La propuesta del Diputado Gabriel Boric en el sentido de permitir la participación de representantes de los trabajadores en los directorios de las grandes empresas, es oportuna y merece ser tratada con mayor seriedad a aquella que le ha brindado el presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo, Luis Larraín, (1); o aquella otra de Juan Sutil que asemeja más bien a una respuesta tipo gran hacendado. (2).
No sorprenden en lo más mínimo dichas opiniones. En realidad, cada vez que algún actor, del tipo que sea, se refiere al tema de las empresas, sobre todo las privadas, porque a las públicas sencillamente por ideologismo se les acusa de “ineficientes”, no falta la descalificación elevada a categoría de respuesta. Pero, en fin, todo ello es tan burdo como conocido.
Hay otros recursos que se utilizan en el mismo sentido descalificatorio: el primero, es el poco célebre discurso “esto no existe en ninguna parte del mundo”, “ha fracasado en todo el mundo” sin explicar en lo más mínimo de cual “mundo” se está hablando, si el de los 7.000 millones de habitantes del planeta, el “mundo” de los empresarios, el de Europa occidental, el de los países de la OECD, el “mundo” donde están las inversiones, ¿cuál mundo? El segundo es tachar de “populista”, todo aquello distinto y que no calce con algún interés particular. Vaya casualidad, quienes más lo utilizan son las elites, aunque su uso se ha vuelto más extensivo con el paso del tiempo. En uno u otro caso, se deberá exigir más fundamentos al puro etiquetismo en el que se sustenta la descalificación y el ninguneo.Chile requiere avanzar en profundidad democrática. Una forma de lograrlo es ampliando constitucionalmente la participación de los trabajadores en sus empresas
Pero dichos recursos son parte constitutiva de una ideología. Ningún problema con las ideologías. Son necesarias. El problema surge, cuando, como en estos casos, una manera de concebir el mundo se plantea sacar de la cancha a otras visiones para imponer la propia. La derecha política y empresarial sabe mucho de esto, además, de tener a su albedrío el control del poder de las relaciones sociales y económicas en el país. Salvo algunas contadas excepciones, ese control nace y reproduce al interior de las grandes empresas. Ese espacio, en el marco de relaciones jerárquicas y autoritarias predominantes en la mayoría de las grandes empresas nacionales, es el que más favorece la desigualdad de género entre hombres y mujeres, ahonda las brechas salariales entre ambos, y eterniza el trabajo doméstico no reconocido por la sociedad en el caso de las mujeres. Por otra parte, aunque poco se dice respecto al monopolio que el gran empresariado posee sobre los medios de comunicación masivos, ese control también hace posible la reproducción hegemónica de su ideología más allá de la propia realidad de la empresa. Modelo, en todo caso, en crisis desde el 18-0 de 2019 y colisionando con la realidad del país a velocidad de crucero.
Existen, sin embargo, experiencias exitosas en cuanto a representación de los trabajadores en los directorios de las empresas. Y no solo de las grandes empresas. Es el caso de Alemania y Suecia, que el gran empresariado chileno pasa por alto. ¿Por qué las pasa por alto? Por una razón muy sencilla. En estos dos países el economista e investigador francés, Thomas Piketty ha documentado que “los representantes de los trabajadores cuentan con la mitad de los votos en los consejos de administración de las empresas en Alemania y con un tercio de los votos en Suecia (también en las pequeñas empresas) independientemente de su participación en el capital”. (3). Todo ello, acompañado de significativas modificaciones legales y constitucionales en las que se sustenta dicha participación.
Es significativo agregar, por otro lado, que el equilibrio de poder conseguido por los trabajadores de la mano de sus sindicatos en esos países, y de quienes políticamente se han comprometido con este tipo de cambios, remonta a fines del siglo XIX. A partir del término de la segunda guerra mundial, dicho proceso ganó en intensidad tanto que décadas después de su inicio los mismos grandes empresarios que al inicio se oponían, terminaron cediendo porque los resultados mostraban disminución de la conflictividad social y aumento de la productividad.
Cabe remarcar que la democratización al interior de las empresas en el caso de estos países, al igual que en el nuestro, ha sido y continua siendo parte de un objetivo político más amplio: la construcción de sociedades más democráticas e igualitarias en las que la participación de los trabajadores (cogestión en Alemania) en la toma de decisiones de sus empresas, forma parte esencial del conjunto del proceso democratizador. Quizá no todo lo más participativo e igualitario que un trabajador alemán o sueco desearían, pero lejos mucho más igualitario, decente y digno a las relaciones laborales asimétricas que existen en la mayoría de las empresas de nuestro país y al predominio de un entorno mercantilizado en todo el resto de las relaciones sociales.
