Ya un día es bastante. Y ya son nada menos que casi cuarenta y tres años. Desde el golpe de Estado de 1973. Casi tres generaciones llenas de dogmatismos e intransigencias. Diecisiete años ganados por el de barbarismo y veinticinco años perdidos en un inmovilismo político crónico por los amarres de la dictadura. Son cuarenta y tres años de resistencia en que las relaciones entre trabajadores y empresarios han estado marcadas por una brutal desigualdad en la distribución del poder negociador, en total detrimento de los intereses de los trabajadores. Una vergüenza nacional.
En dictadura se sientan las bases de la antisindicalización institucionalizada, consagrada en el Estatuto de los Trabajadores de 1979, con perlas como: derecho a huelga, pero con reemplazo de los trabajadores en huelga; derecho a una negociación colectiva, pero delimitada dentro de la empresa para atomizar los sindicatos. Dos perlas en plena vigencia. Y desde el minuto cero del golpe de Estado, una represión sistémica y sistemática con asesinatos como el de Tucapel Jiménez en 1982, con cinco disparos en la cabeza y posterior degollamiento, y de tantos sindicalistas anónimos olvidados injustamente en la cuneta de la historia.La neutralización de la falsa dicotomía entre trabajadores versus empresarios que maximaliza el sistema ultraneoliberal chileno, es que lleguen a la mesa de negociación con un poder negociador simétrico, que es el que soluciona los conflictos laborales antes de que se produzca la huelga
En los veinticinco años de democracia, bajo los parámetros institucionales y económicos heredados de la dictadura, poco se puede hacer por el sistema binominal de elecciones que arroja un empate ad infinitum de las fuerzas políticas al otorgar un 50% al candidato que saca 30%, convirtiendo el ejercicio legislativo en una suerte de vetocracia indisoluble a toda reforma estructural.
Sin embargo, este inmovilismo político endémico se resuelve en 2014 al lograr mayoría en las dos Cámaras Nueva Mayoría, la coalición que llevó a su segundo mandato a Michelle Bachelet, haciendo viable la Reforma Laboral (RL) incluida en su Programa de Gobierno.
Después de cuarenta y tres años de resistencia de los trabajadores y vergüenza para Chile, la RL puede equilibrar la relación de poder negociador entre trabajadores y empresarios: derecho a huelga sin reemplazantes; derecho a la negociación colectiva sectorial con titularidad sindical, y extensión sectorial de los beneficios acordados a todos los trabajadores, estén o no sindicalizados. Destaco estas tres reformas por ser cruciales para negociar una política salarial más equitativa de acuerdo al desarrollo económico chileno que es, según este análisis, una de las bases de la desigualdad social, el talón de Aquiles del sistema: los bajos salarios, a pesar de tener trabajo, dejan a los trabajadores en una pobreza relativa.
Si bien es irrefutable que el ultraneoliberalismo chileno (y global) ha creado una riqueza sin precedentes en tan corto periodo, también es incontestable que se ha creado una desigualdad en la distribución de esa riqueza de auténtico vértigo. En Chile esa desigualdad se refleja en los bajos salarios, y que con la RL se puede corregir.
En efecto, todos los estudios de la OCDE indican que la desigualdad salarial en Chile es una de las bases de la iniquidad social endémica (la otra es la educación) y la mayor de los 35 países que la integran. Algunos datos: el 50% de los asalariados gana (líquidos) menos de 305 mil pesos/mes, 7 de cada 10 menos de 450 mil pesos/mes y dos de cada 3 trabajadores de grandes empresas menos de 600 mil pesos/mes; mientras los dueños de empresas y gerentes ganan (brutos) entre 12 millones/mes (empresas con ventas menores a USD 50MM), y 44,500 millones/mes (empresas con ventas mayores a USD 1.000 MM).
El sueldo bruto, con descuentos obligados del 7% en salud y del 10% para las Administradoras de Fondos de Pensiones, cinco sociedades anónimas, dejan un sueldo líquido bordeando la pobreza relativa. En rigor, del sueldo de los asalariados sale parte importante de él hacia los conglomerados económicos privados de la salud y de las pensiones, base reproductora del mercado ultraneoliberal chileno, reteniendo, sólo una parte, en el sueldo líquido, para terminar, convertido ahora en una acumulación gigantesca de capital, en manos de una misma élite privada empresarial-financiera: el 1,1 más rico que se queda con el 57,7% del ingreso total del país, mientras el 98,8% de la población que, obvio, participó en la creación de esa acumulación de capital, recibe sólo el 42,3%.
La RL de la Administración Bachelet, dota a los trabajadores con los derechos laborales esenciales para negociar en forma simétrica mejoras salariales que se correspondan al aporte de ese 98,8% de asalariados-as en la acumulación del capital que, sin ningún género de dudas, es muchísimo más que ese 43,2% que reciben del ingreso total del país. Y también con total seguridad, el elitista 1,1% más rico no será menos rico cediendo parte de esa excesiva acumulación que, si queremos justicia, cohesión y paz social, le pertenece a los trabajadores.
La neutralización de la falsa dicotomía entre trabajadores versus empresarios que maximaliza el sistema ultraneoliberal chileno, es que lleguen a la mesa de negociación con un poder negociador simétrico, que es el que soluciona los conflictos laborales antes de que se produzca la huelga. Así pues, ni los trabajadores ni los empresarios deben tener más ni menos poder negociador, ambos contribuyen al desarrollo del PIB del país en partes iguales y deben tener igualdad de poder negociador en sus relaciones; de otra forma la negociación justa e equilibrada es inviable.
La resistencia de los trabajadores contra la vulneración de sus derechos laborales durante cuarenta y tres años, debe terminar para que termine esta vergüenza para Chile. La plena institucionalización de los derechos laborales, es la única fórmula. Tantos años de resistencia de los trabajadores y de vergüenza nacional, no hay paciencia ni pacifismo que lo resista. Un día más es ya demasiado.
Comentarios