Patricio Navia, el lucro y el sexo: ¿mezclando peras con manzanas?

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Es más que un problema técnico-político. Es un problema político con todas sus letras, debido a que tanto la sexualidad de las personas, como el interés por el lucro en la educación, son procesos que exceden el ámbito privado de las libertades individuales, para ubicarse en un contexto de relaciones asimétricas de poder y de impacto en derechos de distinta índole.

“El Lucro y el Sexo”. Así tituló su columna el cientista político chileno Patricio Navia, publicada el 22 de enero de 2014, en el diario electrónico El Mostrador (http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/01/22/el-lucro-y-el-sexo/). En ella, el autor expuso sus cuestionamientos a dos sectores políticos que él denomina, recurriendo al recurso de la caricatura, como “derecha antisexo” e “izquierda antilucro”. Aborda críticamente ambas posiciones, a las cuales atribuye la creencia de que la intervención del Estado es necesaria para prohibir, regular y/o restringir el ejercicio de la sexualidad y del lucro, que ambos sectores, respectivamente, demonizan. Asimismo, pone en tela de juicio las objeciones que esta “derecha antisexo” ha dirigido contra aquellas políticas públicas destinadas a promover la “(…) educación sexual en las escuelas, distribución gratuita de condones o acceso a la píldora del día después”. Por otra parte, su reproche se extiende a “los izquierdistas (que) dirán que el lucro se debe prohibir en la educación o, incluso, en cualquier actividad que implique recursos públicos”.

El autor se incomoda con la idea de una eventual acción supresora del Estado contra lo que él denomina “el orden natural de la vida”, orden al cual pertenecerían la sexualidad humana y el interés por el lucro. Es que la prohibición o la restricción excesiva, por parte del Estado, de ambas prácticas (que define como inevitables), pondrían en riesgo la libertad y la felicidad de los individuos y de la sociedad. No se trata aquí de cuestionar las creencias personales del autor, en el entendido de que él, como cualquier otra persona, tiene el derecho a pensar lo que quiera y cómo quiera. Sin embargo, al referirse a los límites de las atribuciones del Estado y del régimen de lo público, se introduce en ámbitos de la vida social y política que conciernen a todas y a todos. Es decir, su pluma se desliza a otro nivel de discusión, trasladando sus ideas personales a las esferas del debate público, más allá de sus concepciones morales y políticas particulares.

Los argumentos expuestos son interesantes, específicamente por la forma en que fueron construidos. Es que su línea argumentativa presenta –entre otros aspectos- dos puntos críticos que resultan convenientes de aclarar. En primer lugar, es muy probable que Navia esté mezclando peras con manzanas. Esta expresión popular alude a la acción reflexiva de poner en el mismo nivel de discusión, dos categorías que se analizarían mejor ubicándolas en dos niveles diferentes. Específicamente, el autor ubica, tanto a la sexualidad, como al interés por el lucro, en el mismo nivel de análisis, obviando que cada una de ellas es objeto de injerencias diferentes por parte del Estado.

Sugiere que tanto la “derecha antisexo” y la “izquierda antilucro” promueven la coerción estatal y la restricción de libertades y derechos fundamentales. Desde su perspectiva liberal, el autor olvida que ambas prácticas han sido instaladas de manera diferente en el debate público y que han presentado relaciones disímiles, e incluso inversas, con la institucionalidad pública. En el caso de la sexualidad, la legitimidad de la diversidad de las orientaciones sexuales (que no tienen nada que ver con patologías sexuales y/o de personalidad, como la zoofilia o la pedofilia) aluden a libertades sociopolíticas, derechos reproductivos y derechos ciudadanos que aún siguen siendo vulnerados en Chile. Y aquí el Estado ha operado activamente con criterios de hegemonía coercitiva, principalmente conservadora. Tal como dice Navia, el pensamiento conservador ha instado para que el Estado sancione –y no garantice- el ejercicio de estas libertades y derechos.

En el caso de la educación, el modelo rentista opera, por repliegue del Estado y de su institucionalidad, en desmedro de una mayor igualdad de oportunidades educativas y de movilidad social, generando sociedades segregadas socioeducativa y socioeconómicamente. En este caso, el repliegue del Estado y del régimen de lo público se ha visto acompañado de la promoción del lucro y del protagonismo de los mercados. Y esto ha tenido como consecuencia, al contrario de la coerción estatal activa frente a los derechos sexuales y reproductivos, un deterioro significativo de los derechos sociales, especialmente del derecho a la educación. En el caso de la sexualidad, la acción activa del Estado -con hegemonía de criterios conservadores- ha restringido las libertades y derechos sexuales y reproductivos. En el caso del lucro en la educación, la acción pasiva del Estado -su repliegue y la preeminencia del mercado- ha tenido como resultado la vulneración de los derechos sociales, en especial los derechos educativos.

Un segundo punto crítico es la alusión de Navia al “orden natural de la vida”. Esto trae consigo problemas en torno a las discusiones relativas al origen del orden social. Aquí omite que la sexualidad y el interés por el lucro tienen anclajes diferentes en sus dimensiones biológica y social y que, además, ambas prácticas constituyen también construcciones sociales. No son inmutables y dependen de sus contextos históricos, políticos, económicos, sociales y culturales. Al referir al “orden natural de la vida”, el autor corre -en ese terreno argumentativo- el riesgo de naturalizar las prácticas sexuales y el interés por el lucro, con consecuencias relevantes para su noción de libertad vinculada con ellas. Todo imperativo categórico que “naturaliza” aspectos de la vida humana, confiere a esos aspectos el carácter de inmutabilidad y de independencia, con relación a los contextos en que se desarrollaron. E, incluso, de las relaciones de poder en que están insertos. En tal sentido,mediante este principio de naturalización, asigna al interés por el lucro –homologándolo con la práctica sexual- un carácter esencial “para la preservación de la especie (humana)”.

La defensa o el rechazo al lucro en la educación corresponde a un debate muy diferente al de la discusión sobre el lucro en sí mismo. Y es probable que la línea argumentativa de Navia enfatice más la libertad de lucrar, que su aplicación misma en el terreno educativo. Quizás en este punto esté confundiendo peras con manzanas. Las libertades no son situaciones que se cogen a la vuelta de la esquina. Las preguntas sobre las libertades deben acompañarse de su contextualización sobre los derechos que son afectados, positiva o negativamente. No se trata, entonces, sólo de una discusión de un problema de la institucionalidad pública o del Estado, en sus operaciones restrictivas o emancipadoras. Es más que un problema técnico-político. Es un problema político con todas sus letras, debido a que tanto la sexualidad de las personas, como el interés por el lucro en la educación, son procesos que exceden el ámbito privado de las libertades individuales, para ubicarse en un contexto de relaciones asimétricas de poder y de impacto en derechos de distinta índole.

A veces hay que pelar la manzana y la pera para percibir que son frutas diferentes. Si la coerción estatal “conservadora” restringe las libertades y derechos sexuales/reproductivos, es posible que en el caso de una coerción estatal “izquierdista” frente al lucro en la educación, el derecho a la educación se fortalezca y deje de tener la función segregacionista y vulneradora de derechos sociales observable en el Chile neoliberal de hoy. O sea, a la inversa de lo que dice Navia. Quizás, a la inversa de la naturalización y de la descontextualización.

Publicado en el blog del autor Estados Fronterizos (http://estadosfronterizos.blogspot.de/)