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Participacion Ciudadana. Intención transformadora del nuevo gobierno

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La propuesta es magra y absolutamente insatisfactoria. Desde la noción de la participación ciudadana en la gestión pública la sociedad civil y los movimientos sociales aparecen siendo actores no relevantes en el proceso de transformaciones anunciadas. Los cambios anunciados no llevan aparejadas medidas concretas que permitan pensar que ellas sean diseñadas, ejecutadas y evaluadas en conjunto con la ciudadanía. Las tendencias elitistas se mantienen y la ciudadanía tendrá que observar el desarrollo de las políticas públicas que se anuncian.

En marzo de 2006 Michelle Bachelet asumió la Presidencia de la República anunciando una serie de medidas innovadoras. El centro del programa se expresaba en el sello de que seria “un gobierno ciudadano”. Con ello se destacaba el sentido transformador que se expresaba en aspectos tales como la instauración de un sistema de protección social, en el marco de profundizar la democracia que incluya y represente a todos los chilenos.

Para profundizar el carácter ciudadano del gobierno, en cuanto a participación, se mencionaban: incentivar las audiencias ciudadanas, los cabildos municipales, las rendiciones de cuentas, la consulta ciudadana, se publicarían minutas de posición acerca de las políticas públicas; todo lo cual tenía como finalidad fortalecer e institucionalizar la participación ciudadana en la gestión pública, integrando transversalmente el enfoque de participación ciudadana a toda política pública sectorial.

En el actual programa 2014 – 2018 se reafirma aquello señalando que se garantiza que todos y todas tengamos el mismo derecho a influir en las decisiones que nos afectan y sin ningún tipo de discriminación arbitraria. Adicionalmente, en el marco de reformas políticas constitucionales, se incorporarán nuevos mecanismos de democracia directa o semi directa en distintos niveles de decisión pública. Todo lo cual se inscribe en el marco conceptual de una nueva Constitución que deberá elaborarse en un proceso democrático, institucional y participativo, definiéndose el último como un proceso que permita a la ciudadanía participar activamente en la discusión y aprobación de la Nueva Constitución.

En el programa, la propuesta general del futuro gobierno en materia de participación en la gestión pública, señala la necesidad de revisar la Ley 20.500, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública, y las leyes de Municipios y de Juntas de Vecinos.

Como medidas concretas se mencionan:

La creación de un Consejo de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, que se relaciona con el Ministerio Secretaría General de Gobierno.

Una Estrategia Integral de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, lo que implica la redefinición de objetivos, montos y formas de asignación del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público.

La creación de una División de Participación Ciudadana en la SEGEGOB, de tal manera de dar adecuado seguimiento y control del cumplimiento de metas ministeriales en materias de participación.

Estas tres medidas constituyen acciones que buscan perfeccionar instituciones de participación de la sociedad civil que están en, aunque deficiente, funcionamiento, y una de carácter estatal, cuyo propósito explicito es el cambio de nombre de la actual División de Organizaciones Sociales.

La propuesta es magra y absolutamente insatisfactoria. Desde la noción de la participación ciudadana en la gestión pública la sociedad civil y los movimientos sociales aparecen siendo actores no relevantes en el proceso de transformaciones anunciadas. Los cambios anunciados no llevan aparejadas medidas concretas que permitan pensar que ellas sean diseñadas, ejecutadas y evaluadas en conjunto con la ciudadanía. Las tendencias elitistas se mantienen y la ciudadanía tendrá que observar el desarrollo de las políticas públicas que se anuncian.

Su consecuencia en otros temas es evidente. Genera dudas respecto de cual será la injerencia social en el proceso de cambios estructurales anunciados, reformas a la constitución, reforma educacional, modelo económico, por solo nombrar los estratégicos.

Sin duda es necesario fortalecer y perfeccionar los mecanismos que permiten el desarrollo de la democracia representativa. Las grandes reformas políticas apuntan a ello. También es cierto que un plan ambicioso y acertado, como el presentado por la presidenta electa, exige un marco de participación ciudadana que no se explicita, si el objetivo es que, en paralelo y como parte del fortalecimiento institucional de la democracia, se implementen las adecuadas metodologías y mecanismos que aseguren el desarrollo de una democracia participativa; procesos que aseguren la participación de un pueblo que por una parte se niega a concurrir a las urnas y por otra, cuando lo hace, exige que se cuente con su activa y permanente participación.

Para innovar y profundizar estos cambios participativos en la gestión pública el futuro gobierno debe tener en consideración las siguientes medidas específicas:

Presentación de una propuesta participativa para el lanzamiento de un “Plan Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil”, que sirva de antecedente a un Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana.

Medidas de financiamiento y asistencia para el funcionamiento de los Consejos de la Sociedad Civil ministeriales y comunales y la capacitación de sus integrantes.

Aumento significativo de los recursos financieros asignados al Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL)”, administrado por el Ministerio Secretaria General de Gobierno.

Implementación de la agenda legislativa y constitucional en materia de Institucionalización y Fortalecimiento del Sector de OSFL.

Creación de un organismo público a nivel de Subsecretaria o Instituto Nacional de la Participación Ciudadana en la Gestión Pública y OSFL, con oficinas regionales, que se responsabilice del seguimiento, análisis del Sector de OSFL, el funcionamiento de la participación ciudadana en la gestión pública, y velar por el buen cumplimiento de la ley 20.500.

Establecer en la ley de Presupuesto Anual de la Nación una norma que establezca que los servicios públicos deben destinar como mínimo el 0.2% de su presupuesto total al financiamiento de acciones destinadas a programas de participación ciudadana y de fortalecimiento de las OSFL, vinculadas a la cartera correspondiente.

La implementación de estas y otras posibles medidas similares permitirán generar las confianzas necesarias para creer en una gestión pública participativa. La ciudadanía debe ser incorporada con decisión al cumplimiento de los objetivos del programa de gobierno presentado durante la campaña. Este es un requisito de enorme importancia, teniendo en cuenta que esa misma ciudadanía será convocada o se autoconvocará a opinar, proponer y diseñar las propuestas que sean parte de los cambios constitucionales que el país y la mayoría ciudadana que eligió al futuro gobierno están demandando.

Foto: Giovanni A. Pérez Alvarez / Licencia CC

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13 de mayo

Me parece excelente enfatizar, como señala el articulista, que la ciudadanía debe ser incorporada con decisión al cumplimiento de los objetivos del programa de gobierno presentado durante la campaña. Este es un requisito de enorme importancia, teniendo en cuenta que esa misma ciudadanía será convocada o se autoconvocará a opinar, proponer y diseñar las propuestas que sean parte de los cambios constitucionales que el país y la mayoría ciudadana que eligió al futuro gobierno están demandando.
En este sentido falta elaborar desde el gobierno y participativamente una Agenda Pro Participación Ciudadana 2014-2018

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