Es un clásico tema de cualquier campaña electoral y programa de gobierno de alguna candidatura (local, regional, nacional, congresal), referirse a seguridad pública. No hacerlo, es faltar al ABC del diseño de política pública, o de cualquier plan de marketing político. En este sentido, el programa de gobierno de Apruebo Dignidad, no lo eludió, muy por el contrario, se observa ambicioso en sus definiciones, sin perjuicio de la minucia técnica en la que siempre puede encontrársele inconsistencia a una propuesta.
La sedimentación de malestar en la ‘población situada’ en sus lugares de residencias, recorridos laborales o de ocio es de tal magnitud, que raya en la intolerancia de la misma, vía contratación de vigilancia privada, cierres perimetrales de sus viviendas bajo siete candados, cierres de pasajes que no tienen salida a otra calle (aunque tengan también salida, se implementan de igual forma los cierres, de hecho, ya existe una ley de la república sobre el tema[i]), botones de pánico comunitarios, cámaras de vigilancia, drones y un largo etcétera, incluyendo incluso el ajusticiamiento personal-colectivo sobre quien delinque (linchamientos ciudadanos). A todo ello, hay que agregar toda una institucionalidad que se viene adecuando al fenómeno de la seguridad pública-ciudadana que va desde el ministerio del interior y seguridad pública con su subsecretaría asociada (prevención del delito), hasta los consejos comunales de seguridad pública, donde se integran los distintos actores de escala local, provincial y hasta regional cuando lo amerita (alcaldes, concejales, policía de investigaciones, carabineros de Chile, concejales, delegada presidencial provincial, vecinos, entre otros).
Lo antes dicho, como punto de llegada de un largo tránsito que se inauguró casi inmediatamente con la recuperación de la democracia, cuando los índices de delincuencia en sus diferenciadas nomenclaturas e instrumentos de medición como son las diversas encuestas sobre la materia (alta connotación pública, violencia, robos, etc.) comenzaron a ser importantes y urgentes de abordar, ya que, además, se hizo ineludible su tratamiento desde el sistema político, teniendo, por otra parte, un contexto global – internacional, donde el tema de seguridad pública se toma las agendas de desarrollo de gobiernos y sistema político en general. Es un tránsito de luces y sombras, que, si se coloca en una clave de balance muy básico, estaría más lleno de sombras, dada los altos grados de inseguridad, promovido, en parte, por el delito factual, repetido por cadena nacional día con día por la TV abierta (imposible no hacerlo).La sedimentación de malestar en la ‘población situada’ en sus lugares de residencias, recorridos laborales o de ocio es de tal magnitud, que raya en la intolerancia de la misma
Además, si se hace un aterrizaje de tipo territorial (idea muy presente, hoy por hoy para cualquier debate y, es bueno, si es que se diseña la política pública desde la idea de Espacio Geográfico, genuinamente), saltan a la vista las desigualdades espaciales en el tratamiento del delito, las que se evidencian desde la pobre dotación de carabineros en los sectores populares, replicado también en las regiones del país (sumándose el desprestigio respecto de los escándalos de corrupción diversos y desinteligencias intolerables como fue el plan Huracán, de hace algunos años) v/s los sectores pudientes de la Región Metropolitana y el resto de las regiones. Pero también en los recursos que se destinan para otro tipo de inversiones públicas tendientes a mejorar espacios públicos (plazas verdes bien acondicionadas en las comunas con mayores ingresos v/s plazas cafés con escaso equipamiento, pareciendo verdaderas bocas de lobo para vecinas y vecinos). Así, un largo otro etcétera, que, además, coronan la idea de inequidades territoriales.
