El gambito de Piñera de materializar acuerdos con la oposición se asemeja más a una operación mediática, ya que en la realidad cotidiana se está actuando con la lógica de avasallar con la retroexcavadora del Tribunal Constitucional, decretos administrativos y protocolos que vulneran las leyes aprobadas por amplia mayoría en el Parlamento.
El “modus operandi” fue anunciar que impulsará cinco acuerdos nacionales, en torno a la infancia, la seguridad ciudadana, la salud, el desarrollo y la paz en la Araucanía, temáticas expresadas en forma genérica sin los contenidos que permitan evaluarlas en forma serena y objetiva. Pero la retórica se contradice con los hechos, ya que el “modus vivendi” es imponer unilateralmente todo lo que dicte la ortodoxia neoliberal y conservadora.
El Ministro de Hacienda anuncia el envío de una reforma tributaria con el objetivo de reducir el impuesto de Primera Categoría de 27 a 25%, disminución que favorece sólo a las grandes empresas del país; podar la reforma laboral; veto del gobierno a discutir una nueva Constitución; la modificación administrativa del protocolo que eliminó la disposición que impedía al Estado contratar servicios con aquellas entidades privadas de salud que se hubieran acogido a la objeción de conciencia, dictado por el gobierno anterior, lo que socava y pone en entredicho la ley que despenalizó el aborto en tres causales aprobada por el Parlamento. Pretenden, por ende, hacer vía administrativa modificaciones fundamentales en políticas públicas que amplían derechos de las personas y que no pueden hacer vía legislativa para contentar a sus parroquianos Alt+right que postulan el doctrinarismo de la “motosierra” regresiva.En la eventualidad que el gobierno de Piñera no revierta este dictamen a través de una propuesta para reponer la disposición original de esta ley, estaría dando una señal inequívoca que sigue concibiendo la educación como un bien de consumo y no como un derecho
Todas estas señales se contraponen a la idea de buscar acuerdos con la actual oposición. Todo indica que esta estrategia no es solo puntual y va a continuar. Por ello, no puede ser subestimada, puesto que Piñera se ha mostrado habilidoso a la hora de recomponer su mensaje para que cale bien en algunos sectores de la oposición -incluso en los Blumel’lovers del Frente Amplio- y especialista en adjudicarse méritos y borrar sus errores.
Por otro lado, el fallo del Tribunal Constitucional (TC) –resolución votada por 6 ministros designados por la derecha a través de un cuoteo político- que declara inconstitucional el artículo 63 de la Ley de Educación Superior que prohibía a las universidades estuvieran bajo el control de instituciones o grupos económicos con fines de lucro, ha sido un cañonazo a la línea de flotación de una ley que tuvo un largo trámite en el Congreso y votada por amplia mayoría. El TC, excediendo sus atribuciones, sin existir en este caso una reserva de constitucionalidad de parlamentarios y contorsionando al máximo la argumentación, actuó más como un Tribunal de trinchera y se auto designo el rol de una tercera Cámara.
Tal dictamen, en forma barroca y buscando atajos, entrega amplia manga ancha para que empresas como Laureate, controlador de la universidad Las Américas, Andrés Bello y la de Viña del Mar –en un informe del Ministerio de Educación se estimó que infringen la ley que prohíbe el lucro- puedan seguir haciendo negocios a costa del sacrificio de miles de alumnos de familias de menores ingresos que no pudieron obtener un buen rendimiento en la PSU por provenir de colegios “periféricos” y, por tanto, no pueden ingresar en las universidades públicas con reconocido prestigio académico y deben optar a instituciones cuyo objetivo principal es incrementar sus ganancias y no la calidad de la educación. En ese informe, publicado por Ciper, da cuenta de las graves infracciones cometidas por Laureate: “Parte considerable de sus ingresos no son reinvertidos en la propia institución para sus fines de docencia, investigación, extensión y vinculación con el medio, sino que tienen como destino el aumento de las ganancias de su controlador Laureate International”.
Cuando se permite el control de las universidades por personas jurídicas que tienen como fin obtener lucro, cuyos excedentes o ganancias se distribuyen entre sus socios, en vez de reinvertirlas en el cumplimiento de su misión de servicio a la sociedad, se vulnera lo que, explícitamente, el legislador -atendida la índole de las universidades- ponía un cortafuego para prohibir que dichas instituciones contaran con sostenedores con fines de lucro, puesto que el bien público de la educación universitaria puede verse lesionado, al igual que su autonomía.
La resolución del TC, además, abre un espacio para que empresas nacionales o trasnacionales con fines lucrativos puedan acceder al financiamiento público destinado a garantizar gratuidad en la educación superior. En resumen, el mencionado fallo fue la victoria de los intereses empresariales insertos en la educación sobre la Ley y de la Injusticia sobre el Derecho. La “creatividad” del Tribunal Constitucional está compitiendo con la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por cuál de ellos actúa en forma más política.
En la eventualidad que el gobierno de Piñera no revierta este dictamen a través de una propuesta para reponer la disposición original de esta ley, estaría dando una señal inequívoca que sigue concibiendo la educación como un bien de consumo y no como un derecho. Asimismo, si la actual administración insiste en no aprovechar esta oportunidad para generar un gran acuerdo para cambiar las atribuciones antidemocráticas del Tribunal Constitucional y perseverar en gobernar por decreto -pretendiendo desmantelar con artilugios las conquistas en derechos sociales, culturales y libertades individuales logradas en los últimos años- su discurso de los acuerdos mostraría que solo fue un volador de luces y un slogan para el encantamiento de los ingenuos y como insumo de titulares de los medios de comunicación.
Adicionalmente, estaría abriendo flancos que conduzcan al término prematuro de la luna de miel demoscópica que usufructúa y ayudaría a instalar una sintonía de propósitos comunes entre los partidos de oposición -dejando de lado sus diferencias- como también puede ser el acelerador y catalizador para reavivar las movilizaciones sociales contra el gobierno, movilizaciones cuya relevancia sería absurdo no considerar como factor significativo en el deterioro de la primera administración de Piñera.
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