En la gestión de la megacrisis social el huésped de La Moneda ha dado sólo manotazos en el aire acumulando errores, cada uno peor que el anterior; un auténtico catálogo de lo que no se debe hacer ni decir en una crisis de esta envergadura, cosechando un efecto desestabilizador peor que el propio estallido social.
En un marco de repudio ciudadano masivo y sin ya apenas margen de maniobra política, usar el monopolio de la violencia del Estado democrático sólo para reprimir sin las proporciones que le otorga la legalidad vigente, sólo ha perfilado un perfecto desgobierno.
Con criminalizar al movimiento ciudadano, excluir el diálogo social y apostar sólo por una represión que cruza todas las líneas rojas, el huésped de La Moneda ha cavado su propia tumba: vaciándose de credibilidad y legitimidad se ha reconvertido en un auténtico cadáver político.Las violaciones a los DD.HH. en democracia es normalizar la ilegalidad politizándola; es la fórmula política más sucia escondida en la institucionalidad democrática para desentenderse de las responsabilidades y establecer así una impunidad devastadora.
En rigor, ha generado un desastre histórico por la cadena de violaciones a los DD.HH., las peores desde la dictadura, que exigen tanto total esclarecimiento, justicia y reparación a las víctimas, como que los responsables se hagan cargo de esta devastación de impunidad si no queremos definitivamente perder el rumbo.
La ceguera del poder represor del cadáver político de La Moneda, literalmente, ha cegado la visión a 360 personas, dos de ambos ojos; 33 muertos ―5 por agentes del Estado y 2 bajo custodia―; más de 3.500 heridos; más de 30.000 detenidos; torturas; violencia sexual… En fin; otro inventario del horror administrado nuevamente por la derecha, pero ahora en democracia.
Las violaciones a los DD.HH. en democracia es normalizar la ilegalidad politizándola; es la fórmula política más sucia escondida en la institucionalidad democrática para desentenderse de las responsabilidades y establecer así una impunidad devastadora.
Hasta aquí, esta Administración ha sido consecuente con su receta ideológica y económica única: la negación a la distribución de la riqueza y del ingreso. Y cuanto más señales entrega en esa dirección, más retroalimenta la pérdida de control de la crisis y otorga renovados alientos a un estallido social aún más violento que harían saltar por los aires los equilibrios institucionales y crearían traumas sociales irreversibles.
Nuestra Primera Dama, en un WhatsApp de voz filtrado a la prensa, dice aterrorizada y con rebosante cinismo: “(…) vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir(los) con los demás”. Paradojalmente y sin proponérselo, dijo la frase de 2019, la única del desgobierno que apunta a lo que deben hacer.
No hacerlo es a lo que nos lleva la UDI, apóstoles del ultraneoliberalismo: a un “Chilezuela” o a un Bolsonaro (“la esperanza de Brasil”, según el cadáver).
El Estado chileno tiene sólo un 20,2% del PIB; el promedio en la OCDE es 34%. Se requiere voluntad política transversal para un contrato social donde una reforma tributaria otorgue al Estado la capacidad financiera que garantice los derechos sociales básicos: salud, educación, pensiones y vivienda universales y de calidad. Ésta es la única solución de la crisis. La otra, es el endeudamiento del Estado.
Mientras, en la más completa soledad, pisando los escombros de su coalición, este presidente de la megalomanía nacional (su trofeo más preciado fue siempre la Moneda) que, como primer responsable político del país es el responsable de la violación de los DD.HH., no hará los cambios que exige una crisis social de estas dimensiones por razones obvias, y tragicómicas: no se entera que ha terminado en cadáver político.
Pero podría dejar de serlo si resucita con un vuelco político antinatura que le exige un cambio de piel completo al él y a su coalición: abrir su billetera y las de su élite, ese 1,11% macrobimillonario que se lleva un 57,07% de las ganancias totales del país, mientras el 98,89% se reparte el 42,93%.
Mas, me temo, que ya se decidieron por la “realidad alternativa” de Trump y Bolsonaro; la fórmula ultraderechista represiva y regresiva, la de la polarización política y el discurso del odio que está en Chile esperando tomar el poder a la vuelta de la esquina (UDI + JAK y + medio RN). La defensa del Ejército a “Mamo” Contreras, condenado por crímenes de lesa humanidad, homologándolo con J.M. Carrera, y el silencio de la Moneda a esta excreción, augura un horizonte tenebroso.
La “realidad alternativa”, vale decir, la mentira política normalizada, es la última fase del capitalismo neoliberal para poder continuar gestionando la acumulación de poder y riqueza sin precedentes del 1,11% macrobimillonario en detrimento del 98,89% de la ciudadanía.
Ese 1,11% ha vaciado de poder económico al Estado democrático convirtiéndolo en un ente corporativista a su servicio, despojándolo de su esencialidad: el bien común del 98,89% de la ciudadanía.
Esta elite dueña del mercado omnipresente y omnipotente está dividida entre los que quieren continuar con el sistema democrático con un aceptable reparto de la riqueza y, los negacionista del cambio climático, los decididos a sacrificar la democracia por el autoritarismo con un solo afán: no disminuir sus privilegios ni compartirlos con los demás.
Si triunfa esta última, Chile volvería a perder el norte.
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