Históricamente, se ha indicado que las fuerzas de izquierdas tuvieron, tienen y, muy probablemente, podrían tener complejos para la intervención de estas situaciones. Sin embargo, pareciera ser que no hay margen para el pudor respecto de estas materias, ya que la situación de inseguridad y el hecho ‘factual’ del delito, existen. Se precisa, como indica la literatura especializada de enfoques de democracia profunda (territorial, genuinamente) para impedir la vulneración de derechos, ante la intervención que sí o sí, deberá realizar el nuevo gobierno de izquierdas según consigna el programa del gobierno ganador, el cual propone la creación del
“Ministerio de Seguridad, Protección Civil y Convivencia Ciudadana, el que permitirá concentrar la organización y gestión del sistema de seguridad, y consolidar la gobernanza de la seguridad pública descentralizando funciones y misiones que apoyen a gobiernos regionales y municipales para que tengan roles más sustantivos, el cual, deberá articularse en su gestión, por medio de los siguientes ejes ordenadores: a.- Gobernanza y prevención del delito; b.- Reforma estructural de carabineros; c.- Nuevo sistema de control de armas y municiones; d.- acción efectiva en barrios prioritarios; e.- Tolerancia cero a delitos financieros: construcción de una ruta de seguimiento; f.- prevención de la delincuencia juvenil; g.- fortalecimiento de la persecución penal; h.- preocupación por el sistema penitenciario; i.- protección y acompañamiento de las víctimas de delito[ii]
Este programa (operacionalización de problemas) securitario, se inserta en un marco complejo, pero no sólo por motivos propios al sistema político actual, refiriéndose a lo que implica la inserción de un programa vía leyes, entendiendo que el congreso está dividido/fragmentado, notoriamente y, que para efecto de no contar con mayoría en el mismo, el acuerdo/negociación sería más dificultoso, ya que se está todo el tiempo expuesto al desafío de la interpretación, necesitando altos grados de convencimiento, coherencia técnica y capacidad de movilización; sino que su dificultad reside —más probable que la anterior— en llevar a cabo un programa que tiene mayores rangos de transformación en términos comparativos a sus pares, el cual requiere concertar y viabilizar dentro de una mayor cantidad de intereses y escenarios de conflictos. Esto se traduce claramente en una arena política compleja per se. En términos concretos, a dicha complejidad, el presidente electo Gabriel Boric se enfrenta a un escenario de conflicto acuciante, y su gran tarea es transformar este escenario conflictivo en un proceso ordenado, para no perder el gran relato del mismo gobierno: hacer transformaciones profundas.
Cada uno de estos ejes (con diversas propuestas, unos y otros), sobre el cual deberá crearse el nuevo Ministerio e implicarse otras dependencias del Estado, son un desafío sustantivo para un gobierno de izquierda, que sin perjuicio de las continuidades técnicas y políticas que puedan estar representadas en el gabinete ampliado (políticamente) del gobierno de Apruebo Dignidad, deberá enfrentar lo clásico que se desarrolla en el cotidiano de la gestión gubernamental, pero también las coyunturas, donde la aplicación de la fuerza legítima, deberá aplicarse sin pudor (qué decir del orden público). Harto trabajo tiene la Ministra y sus subsecretarios (siempre es igual), pero ahora está el morbo de qué hará este gobierno… ¡ya veremos!
Cristopher Ferreira Escobar. Licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Cientista Político. Director de la Fundación Politología, Centro de Estudios.
José Orellana Yáñez. Doctor en Estudios Americanos Instituto IDEA-USACH, Magister en Ciencia Política de la Universidad de Chile, Geógrafo y Licenciado en Geografía por la PUC de Chile. Académico de la Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Academia Humanismo Cristiano
[i] Ver en https://www.gob.cl/noticias/presidente-pinera-promulga-ley-de-cierre-de-pasajes-y-calles-para-aumentar-seguridad-en-barrios-seguiremos-haciendo-todo-lo-que-esta-a-nuestro-alcance-para-que-la-delincuencia-retroceda-y-la-paz-avance/
[ii] Ver en programa de gobierno de apruebo dignidad, https://boricpresidente.cl/propuestas/seguridad/ .
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