En el caso de Chile, un ilustrativo artículo de Felipe Ossandón publicado en la página web de radio cooperativa (4) clasifica los distintos tipos de modelos en los que los trabajadores tienen representación en los directorios de sus empresas. Es mi convicción, en complemento, que el país requiere fortalecer esas representaciones en los directorios existentes y hacerlas extensivas a las grandes empresas privadas, incorporándolas en la Constitución.
Es en las empresas donde los trabajadores pasan gran parte de su vida, aportando riqueza y conocimiento sin participar en la mayoría de los casos de una distribución justa y equitativa de la riqueza; ni del diseño de las políticas y menos de los efectos a veces negativos para la productividad y las relaciones laborales, que tienen la implementación de políticas desconectadas de la realidad de la empresa. La desconexión de la realidad pasa o puede pasar en las empresas, como en cualquier otra organización, pero no únicamente en ellas como ha sido el caso reiterado de este gobierno en la conducción de la crisis sanitaria y la crisis social y política en curso.
Banco del Estado
En cuanto al fortalecimiento de la representación de los trabajadores en los directorios de sus empresas, me limitaré al Banco del Estado, empresa en la que me desempeñé 15 años como trabajador, dos de los cuales como representante de los trabajadores en el directorio de la Institución.
En esta empresa, el rol de mediación entre los trabajadores y la Administración lo cumple 1 director(a) laboral titular, con derecho a voto, 1 director(a) laboral suplente, sin derecho a voto, ambos electos por votación universal. El mismo(a) forma parte de un directorio compuesto por 6 directores con derecho a voto, nombrados por el gobierno de turno, de donde surge el Presidente y Vicepresidente de la Institución respectivamente. Así, según la Ley Orgánica 2.079, que regula las funciones de la Administración de la empresa, el directorio está conformado por 7 personas.
Cabe señalar que en esta empresa existe un sindicato nacional único, que agrupa al conjunto de los trabajadores. El rol de la Institución Sindical es clave a la hora de conseguir y defender conquistas sociales de y para los trabajadores. Siendo ello así, es conveniente precisar que el rol de los directores laborales refiere, entre otros, a definiciones de políticas y estrategias de desarrollo para el conjunto de la empresa.
Ese es el rol que desde mi punto de vista es necesario ampliar y fortalecer. En primer lugar, porque la representación de los trabajadores, con un representante versus 6 de la Administración, está completamente desbalanceada en favor de la empresa. Alcanzar una mejor cuota de representación de los trabajadores y trabajadoras en la dirección de la empresa, debe ser algo independiente de cuan afín es el director laboral respecto del gobierno de turno. De hecho, los intereses de los trabajadores(as) pueden ser o no coincidentes con aquellos del gobierno que asuma la conducción del país. De lo que se trata es que la posibilidad de incidir en las políticas de la empresa no dependa de otros factores. Y eso se logra equilibrando el poder en el órgano en el que se toman las decisiones al interior mismo de la empresa.
De este modo, la salida a esta asimetría de poder al interior del directorio en BancoEstado, es que los trabajadores consigan aumentar la elección de sus representantes, en los términos de la igualdad de género, pasando de uno a tres. Dos de ellos, con derecho a voto, electos por los trabajadores de BancoEstado. Y un tercero, también con derecho a voto, electo por los trabajadores de las filiales. Las filiales son parte del holding de la empresa y en consecuencia es justo y legítimo que uno o una de entre los trabajadores de éstas se incorpore al directorio para representar los intereses de esta otra parte de la empresa.
En conclusión, Chile requiere avanzar en profundidad democrática. Una forma de lograrlo es ampliando constitucionalmente la participación de los trabajadores en sus empresas. Ello es indispensable y complementario, con la existencia de sindicatos con capacidad de negociar los términos en que se desarrolla la relación capital-trabajo en las empresas y en las respectivas ramas productivas.
Estos son desafíos de la política, en especial de aquella que se reclama del campo de la izquierda y de quienes se reclaman del humanismo y el progresismo, tanto como de los propios trabajadores en el sentido más amplio.
Bibliografía
3.- Piketty, Thomas, Capital e Ideología, capitulo “Elementos para un socialismo participativo en el siglo XXI”, página 1.152
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