El pasado domingo 15 de diciembre tuvo lugar una inédita consulta ciudadana a nivel nacional que contó con la participación de más de dos millones de personas que votaron. A cada uno se nos dio 3 votos. Uno era el voto institucional de carácter eminentemente político, que fue el mismo a nivel nacional; otro era un voto de carácter social en torno a las demandas más relevantes; y el último era de carácter comunal propiamente tal que apuntaba a identificar las necesidades que la ciudadanía visualiza como más importantes. Desafortunadamente, al momento de escribir estas líneas aún no cuento con los resultados a nivel comunal para conocer seguir la pista de los resultados a este nivel.
La relevancia de la consulta radica en su carácter de pionera y ser consecuencia del estallido social desencadenado el 18 de octubre. Sin dicho estallido, no habría existido esta consulta. Las que han existido en el pasado han sido puntuales, esporádicas, a nivel local. De hecho la actual Constitución del 80 no contempla esta clase de consultas., y por lo mismo, sus resultados no son vinculantes. Esto es, no obligan a nada. Los alcaldes, los políticos, el congreso nacional, el gobierno pueden hacerse los locos, mirando el horizonte, sin cambiar en nada sus respectivas hojas de ruta.La ciudadanía estima ya la actual constitución ya no admite más parches o reformas como las efectuadas a la fecha
No faltarán quienes busquen minimizar la relevancia de la consulta, ya sea porque no abarcó a la totalidad de las comunas, como porque no contó con el apoyo del Servicio Electoral (SERVEL) y porque sus resultados pueden pasarse por alto. Sería un craso error que nos puede costar caro. No hay que olvidar que fue una consulta realizada a capella por las Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) donde participaron alcaldes de todos los colores políticos, quienes asumieron la responsabilidad de su organización como una manera de “saber” lo que la gente quiere, sin violencia, sin odio, sin presiones, sin destrucción, sin mayor publicidad, y sin intermediarios, en forma directa. Es importante resaltar la ausencia de publicidad y la baja participación de los políticos en esta consulta. La gente tuvo ocasión de expresarse sin influencias indebidas ni machacantes.
Los resultados que se han estado dando a conocer son bastante elocuentes respecto del sentir ciudadano, tanto a nivel nacional como comunal, los cuales son bastante coincidentes en general, salvo en casos muy puntuales. Es así como más del 90% de quienes votaron afirman querer una nueva carta constitucional, y sobre el 70% aspira que esta nueva constitución salga de una convención constituyente integrada en un 100% por personas elegidas para estos efectos, excluyendo a los actuales parlamentarios.
Estos resultados dan cuenta de, al menos dos cosas. Una, que la ciudadanía estima ya la actual constitución ya no admite más parches o reformas como las efectuadas a la fecha, y que a casi 40 años desde que nos rige, ya es hora de tener una constitución en regla, debidamente legitimada, que responda al Chile de hoy. Y dos, da cuenta del desprestigio de los actuales senadores y diputados, dado que no se quiere que participen en la construcción de esta nueva constitución no se quiere contar con la participación de ellos. Lo señalado debiera verse corroborado en el plebiscito de abril del próximo año.
A los resultados señalados se agrega que más del 80% de los votantes aspira que los municipios estén dotados de mayores atribuciones y recursos para el cumplimiento de las tareas que les son propias. Y por último, sobre el 90% de la población considera que quienes hayan sido condenados por corrupción, lavado de dinero, o narcotráfico, no pueden postular a cargos de elección popular ni ocupar empleos públicos. Faltó consultar si tales delitos deben ser inexcarcelables, esto es, penalizados con cárcel y no por clases de ética o pagando con recursos financieros como es lo que ha estado ocurriendo.
En el ámbito social, las mayores preocupaciones están centradas en mejorar las pensiones, en el acceso y la calidad de la educación pública, y en el mejoramiento de la calidad de la salud pública y su financiamiento. Como puede verse, estos resultados están totalmente alineados con lo que ha sido la agenda social de la rebelión de octubre, y por lo mismo, desatenderlos puede tener costos significativos.
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