Seguridad de ingresos para trabajadores y pensionados

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El Programa de Gobierno de la doctora Bachelet plantea que según la estadística, la Reforma Previsional de 2008, permite que las tasas de reemplazo –correspondientes al porcentaje de dinero de una pensión, respecto del último sueldo-, logren aumentar de forma sustantiva, “si a la pensión contributiva, se suman los beneficios del sistema de pensiones solidarias”.

“La madre de todas las batallas es el cambio del régimen previsional”, ha expresado el senador Alejandro Navarro Brain, en el contexto del trabajo de la ‘Comisión especial para el estudio de las Reformas al Sistema de Administración de Fondos de Pensiones’, del Senado de la República de Chile, a finales del mes de julio del presente 2013. El diagnóstico sobre este asunto, es compartido por amplios sectores de la ciudadanía, y ha sido recogido por el ‘Programa de Gobierno’ de la doctora Michelle Bachelet Jeria, y se presenta de modo que “existe un importante descontento respecto de la calidad de las pensiones” y “la credibilidad del sistema de capitalización individual se ve aminorado por la existencia de ganancias extra-normales de las AFPs”.

Teniendo en vista los cambios radicales, tendientes a desarrollar un sistema de protección social, más justo e igualitario, el Senado está recomendando al actual o al próximo gobierno, implementar una reforma previsional de gran importancia, en favor de los trabajadores y pensionados de nuestro país.

En este proceso, la ‘Propuesta Navarro’, se ha distinguido por recalcar la necesidad de un sistema previsional, eminentemente público, con carácter universal, permanente, suficiente, solidario y sin lucro. Este sistema estaría compuesto, primero, por un Pilar Contributivo Obligatorio Solidario, -en el que se administraría un Fondo Solidario Previsional-, y segundo, un Pilar Voluntario de Capitalización Individual. La metodología de este modelo, sería la del ‘reparto’ –esto puede entenderse, por un lado, desde las generaciones económicamente activas, hacia las pasivas, y por otro, al interior de las generaciones de pensionados y en edad de pensionarse. Estas transformaciones políticas y sociales, estarían siendo financiadas por una ‘Reforma Tributaria’, incorporarían un aporte tripartito (trabajadores, empleadores y el Estado), y contemplarían una rebaja en la edad para pensionarse a los 60 años para mujeres y hombres –con especial atención a las y los trabajadores, que realizan trabajos pesados. La mencionada propuesta ha tenido por fuentes las exposiciones que han hecho en la Comisión, profesionales de la Universidad de Talca y la ONG CENDA, además de, representantes de la CUT y la ANEF.

De este modo, la propuesta de Navarro (MAS), consiste en indicaciones a la propuesta del Presidente de la ‘Comisión de Pensiones’, Senador Eugenio Tuma Zedán (PPD), a la que complementa también la propuesta del Senador Pedro Muñoz Aburto (PS), considerando también, la propuesta del Senador José García Ruminot (RN).

Las principales conclusiones aprobadas por la comisión, hasta el 7 de agosto de 2013, son apuntadas a continuación:

a) Dotar a Chile de un sistema de pensiones universal, solidario y público, que consagre el derecho de los trabajadores a desafiliarse de las actuales administradoras, elegir el sistema de administración que desean para sus fondos de pensiones, poner término a la cotización forzosa en las AFP y establecer un sistema de administración, sin fines del lucro, con la creación de un fondo solidario además del ahorro previsional individual.

b) Restablecer en Chile el principio de la Seguridad Social como un derecho según los estándares internacionales de la OIT.

c) Incorporar el aporte de los empleadores a la cotización previsional y aumentar gradualmente el aporte de la cotización, logrando así una contribución tripartita al sistema de pensiones, con la participación del trabajador, del empleador y del Estado.

d) Estimular los planes de ahorro previsional individuales y colectivos, establecidos en nuestra legislación. Respecto de estos planes, crear incentivos, tales como la posibilidad de retiro de estos fondos en situaciones de enfermedad, educación y primera vivienda.

e) Tener las comisiones relación con los resultados. Ajustar el monto de las comisiones a la remuneración imponible.

f) Considerar, en la estructura de los aportes que no sean de cargo del trabajador, un factor regional para equilibrar las distorsiones que se presentan en el rendimiento de las pensiones a lo largo del país.

g) Revisar y modificar el sistema de pensiones de vejez por desempeño de trabajos pesados, respecto de las labores y procedimientos para calificar dicha condición, de los montos de las cotizaciones que se deben enterar, incorporando al estado, como tercer aportante y en lo que concierne a la rebaja de la edad legal para jubilarse atendido el nivel de desgaste y envejecimiento prematuro de los trabajadores.

h) Disminuir los riesgos de los Fondos de Pensiones revisando las reglas de elección entre multifondos, según edad y distinguiendo entre ahorro obligatorio y voluntario.

