En medio de la vorágine de ideas que copan la agenda pública en materia indígena, surge nuevamente el tema de la relación entre la gran empresa forestal y las comunidades mapuche. Desde el mundo político y empresarial (que también es político) se hacen guiños por la prensa personajes que teniendo siempre la oportunidad de generar debate y respuestas concretas continúan ensuciando la palabra diálogo, abusando de la buena fe de las comunidades mapuche y menospreciando la institucionalidad, lo cual como señal política solo induce a las añejas formas de colonialismo lo cual se supone ha sido superado.
El año 2018, por ejemplo, se desarrolló en Villarrica una reunión denominada Encuentro 3xi, a la cual asistieron grandes empresarios y algunos dirigentes mapuches que en su momento demandaron al Estado ante la CIDH, en un caso en donde surgió una polémica que nunca estuvo del todo aclarada. Este encuentro que tenía como objeto centrar el diálogo en conceptos como «inspiración», «inclusión» e «innovación» fue difundido ampliamente por la prensa colonial, y mientras los participantes se hacían cariño bajo la mesa, se preparaba una modificación de la ley 19.253 – ley indígena – que tenía como objetivo lograr la desprotección de las tierras indígenas.
Es por eso que en momentos en que el gobierno está ausente en territorio mapuche, no sorprende que desde el mundo empresarial se muestren disponibles a un diálogo en el cual solo ellos hablan y desde una postura de la negación del interlocutor y en donde se refieren a la reclamación ancestral como “falsa causa mapuche”.Es válido constatar y recordarles a algunos voceros y dueños de las grandes empresas que, el diálogo acordado en la política forestal, especifica aplicar lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT, razón por la cual ya no es tolerable el discurso vacío de contenido
Evidentemente que desde esa conceptualización, anclada a la estructura mental de quienes han usurpado nuestras tierras, no es posible el diálogo. Como tampoco lo es con personajes en la cual el tema no es más que un titular de prensa.
En términos concretos, independiente de todos los discursos que se leen cada cierto tiempo, no resulta comprensible que la institucionalidad habiéndose dotado de una Política Forestal 2015-2035, aprobada por la Contraloría General de la República, sea incapaz de implementarla. En dicho documento se señalan claramente los desafíos, visiones, principios y metas que deben cumplirse y que son el soporte básico de un diálogo serio.
Al respecto, en los desafíos de este documento se señala que se debe “Establecer en el sector forestal una relación basada en el diálogo de buena fe con las comunidades de los pueblos indígenas, a partir del uso de mecanismos institucionales, con el fin de lograr acuerdos que permitan generar un desarrollo acorde a los estándares reconocidos en los tratados internacionales vigentes en el país.”, además de explicitar que el sector forestal se debe desarrollar “con estándares coherentes con los derechos que derivan de la pluriculturalidad del país y que, en el caso de los pueblos indígenas, considera la consulta y participación, basados en el principio del consentimiento libre, previo e informado, y con los criterios pertinentes al territorio.”
En relación a las metas propuestas y que se relacionan con comunidades mapuche se acordó que en el año 2020 “El 50% de los actores sectoriales demuestran dominio y capacidades suficientes para aplicar lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT.”
Respecto de lo anterior, es válido constatar y recordarles a algunos voceros y dueños de las grandes empresas, que el diálogo acordado en la política forestal especifica aplicar lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT, razón por la cual ya no es tolerable el discurso vacío de contenido. Y en este caso particular el diálogo de buena fe no puede ni debe partir desde cero, sino desde un estándar mínimo que se deriva directamente de las normas y del derecho reconocido a nuestro pueblo mapuche.
Ahora bien, y hablando desde el espacio institucional que me corresponde opinar en estos momentos, debo informar que desde los representantes indígenas electos en CONADI, se creó una comisión de Política Forestal que ha logrado que desde la institucionalidad se asuma en algo la responsabilidad de responder a estos acuerdos nacionales, sin embargo, el freno para el avance es la misma administración de CONADI, la cual definitivamente ha estado ausente del debate.
No obstante lo anterior, si las partes en cuestión deben dialogar se deben contemplar algunos criterios mínimos y temas que son trascendentales:
1.- Buena fe de las partes, para un diálogo genuino.
2.- Devolución de tierras a partir de la demanda de las comunidades mapuche y en coherencia con el convenio 169 de la OIT, las recomendaciones de Relatores de Naciones Unidas y la planificación territorial surgida desde espacios o mecanismos que las partes acuerden.
3.- Elaboración de un Nuevo Modelo del sector forestal.
4.- Tributación especial de las Empresas Forestales para un Fondo de desarrollo integral de las comunidades mapuche interesadas, en concordancia con los derechos reconocidos en tratados internacionales.
5.- Modificación de leyes sectoriales en función de lo establecido como estándar mínimo en el Convenio 169 de la OIT.
6.- Un punto fundamental que el gobierno y el Congreso Nacional debe asumir con urgencia es hacer efectivo el derecho al agua como derecho humano sin limitar el acceso a recursos para el riego y el consumo humano.
En relación a los plazos u otras materias vinculadas deberán ser propias y complementadas con la participación de quienes estén interesados en estas materias a partir del desarrollo de algún proceso de diálogo.
Los diagnósticos se los dejo a los expertos.
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