Tan lejos, tan cerca: lejos de la ciudadanía, cerca del poder

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El ojo del Ejecutivo y su equipo de gobierno ha estado puesto en la protección y desarrollo de los bienes e intereses privados, más que en los bienes públicos e intereses colectivos, en los individuos más que en las comunidades, en la competencia más que en las solidaridades, en el mercado más que en el Estado, en los grupos de poder más que en la ciudadanía.

Las positivas cifras de actividad económica y empleo con que se cerrará el año no fueron argumentos suficientemente convincentes para que la opinión pública y el electorado revirtieran su mala evaluación del gobierno y de los partidos de la Alianza. La elección municipal recién pasada mostró, una vez más, que es la política y no la economía la que determina las opciones ciudadanas en el ruedo democrático. Igualmente, estableció con claridad que la desfavorable apreciación de la labor gubernamental condujo al distanciamiento y retracción de las potenciales fuerzas de apoyo a los partidos oficialistas.

Desde las filas gubernamentales se le ha criticado al Ejecutivo la falta de un relato que organice y comunique en forma adecuada sus logros, así como la falta de afecto y empatía con los sentimientos ciudadanos, supuestas causas de este fracaso. Sin embargo, ambas explicaciones contienen fallas de fondo.

En relación al relato, la estrategia que en la práctica ha intentado e implementado la administración Piñera no es comunicable, de hecho es inenarrable. La expansión de la renta y lucro privado como orientación estratégica no es traducible como discurso público convocante. Y la falta de afecto no depende, como se ha querido establecer, de las características personales del Presidente, sino de la relación que este, en cuanto representante del Poder Ejecutivo y al mismo tiempo del mundo empresarial, ha establecido con las instituciones democráticas. Las explicaciones deben, entonces, encontrarse detrás de tales razones.

Nos parece que la causa más profunda de la desafección ciudadana con la administración Piñera ha sido una práctica política reñida con el imaginario republicano democrático que aún subsiste en el país.

Por una parte, la política de la anti-política le ha cobrado un alto precio a su gobierno. El intento de sustituir la negociación y articulación de intereses por la autoridad inapelable del argumento economicista y tecnocrático, le ha impedido anticipar y resolver de buena forma los principales conflictos que aquejan a la sociedad chilena. Adicionalmente, ha existido una conducta, deliberada o no, de deterioro de las instituciones republicanas y democráticas. Los ataques al Poder Judicial, la desconsideración del rol del Congreso, la elusión de los dictámenes del Consejo para la Transparencia, la ineficiencia en el manejo de temas ciudadanos como el transporte metropolitano y el nuevo sistema de votaciones, la mañosa forma de medir la pobreza, los beneficios tributarios para la educación privada, han mostrado que el ojo del Ejecutivo y su equipo de gobierno ha estado puesto en la protección y desarrollo de los bienes e intereses privados, más que en los bienes públicos e intereses colectivos, en los individuos más que en las comunidades, en la competencia más que en las solidaridades, en el mercado más que en el Estado, en los grupos de poder más que en la ciudadanía.

Estas orientaciones y hábitos conductuales chocan con una cultura política profundamente enraizada en e país, que ve con disgusto la patrimonialización cultural y fáctica del Estado. Patrimonialización cultural en la medida que los ritos y liturgias republicanas han sido banalizados, en la práctica, asimilando al Ejecutivo a una presidencia o gerencia general de una corporación privada. Esta forma de relacionamiento con las instituciones democráticas también se ha manifiestado en la peregrina idea de que alcaldes y alcaldesas “gobiernan” una determinada población del país, más que ser sus representantes a los cuales ellos se deben. Y patrimonialización de hecho cuando, a través de políticas públicas, se intentan conceder derechos de pesca privados heredables a un pequeño grupo de familias o se firman contratos de explotación de recursos naturales no renovables como, por ejemplo, el litio, a plazos y condiciones que expropian la renta nacional en beneficio del lucro privado.

Las políticas públicas de la actual administración se enmarcan en este contexto, el que les da al conjunto y a cada una de ellas una coherencia significativa que puede hacer más entendible a la ciudadanía el difícil periodo por el cual pasa la vida pública del país, así como evaluar, por defecto, las vías que se le están presentando como soluciones de futuro.

* Pamela Díaz-Romero y Augusto Varas, Editores “Barómetro de Política y Equidad”

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Foto: Presidencia.cl