¿Quiénes alteran el orden público y la seguridad interna?

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Queda claro que existe una gran diferencia en el trato que el Estado está dando a las personas: unos son violenta y cruelmente reprimidos por reclamar sólo el respeto a sus derechos, al mismo tiempo que a otros se les permite lucrar abusando de las personas más débiles y depredar el medio ambiente.

A propósito de la ocupación de las líneas del Metro por un grupo de empleados de un call center y las amenazas obvias por parte del Gobierno de las penas del infierno para estos trabajadores, invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado, me dediqué a pensar qué es realmente el “orden público”.Pareciera que es una especie de “reglamento interno” parecido al de los colegios. En él se estipulan todas las obligaciones de los alumnos, que en este caso vendríamos a ser los gobernados que -dicho sea de paso- somos tratados por el gobierno igual como los inspectores tratan a los cabros chicos en los colegios.

Algo como la disciplina que nos obliga a acatar todas las decisiones de la autoridad, desde las más sencillas, como cruzar las calles sólo en las esquinas hasta conducir los vehículos cumpliendo las reglas del tránsito y demás obligaciones ciudadanas que permitan una idílica coexistencia.

¿Es  alteración del orden público el reclamar por nuestros derechos?

“Orden”es colocar las cosas en el lugar que les corresponde. Es la regla o modo que se observa para hacer las cosas.

”Público”,por su parte, se refiere a la potestad, jurisdicción y autoridad para hacer algo, como contrapuesto a “privado”. Es el arte de gobernar, de conducir  a un  pueblo.

El orden público es, entonces, nuestra organización ciudadana en los órdenes político, social y económico, que incluye a todas y cada una de las instituciones que esta Nación se ha dado. Y su responsable es el Presidente de la República, por expresa disposición del artículo 24 inciso 2° de la Constitución al disponer que la autoridad del Presidente se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público.

Alteración del orden público es no sólo una “repudiable acción violentista”, como  un corte de camino, el incendio de propiedades públicas o privadas, o la quema de una micro. También es alteración del orden público el mal funcionamiento de las instituciones de salud, de educación. El abuso de algunas grandes empresas como las del retail, las Isapres o las pesqueras que depredaron el mar, las termogeneradoras que ahogan a nuestro pueblo y tantos otros ejemplos que representan un actuar doloso.

Éste no sólo no es reprimido, sino que abiertamente tolerado y los que lo llevan a cabo son todos respetados empresarios, que tienen abiertas las puertas de La Moneda para ir a quejarse cada vez que algo no les parece. ¿Por qué a ellos no los apalean y ahogan con el zorrillo? Pues está claro que si usted o yo tratamos de hacer lo mismo, sabemos cómo nos va a ir. ¿Por qué no invocó la Ley de Seguridad Interior del Estado el Gobierno en el caso de Freirina contra el empresario causante de la “alteración”?

¿No es acaso alterar el orden público el construir edificios sin respetar las normas y permisos otorgados? ¿No lo es que las personas no puedan llegar a sus trabajos por que la locomoción colectiva es un desastre? ¿Y no se altera el orden público cuando se produce un corte en el suministro eléctrico en casi todo el país por errores de las empresas que la transportan o generan?

Y cuando los empresarios explotan a sus trabajadores hasta que les da puntada, para terminar pagándoles menos de $ 200 mil al mes, ¿no se está alterando gravemente el orden público?

La ley 12.927 sobre Seguridad Interior del Estado en su artículo 11 dispone de manera expresa que “toda interrupción o suspensión de servicios públicos o de utilidad pública, constituye delito”. En ningún caso dice que alguien esté exento.

¿Si el Metro colapsa a la hora punta y se altera gravemente el orden público, corresponde que se invoque la mentada Ley entonces? Claro que sí. Es una cuestión de lógica elemental.

Es la autoridad la responsable de proporcionarnos: la conectividad, la provisión de productos y servicios básicos, lo mismo que salud, educación, vivienda, etcétera, derechos que son garantizados por nuestra Constitución Política.

Estas explosiones de violencia y otras parecidas, de personas comunes y corrientes,se producen por desesperación, porque se sienten  abandonados por el Estado y eso no puede suceder.

Y su legítimo reclamo es reprimido con una violencia que ya creíamos desterrada de Chile.

Queda claro que existe una gran diferencia en el trato que el Estado está dando a las personas: unos son violenta y cruelmente reprimidos por reclamar sólo el respeto a sus derechos, al mismo tiempo que a otros se les permite lucrar abusando de las personas más débiles y depredar el medio ambiente.

Pero si alguien osa decírselos, les da una pataleta como la que le dio a cierto empresario de origen «ario» hace unos días… que no se le pasó hasta que le mandaron un ministro a jugar a la casita del árbol con él.

Ley pareja no es dura: sería bueno que si deciden a actuar con rudeza contra los que “alteran el orden”, lo hagan contra todos los que caen en esa categoría y no sólo contra los mismos de siempre, es decir, los más maltratados y abusados por el sistema.

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Foto: Simenon / Licencia CC