¿ Cuál sería el efecto en la opinión publica de una acusación constitucional contra Piñera?
Una acusación constitucional es, desde luego, una facultad del Congreso Nacional, y no representa en ese sentido, un golpe blanco como el ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, quiso instalar en la opinión pública horas antes que Piñera entregara su propia versión de los hechos.
Lo cierto es que con o sin acusación constitucional, el juicio histórico y político sobre Sebastián Piñera no cambiará una percepción transversal, hace rato madura, en la opinión pública chilena. Se trata de una persona que ha hecho de la ambición y obsecuencia al dinero una pasión casi enfermiza, sin importar el medio. Pero es mucho más grave cuando quien vive sometido a las “pulsiones” del dinero, ejerce el cargo de Presidente de la República y lo hace, chanchullos legales más o menos, para proteger sus intereses personales y familiares a como dé lugar.
A este respecto, el analista Marco Moreno entrega en El Mostrador una síntesis certera sobre el futuro que espera a Piñera: “Después que deje La Moneda, tendrá probablemente que enfrentar un periplo en tribunales por este y otros temas vinculados a derechos humanos. Pero sobre todo deberá enfrentar el destierro político al que lo relegará la elite del poder que ya lo dejó caer, el país y la historia”Si el prestigio y credibilidad de las Instituciones ya venían cuesta abajo antes de conocerse los Pandora Papers, el aporte del Presidente Piñera es despejarles el camino para que sigan rodando.
La arista jurídica e institucional, en cualquiera de sus formas, siendo importantes, no agotan el asunto. De hecho, una señal, a esta altura mínima y que en algo puede disminuir el daño causado al patrimonio público y la reputación del país, es que el proyecto Dominga sea declarado improcedente y se evite su concreción. Si las Instituciones en algo “funcionan” y no se siguen prestando para proteger los abusos del poder, la codicia desmesurada y obscena que tiene al país en su peor crisis desde los tiempos de la dictadura, impedir que este proyecto continúe adelante es, sencillamente, básico.
La arista fundamental seguirá siendo de orden político, en el sentido amplio del término y no solo referido a las consecuencias electorales que evidentemente las tiene. Ello pues refiere a, si como país, seremos capaces de darnos una Institucionalidad democrática madura sobre la cual se rearme la convivencia social, ya bastante fracturada. Si el prestigio y credibilidad de las Instituciones ya venían cuesta abajo antes de conocerse los Pandora Papers, el aporte del Presidente Piñera es despejarles el camino para que sigan rodando. Piñera, sin embargo, no llegó solo a la testera del poder del Estado.
Se dirá, como habitualmente suele ocurrir para zafar de algún modo del impasse, que este es un tema global y que afecta a todos los países por igual. Se buscará, al final del día, relativizar el delito y el daño profundo que, en un país en crisis como Chile, este causa a la paz social y al descrédito de las Instituciones, empezando por la Presidencia de la República. Muy probablemente los partidarios del extremismo productivo, ése que pasa por encima de las comunidades y arrasa con los ecosistemas, guardarán silencio a la espera que pase la tormenta y el “mercado” les proporcione nuevas oportunidades.
La dimensión global de este escándalo, dice evidentemente relación a la profundidad y extensión que han alcanzado bajo el neoliberalismo los paraísos fiscales y el enorme volumen de riqueza que son capaces de albergar a través de todo tipo de artilugios para evitar pagar impuestos en los países de origen. Pero al mismo tiempo, atendido el alcance global de los delitos, los mismos se convierten en la evidencia más brutal respecto a la necesidad de desarrollar una visión política que articule, en este caso fiscal, soluciones nacionales a las globales.
En efecto, estas formas de abuso que ocurren en el marco del capitalismo globalizado, cada vez más desregulado, con Instituciones incapaces de controlarlo, son los espacios que hacen posible la concreción de los delitos tributarios que producen súper ricos a costa del erario público de las naciones.
El nuevo Chile debe incorporar y ser parte de estos esfuerzos profundamente democráticos, éticos y en última instancia decentes, que es necesario fortalecer. Desde ya, resulta del todo coherente incluir en la legislación cuerpos regulatorios a los fideicomisos ciegos en las inversiones en el extranjero así como dotar de mayores competencias y atribuciones a los organismos fiscalizadores en el ámbito local.
Dos son, en relación con la visión antes expuesta, los elementos políticos prioritarios del momento. Uno, la defensa de la Convención Constitucional; el otro, ganar la elección presidencial y parlamentaria del próximo mes de noviembre. Con respecto a la Convención Constitucional, vaya casualidad, es necesario defenderla de los mismos que se han opuesto permanentemente a los cambios y que operan para desprestigiarla tanto dentro como fuera de la Convención.
En relación a los demás temas políticos, que incluyen ciertamente los próximos desafíos electorales, hago pública mi opción presidencial por Gabriel Boric y mi adhesión a los postulados y esfuerzos de reagrupamiento que representa Plataforma Socialista.
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