La ‘Recomendación sobre los Pisos de Protección Social’ de la de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de Gobierno de la doctora Bachelet, realizan proposiciones dentro de la problemática que abordan los países parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el Plan Internacional sobre Envejecimiento de Madrid 2002, el que contempla como uno de sus ejes articuladores, que las personas de mayor edad tengan la posibilidad de “participar en el desarrollo económico de sus comunidades y beneficiarse de él”.

La mencionada recomendación de la OIT, tiene como pisos nacionales de protección social, al menos dos garantías básicas, referidas a la adultez mayor: una, que es el acceso a una atención de salud esencial, y otra, que se refiere a la “seguridad básica del ingreso para personas de edad”; por su parte, las garantías han de facilitarse, mediante prestaciones, entre las que se consideran, las prestaciones de vejez. La recomendación a la que se ha aludido, requiere que los países organicen “consultas nacionales de forma periódica para evaluar los progresos realizados”.

El Programa de Gobierno de la doctora Bachelet plantea que según la estadística, la Reforma Previsional de 2008, permite que las tasas de reemplazo –correspondientes al porcentaje de dinero de una pensión, respecto del último sueldo-, logren aumentar de forma sustantiva, “si a la pensión contributiva, se suman los beneficios del sistema de pensiones solidarias”. Decididamente, este programa, indica que dentro de los 100 primeros días de gobierno, se habrá de realizar un estudio de expertos nacionales e internacionales, que proponga soluciones a las problemáticas de la desigualdad en el sistema de pensiones. No obstante, hay dos caminos en los que hay claridad: fortalecer el Sistema de Pensiones Solidarias y crear una AFP estatal, respecto del Sistema de Capitalización Individual. Es menester hacerse cargo, de esta convocatoria que realiza desde ya la candidata, a estudiar las reformas al sistema de Pensiones y, desde luego, las ciencias sociales pueden aportar a esta situación, en un plano metodológico, desde diferentes aristas; otorgando igualdad de validez, a las técnicas cualitativas y cuantitativas, además de dar nuevos bríos en el encuentro de estas soluciones, desde una perspectiva dialéctica, a las metodologías participativas -entre las que se halla la Investigación Acción Participante y los Programas de Acción Integral (IAP/PAI)-. Una Reforma Tributaria del 3% del PIB, puede financiar este proceso participativo de discusión en asambleas locales y regionales, como antesala a uno de mayor escala, como es una Asamblea Nacional Constituyente, que permita refundar el proyecto de bienestar, en su sistema de previsión social, transformando de modo radical, la institucionalidad recogida de la dictadura, a través del DL 3.500, y dando respuesta a las demandas de trabajadores y pensionados de nuestro país.

El Plan Mundial de Madrid 2002, como ya se dijo, tiene uno de sus ejes centrado en torno a la seguridad de ingresos de las personas mayores. Este objetivo planetario comprende, dentro las modernizaciones del Estado y la elaboración de políticas públicas, no sólo la reforma de pensiones; es muy necesario acercarse a otra dimensión del espectro de posibilidades de trabajadores y pensionados, y que se refiere, a la generación y desarrollo de microemprendimientos. La vivencia, desde la sociedad civil, a partir de la acción de Organizaciones No Gubernamentales, sobre este asunto, puede incorporar el proceso de asesorar emprendimientos, en especial de personas de edad mayor y de favorecer la gestión de microcréditos, con condiciones flexibles de devolución. Esta experiencia ha podido desenvolverse, de manera muy positiva en el trabajo cotidiano de muchas corporaciones y fundaciones, entre las que se encuentra, la ONG CEC, en el proyecto que financió la Agencia de Cooperación Internacional Alemana AWO, llamado ‘Programa Integral de Desarrollo de los Adultos Mayores’ situado en El Bosque, Lo Espejo y San Bernardo. En la misma esfera de acción, con financiamiento del Fondo Solidario de Inversión Social (FOSIS) y otros, la mencionada ONG, ha contribuido a las comunidades locales, promoviendo la capacitación y poniendo en los diversos espacios locales, inyecciones de capital semilla para innumerables procesos productivos, de microescala, con un componente asociativo.

La participación social, debe dejar de ser un eslogan y pasar a ser una praxis de cada día, escuchando a toda y todo el que está dispuesto a decir algo. La propuesta es comenzar a dimensionar la gran tarea país, que significa gobernar como pueblo y rescatar, lo mejor de los movimientos sociohistóricos -tendientes a una seguridad social, que implique la observancia de los derechos humanos económicos, sociales y culturales, cuando hablamos de un nuevo sistema de pensiones y de ingresos dignos, para trabajadores y personas de edad mayor-, que apelamos a la reforma, como una construcción que desarrollamos, desde la madurez de nuestra sociedad y de nuestro pueblo.

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