Si queremos ser reconocidos por la OCDE, es fortalecer las atribuciones de la Contraloría con nuevas herramientas coercitivas y que sus resoluciones siempre tengan imperio
El 21 de octubre de 2018 en el diario El Mercurio un personaje llamado Daniel Mansuy, que es conocido en las grandes ligas de la cota mil de Santiago como un intelectual conservador que imparte clases en la Universidad del Desarrollo, publicó una columna titulada “La derrota del Contralor”, en donde arremete con inusitada dureza en contra del titular de la Contraloría General de la República porque una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago le dio la razón a la ex subcontralora Dorothy Pérez, con motivo de la controversia de conocimiento público que mantienen ambos, ya que el primero le pidió a la segunda la renuncia a su cargo.
Entre otras sandeces el agresor dijo “………hace meses que el contralor viene dando señales extrañas, al dejar permear sus decisiones por una actitud poco compatible con su función y responsabilidades”(sic). Asimismo, por haber resuelto el contralor materias relacionadas con la objeción de conciencia en el ámbito del Ministerio de Salud, livianamente lo trató de activista y lo que más enfureció al opinante mercurial fue que Bermúdez expresara que seguirá trabajando para que nuestro país sea un poco menos corrupto, lo que todos debemos celebrar atendido el hecho de que la lacra de la corrupción está en todas partes del aparato del Estado y dentro de la actividad privada mercantil y hasta en las iglesias de distintas denominaciones. Es decir, el hombre se molestó porque su presa de turno dijera la verdad
Mansuy dispara en contra del agredido manifestando que éste podría darse la molestia de explicar en qué hechos funda su juicio sobre la corrupción y si se declara desconocedor de ella, lo invitamos a que lea con detenimiento la página web de la Contraloría. Quien publica esta columna de opinión, al contrario de él y de quienes disfrutan del poder político y económico, conoce muy bien y denuncia razonadamente, a cara descubierta, cómo la élite hace las trampas en Chile para vulnerar las disposiciones legales, las que en gran medida quedan impunes por motivos de fácil entendimiento.
Ahora bien, la Ley Nº 10.336, Orgánica Constitucional de la Contraloría, tiene 2 artículos contrapuestos respecto de las atribuciones que tiene el contralor general. El artículo 3º dice que todos sus funcionarios son de exclusiva confianza del contralor, quien podrá nombrarlos, promoverlos y removerlos con entera independencia de toda otra autoridad. En sentido contrario, el artículo 4º dice que el Contralor General y el subcontralor gozarán de las prerrogativas e inamovilidad que las leyes señalan para los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia y por ello el caso deberá ser resuelto más adelante por la Corte Suprema de Justicia.
No podemos perder de vista la razón de fondo que tuvo Bermúdez para solicitarle la renuncia a Pérez, lo que omite el detractor Mansuy. En efecto, todo se relaciona con el millonario desfalco en Carabineros de Chile, cometido por sus propios oficiales de distintos rangos, hurto que está investigando desde mediados del año 2017 el fiscal regional de Punta Arenas, Eugenio Campos quien, entre otros tantos, llamó a declarar como testigo a la subcontralora Dorothy Pérez.
Pero la complicación para muchos viene desde el año 2010, con una fallida investigación (sumario administrativo) para detectar numerosos sobresueldos ilícitos y malversaciones de caudales públicos en Carabineros, resuelta por la Contraloría, pero curiosamente anulada por alguien del ente fiscalizador en junio de ese año, en que la subcontralora era Patricia Arriagada. Lo anterior se relaciona con una reunión solicitada por el general director de Carabineros, Eduardo Gordon, al contralor de entonces Ramiro Mendoza. Hasta la fecha no se sabe quién de la Contraloría adoptó la decisión de anular tal trascendental pesquisa y suponemos que el fiscal Campos determinará finalmente quien fue el funcionario de la Contraloría que fue tan buena persona con los pillos que se desenvolvían en la otrora respetable institución de Carabineros de Chile.
La Corte Suprema emitirá una sentencia solo por el hecho puntual si el Contralor General tenía atribuciones para pedirle la renuncia a la subcontralora, sin pronunciarse, en lo más mínimo, por lo sucedido en el año 2010, ya que este luctuoso episodio de corrupción institucional corre por cuenta del fiscal Campos. Si el fallo favorece a Bermúdez, la ex subcontralora tendrá que ejercer su profesión de competente abogada en otros servicios públicos o en la empresa privada y si el fallo le encuentra la razón a Dorothy Pérez, ella deberá reincorporarse a la Contraloría asumiendo el mismo cargo. En este escenario, Bermúdez continuará como Contralor General, esperando que ambos limen asperezas para fortalecer el importante rol que ejerce en el país, más todavía si es urgente modificar su ley orgánica.
En resumen, conocedores de la probidad y transparencia a toda prueba de Bermúdez y sobre todo porque no se amilana con los poderosos cuando debe firmar dictámenes, la fundación Defendamos la Ciudad, entidad de la sociedad civil que brega con entusiasmo y dedicación para que se respeten los marcos jurídicos en los distintos mercados, declara que lo óptimo para el país, si queremos ser reconocidos por la OCDE, es fortalecer las atribuciones de la Contraloría con nuevas herramientas coercitivas y que sus resoluciones siempre tengan imperio, lo que lamentablemente no sucede en la actualidad en los servicios públicos díscolos, como por ejemplo en el Minvu y en unas cuantas municipalidades.
También sería necesario que Mansuy dijera en cuantas ocasiones ha denunciando formalmente actos de corrupción. Si no se ha «mojado el potito», mejor sería que continúe con sus retóricas intelectuales y deje de atacar sin razón alguna a quienes sí desean erradicar esa lacra en nuestro país, lo que indudablemente incomoda a aquellos empresarios que, con ardides, les gusta sacar ventajas en los mercados.
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