrentar la crisis sanitaria y la inminente crisis económica han tenido, y seguirán teniendo, en la población.
El plebiscito constitucional fue la forma en que el sistema político respondió a la crisis social y política. Obstaculizarlo usando como excusa la pandemia sería solo una forma de usar una crisis para tratar de tapar otra.
Columna escrita por Claudia Heiss y Ernesto Riffo
Claudia Heiss (@claudiaheiss) y Ernesto Riffo (@eriffoe) son parte del Observatorio del Proceso Constituyente de Fundación RED.
Esta columna fue publicada anteriormente en francés por la Fondation Jean-Jaurès: «Chili : processus constituant en temps de pandémie».
Comentarios