La defensa y promoción de los derechos humanos como eje de la acción estatal debe ser un pilar fundamental de cualquier proceso de profundización democrática y de relegitimación de política en el presente y el futuro. Esto es un principio de acción que va mucho más allá de la concepción usual de los DD.HH. en Chile, como anclados al terrorismo de Estado dictatorial, o a nuevas formas de represión radical y autoritarismo de las cuales el gobierno actual ha hecho infame gala. Lamentablemente, la cultura de la impunidad ha promovido una alta tolerancia social a la violencia que hace difícil imaginar siquiera en una perspectiva de derechos como principio fundamental del Estado.
Se requiere trabajar directamente con las comunidades, territorios y naciones que conviven en el territorio nacional para no imponer desde arriba y a la fuerza.
Esto resulta dramático en el desastre derivado de la pésima gestión de la pandemia actual por al menos dos razones fundamentales. Una primera razón, es que el gobierno no ha propiciado la capacidad de la ciudadanía para ejercer su derecho a la vida y la salud, pues por la falta de una política eficaz y profunda de protección social, ha generado las condiciones para que gran parte de la sociedad se vea forzada a decidir entre el riesgo de contagio y la necesidad de trabajar. Pero no sólo eso, y es que poner en el centro la dignidad humana es totalmente opuesto a defender los grandes intereses empresariales y actuar bajo una lógica de caridad y focalización que erosiona la autonomía de las personas, como es el caso de las cajas de alimentos.
Por otro lado, cuando se sabe de antemano la existencia de otra epidemia, como es la violencia machista y patriarcal que existe en múltiples hogares del país, es demasiado irresponsable no anticiparse a los posibles efectos que las cuarentenas puedan producir en este orden. El bochorno de Macarena Santelices da cuenta de poner la lógica del cuoteo político por sobre la defensa y promoción de los derechos de las mujeres, es una apuesta inaceptable.
En buena hora el feminismo tiene la fuerza para hacer notar aquello, y es necesario agradecer la profundidad del trabajo que sostiene esta potencia democratizadora que se proyecta crecientemente hacia diversos ámbitos de la sociedad.
La segunda razón es que, especialmente desde las disciplinas de las humanidades, las artes y las ciencias sociales, lamentablemente sabemos muy bien que una crisis de DD.HH, como la que se ha vivido por diversas razones en el Chile de los últimos meses, puede tener efectos sociales muy problemáticos para los años por venir. Y estos efectos, especialmente cuando derivan en nuevas movilizaciones sociales (que a su vez genera focos de contagio en el corto plazo), están siendo y seguramente van a ser enfrentados con mayor represión, generando un círculo vicioso realmente nefasto para la convivencia dentro del territorio de Chile. De hecho, el gobierno en la actualidad está empujando proyectos que otorgan mayores atribuciones a carabineros y al ejecutivo para estos propósitos. Esto envía una señal especialmente preocupante cuando se piensa en posibles revueltas post pandemia.
En la coyuntura actual lo sanitario aparece justificadamente como urgente, y de ahí se deriva una política de Estado de emergencia y de cuarentena que en su expresión actual es necesaria. Sin embargo, al no incluir una perspectiva de derechos, esta medida puede convertirse en un peligro para las personas, entre otras cosas, porque las fuerzas armadas y de orden adquieren carta blanca, y con ello se aumenta el riesgo de una acción alejada de estándares mínimos de probidad y control, al mismo tiempo en que se oscurece el conocimiento de esta realidad por parte de la población. Esto último reforzado por una opinión pública justificadamente centrada en la pandemia.
Por cierto, muchos de estos aspectos no aparecen con la crisis sanitaria actual, sino que tienen un carácter estructural que se ve profundizado por la pandemia actual. En ese sentido, la visibilización y elaboración en torno a estos y muchos otros aspectos es una tarea fundamental, tanto para encontrar los puntos ciegos de la estrategia actual para contener la pandemia y sus efectos sociales, políticos y económicos; como para proyectar formas de abordar las causas de los problemas que vivimos y no meramente sus efectos. El proceso constituyente resulta, en ese sentido, un hito fundamental para avanzar hacia la posibilidad de que como sociedad podamos deliberar democráticamente sobre las maneras en que nos hacemos cargo de nuestras necesidades y proyectos.
Pero en la urgencia, se necesitan realizar cambios ya. A nivel de reconstrucción de una mínima legitimidad que permita que la sociedad le crea siquiera al gobierno, un avance puede ser que se deje de buscar la ventaja chica, por ejemplo, buscando aprobar proyectos de ley como el de patrimonio que son resistidos fuertemente por la sociedad organizada. Estas acciones hacen ver como muy poco creíbles los llamados a dejar de lado las diferencias y buscar la unidad, pues obligan a estar con la guardia arriba.
Por otro lado, es fundamental asegurar que las medidas sanitarias como las cuarentenas puedan llevarse a cabo y ser eficaces. Para ello se necesita de una protección social de emergencia y efectiva para la gran mayoría de la sociedad, es decir, que tienda a la universalidad. Pero también, y fundamentalmente, se requiere trabajar directamente con las comunidades, territorios y naciones que conviven en el territorio nacional para no imponer desde arriba y a la fuerza. El autoritarismo, la soberbia y la defensa de intereses mezquinos hacen un flaco favor a cualquier intento por poner la promoción de los derechos humanos al centro.
Por: Enrique Riobó Pezoa, Presidente de Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades.
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