Queremos legislar, hacia una política vigilada y participada

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La política es demasiado importante para dejarla exclusivamente en manos de nuestros políticos. Y los retos a los que nos enfrentamos ya no permiten la acomodaticia tranquilidad de delegar nuestra soberanía –y nuestro futuro– por períodos electorales, sin mayor implicación cívica y responsabilidad ciudadana. No podemos esperar, ni podemos desentendernos.

La constatación de que lo público (el interés general) ya no está garantizado –suficiente y exclusivamente– por lo político es más evidente cada día. Las limitaciones de la política formal (partidos e instituciones) se muestran descarnadamente en su incapacidad para interpretar y comprender bien la realidad, seleccionar el capital humano y gestionar eficientemente los recursos públicos, representar a la ciudadanía generando entornos transparentes, confiables y permeables, y proponer soluciones sostenibles e innovadoras a los retos sociales con una acción ejecutiva y legislativa adecuada en tiempo y forma. En definitiva, la desconfianza ciudadana crece por los límites de la política en su ejemplaridad y, también, en su eficiencia y eficacia. La corrupción es la puntilla.

A todo ello, hay que añadir una progresiva reducción del poder de la política, de su fuerza para situarse como el último resorte, de su autoridad para priorizar el interés general como principio que articule y jerarquice nuestra sociedad y que sea el límite insuperable e insobornable a lo vorazmente especulativo. La política retrocede, incapaz e inerte, ante la destrucción que impone un modelo socioeconómico que favorece  el desorden cortoplacista e hipoteca nuestro futuro –y el de las generaciones venideras– en forma de deuda insostenible, cambio climático, pobreza, desempleo estructural…

Los niveles de desafección democrática no dejan lugar a dudas. Los datos son abrumadores, demoledores con los políticos, los partidos e instituciones. La fosa se hace más profunda. Gran parte de la desconfianza se debe a la opacidad que genera todo lo que rodea a la política. La ciudadanía cada vez se siente, además, más frustrada a la hora de participar porque constata que no es escuchada ni atendida. A veces, incluso, es despreciada e insultada.

En este estado de cosas, se impone una renovada alianza entre representantes y representados que supere –profundice, mejore, aumente– la legitimidad por delegación de la arquitectura democrática actual, construyendo gobiernos y parlamentos más útiles, gracias a la cooperación pública. La política es demasiado importante para dejarla exclusivamente en manos de nuestros políticos. Y los retos a los que nos enfrentamos ya no permiten la acomodaticia tranquilidad de delegar nuestra soberanía –y nuestro futuro– por períodos electorales, sin mayor implicación cívica y responsabilidad ciudadana. No podemos esperar, ni podemos desentendernos. Nuestra democracia formal no es suficiente para garantizar el nivel de fuerza y capacidad política que se necesita, si queremos horizontes compartidos. Hace falta más política: más acción, más (y mejor) legislación, más (mucha más) representación y participación.

En el ámbito legislativo, por ejemplo, uno de los pocos canales de participación con los que actualmente contamos los ciudadanos son las Iniciativas Legislativas Populares (ILP).  Recoger y presentar una ILP es un proceso titánico, son necesarias 500.000 excesivas firmas (a nivel comunitario solo se exige un millón entre siete países al menos) y, una vez aceptada, debe superar todavía una serie de trámites burocráticos solo para que sea debatida. Y las cifras demuestran que no es una herramienta útil para propiciar la participación ciudadana: solo una ILP ha llegado a buen término. El desenlace final de la reciente aprobación de la nueva ley antidesahucios, con los únicos votos a favor del Partido Popular, ha dejado un reguero amargo de reproches políticos dentro y fuera de la Cámara. Nos invade un sabor a fracaso de los canales oficiales para la participación democrática, que no está asegurada simplemente con la aceptación de una tramitación y que no garantiza la co-creación legislativa (partidos, asociaciones, ciudadanos). Ustedes proponen (los ciudadanos y sus lobbies sociales y económicos) y nosotros (los representantes y sus mayorías) decidimos es la respuesta formal de nuestra democracia. La evidencia de que este modelo no es suficiente para legislar bien y mejor, crece.

