Uno de los grandes desafíos, de cara al proceso constituyente será la reconciliación de la sociedad en su conjunto con un sistema económico el cual logre abarcar posturas y dejar conforme a distintos grupos en al menos los lineamientos básicos. Consciente de que es un tema amplio, creo que es menester que deba ser planteada una hoja de ruta en este tema de una relevancia no menor y que tal vez se ha visto absorbida por muchos otros temas. También cabe destacar que este no es solo del ámbito constitucional, sino que también implica muchos más.
La consolidación de este nuevo pacto no puede traer la tolerancia a los abusos y excesos que se han ido haciendo más latentes en Chile, ya sea por parte de los privados o el Estado, aprovechándose de las ventajas del libre mercado o de su poder discrecional respectivamente.
Los últimos sucesos en Chile del último año han logrado visibilizar que existe un descontento no solo con el sistema político, sino con el sistema económico, más allá de la existencia de buenos resultados macroeconómicos, estos no se han podido reflejar en los niveles de vida de las personas, las cuales han visto incluso empeoradas sus condiciones de vida, sin olvidar muchos otros problemas más como la contaminación, las dificultades que trae el mercado del trabajo, rol de las instituciones públicas y privadas o escándalos de diversa índole que involucran a estas, muchas veces relacionados con la expectativa de generar mayores ingresos ya sea a nivel macroeconómico como para las arcas de algunos pocos. Por esto considero que debe existir una suerte de “pacto económico” entendido como un acuerdo entre toda la sociedad de cómo serán las reglas en materia económica, ya sea para la iniciativa privada que actúa mediante el mercado o para la actividad estatal, mediante su rol en materias como hacienda, servicios sociales, recursos naturales,etc. Lo que en definitiva, se traduciría en un modelo económico y de desarrollo.
Debe partirse por definir los alcances de este “nuevo pacto económico”, preliminarmente debe ser un modelo que busque abarcar puntos compartidos de la mayor cantidad de miradas posibles, no es concebible tener un punto único y excluyente de una única escuela, sea esta la escuela de Chicago, la Austriaca, la Keynesiana o cualquier otra y que se pretenda establecer como una mera imposición de una las otras, como mantra a través de un programa económico cuál fórmula científica.
Implica también discutir el rol del Estado en las materias económicas y la prestación de ciertos servicios, considerando las condiciones nacionales e internacionales, ingresos estatales, necesidades, medios para realizarlo. Discutir este punto requiere de una enorme labor legislativa, la cual estará orientada a un lado o a otro según el rol que se le dé. Vale decir, no es lo mismo pensar en la satisfacción del derecho a la educación si se está en un Estado con rol social, liberal o subsidiario, son miradas diferentes y que aportarán soluciones diferentes. Además, cabe mencionar, que la elección de alguno de estos no implica dejar de lado el crecimiento económico o la iniciativa privada, solamente se buscará delimitar los ámbitos de actuación de cada uno en pos de cubrir ciertas necesidades.
Implica definir el rol del derecho de propiedad en nuestra constitución, no solo si abarcará a las cosas corporales e incorporales como ahora lo hace, sino que también deberá verse el rol que se le dará, si se profundizará el rol social de la propiedad o no, si mencionará o no reglas detalladas que regulan la expropiación o solo establecerá que la ley lo haga.
Un tema no menor involucrado en el mismo artículo que reconoce el derecho de propiedad (Artículo 19 N°24) Es sobre la propiedad de los recursos minerales del país y los derechos de agua, ya que la constitución establece que ambos son de propiedad del Estado, sin embargo, son sujeto a concesiones, debe poder hacerse un balance sobre el estatuto jurídico de ambas y ver qué se ha de mantener, modificar o eliminar.
Con propósito de los recursos, es necesario saber qué se hará con el resto de los recursos naturales y fijar el ámbito de aplicación de la iniciativa económica y como esta se puede ver limitada por la protección al medio ambiente, tema de relevancia en el actualidad. Lo cual se puede desarrollar mediante iniciativas legislativas y medidas ambientales.
Y el tema para finalizar y de cierta forma, relacionado con todo lo anterior es la fijación de las sanciones o penas ante la ruptura de este pacto económico, considerando tanto a la labor pública como a la iniciativa privada, si bien ya existen, es necesario que se considere al igual que en situaciones anteriores, un balance para ver si es necesario revisar y reformar estas.
Fijar las debidas responsabilidades es el corazón del pacto económico, la confianza y libertad de los suscribientes para desarrollar sus iniciativas se ve limitada por las reglas y se refuerza con una sanción eventual que se puede impartir al no respetar el pacto, si personas o grupos de ellas transgreden el pacto y al no recibir sanción (o se les da una sanción irrisoria) generan la sensación de impunidad, iniciará nuevamente la desconfianza ante el modelo económico y todo lo que representa, haciendo insostenible cualquier acuerdo, truncando las relaciones sociales. La consolidación de este nuevo pacto no puede traer la tolerancia a los abusos y excesos que se han ido haciendo más latentes en Chile, ya sea por parte de los privados o el Estado, aprovechándose de las ventajas del libre mercado o de su poder discrecional respectivamente.
Si bien es probable no haber tocado los puntos con la profundidad que se merece, considero que esta columna es de utilidad a modo de introducción a un tema que muy posiblemente será de relevancia para los procesos futuros, tanto para la posible nueva constitución como para la labor política y social posterior.
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