El «escaño 351» (propuesta del programa  electoral del PSOE, cuyo objetivo era que los ciudadanos pudieran intervenir en el Pleno del Congreso en defensa de las ILP) era un insuficiente, pero interesante, paso para dar voz. También las comparecencias parlamentarias abiertas a expertos y representantes sociales y económicos en la elaboración de una Ley –como sucede estos días con la Ley de Transparencia (en la que participaré)– son adecuados pero tímidos pasos. Hay que ir más allá.

Las organizaciones políticas y las instituciones públicas deben realizar una mirada inteligente a la transformación que están llevando a cabo las empresas más lúcidas y responsables. Los modelos de innovación abierta, a través de la creación colectiva, son fórmulas que permiten aproximar a las organizaciones a un grado de permeabilidad óptimo que amplía sus oportunidades. La llave de todo es el talento compartido como motor de cambio, reforma y adaptación. Las organizaciones permeables son aquellas que saben escuchar y hacer partícipe al cliente –su mejor prosumidor– con más transparencia y promoviendo la innovación y la creatividad. El mundo empresarial está sustituyendo, progresivamente, sus estructuras organizativas verticales por nuevas estructuras horizontales y en red. Los gobiernos y los parlamentos no lo hacen suficientemente. Desconfían.

¿Por qué no vamos a utilizar todo el talento disponible en nuestra sociedad para legislar, por ejemplo, favoreciendo la apertura de datos, su accesibilidad, usabilidad y reutilización, con el objetivo de crear ecosistemas públicos para resolver problemas complejos? Evitaríamos fiascos (y manipulaciones), como el sucedido en un estudio clave para justificar la austeridad económica en la Unión Europea que contiene graves errores de Excel y que, si hubiera estado abierto, habría sido advertido y corregido por otros actores sociales, impidiendo –probablemente– que la política tomara decisiones equivocadas con datos insuficientes o inexactos.

Las multitudes inteligentes (que no solo opinan, sino que quieren co-crear y co-decidir) pueden actuar de una forma semejante en la política ejecutiva y legislativa, siendo una excelente oportunidad para recuperar la confianza en el sistema democrático, como ya empiezan a explorar algunas Administraciones públicas de proximidad. Más talento y más democracia es la fórmula.

¡Queremos legislar!, decimos. No solo porque queremos, podemos y debemos, sino porque sabemos. El conocimiento disponible en la sociedad abierta y en red es superior al de sus representantes y expertos. No estamos hablando de masas inertes y amorfas, sino de multitudes activas e inteligentes en la sociedad red, capaces de articular –o al menos iluminar– soluciones públicas para problemas complejos si se dispone de entornos abiertos gracias a la tecnología. Lo público debe ser el punto de encuentro, no solo una capa superpuesta de representación, de todos los actores que desean una sociedad sostenible y justa, la única capaz de generar riqueza, gracias a una progresiva y eficiente  capacidad de repartirla.

Nuestra sociedad decepcionada, crítica y muy informada, tiene en sus manos herramientas para monitorizar y fiscalizar las actividades políticas: es el momento de la política vigilada. Pero necesitamos más, queremos la política participada. La tecnología disponible (que conecta personas, procesos, máquinas y objetos) re-articula la sociedad porque crea comunidades de intereses, entornos de conocimiento y permite la movilización social de una manera extraordinariamente atractiva y potencialmente muy democrática.

Esta inaplazable transformación de las estructuras (y de las mentes y actitudes) debe encontrar pues una oportunidad en entornos digitales pensados para las aplicaciones personales y móviles: apps, geolocalización, realidad aumentada, visualizaciones, etc. Algunos gobiernos ya lo han visto y están aprovechando su potencial. La Administración Obama, por ejemplo, lo hace con proyectos como data, recovery o transparency; y en el Reino Unido encontramos data.gov.uk. En el ámbito legislativo hay que aprender e implantar, urgentemente, las recomendaciones del Global Center for ICT in Parliament, el organismo multilateral que promueve la modernización parlamentaria a través de la tecnología abierta y la participación ciudadana.

La inteligencia de las multitudes supone una nueva mirada a la gobernanza de las organizaciones, ya que el uso de la tecnología ha cambiado la concepción del poder. Si la política formal no valora –e impulsa– el uso de la inteligencia colectiva en su modelo de acción, las barreras entre ciudadanos y representantes públicos no dejarán de incrementarse. La política crowd no solo es una oportunidad (inteligente), sino un requerimiento (democrático) para una mejor acción política. Para la que se necesita y ya no puede esperar.