¿Operadores políticos o funcionarios militantes?

En los últimos días, el debate público se ha orientado a cuestionar el mérito y conveniencia de emplear a estos (siniestros) personajes en la Administración Pública. Desde que tengo uso de memoria, recuerdo la eterna promesa de su inminente expulsión del jardín del Edén, sin embargo, aún están en el servicio público.

Entonces me pregunto: ¿Cuál es el perfil de un operador político? La respuesta no es fácil, puesto que, de partida, es necesario (y muy impopular) aclarar que no todos los operadores políticos son militantes, ni todos los militantes son operadores políticos. Esto es un principio básico de lógica y razonamiento. ¿Pero cómo? ¿Acaso ese 5% de la población no se colude diariamente para hacer nuestras vidas más miserables? Cristián Warnken, en una de sus columnas, donde critica a nuestra clase política, entrega la claridad necesaria, para responder a dicha interrogante: “También, por supuesto, hay militantes y funcionarios de gobierno de izquierda de sobrados méritos, técnicos idealistas y muy competentes, pero su aporte se ve ensombrecido por la tendencia atávica de la mayoría de los burócratas de sus filas a la improvisación y la desidia” 

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Hace tiempo, los partidos políticos dejaron de tener el patrimonio exclusivo de la participación ciudadana, sin embargo, nos guste o no, son indispensables para el funcionamiento de la democracia representativa.

En el principal texto de referencia sobre políticas públicas, también se habla de este tema: “Los partidos políticos subutilizan a sus cuadros técnicos, pese a la excelencia que éstos puedan demostrar después en el gobierno” (Lahera, 2008:103)

A pesar de la incredulidad de muchos, del mismo modo que pocos creían que Jesús podría resucitar a Lázaro, existen personas dentro de estas colectividades, con frecuencia, las bases, que rehúsan el rapiñeo de poca monta, al que los frecuentes escándalos nos tienen (mal) acostumbrados. Hace tiempo, los partidos políticos dejaron de tener el patrimonio exclusivo de la participación ciudadana, sin embargo, nos guste o no, son indispensables para el funcionamiento de la democracia representativa.

Navia, Joignant y Díaz (2012) entregan una definición, sobre lo que podría ser un operador político:

Se podría pensar en un grupo de cirujanos de alto nivel especializado en intervenciones quirúrgicas de gran complejidad sobre cuerpos severamente enfermos. Sin embargo, el mundo político alude mediante este término a individuos adiestrados en el cultivo de lealtades colectivas partidarias hacia algún líder, o más ambiciosamente, a actores especializados en la fidelización de electorados más o menos importantes. Se trata de un concepto bien estudiado por Arturo Valenzuela en su famoso libro Political Brokers in Chile. Si bien los operadores han sido públicamente denostados por moros y cristianos, no existen partidos políticos en Chile que no los acojan en su seno.

Jefaturas de gabinete, asesores, secretarios de algún diputado, son cargos tradicionales, en los cuáles, los operadores políticos deberían desempeñar sus labores. Sin embargo, no es raro verlos en Administración y Finanzas o Gestión de Personas, ahí hay un inconveniente. A estas alturas, se entiende que para un funcionario público es irrelevante si es militante o no, lo que hace ruido y escandaliza, es cuando utilizan sus cargos partidarios internos, durante el desempeño de la función pública,  para perseguir opositores o consolidar sus parcelas de poder, la distinción entre lo político y lo técnico no debe ser un muro, sino más bien un puente que sepa conciliar y regular ambas vocaciones.

Acá llegamos a lo medular del asunto, el poder de los operadores políticos, radica en su capacidad de movilizar votos, o como señalan muy diplomáticamente, los profesores de ciencia política, el cultivo de lealtades colectivas, frente a esa situación, hay dos soluciones felinas: El gatopardismo (Moulian, 2002) o ponerle el cascabel al gato.

El gatopardismo, consistiría en llamar a una comisión (cuoteada) de expertos en reforma y modernización del Estado, y consensuar medidas administrativas e iniciativas legales. Todos los avances se agradecen, aunque, por otro lado, ponerle el cascabel al gato, significaría reformar la Ley de Partidos Políticos y establecer inhabilidades en los estatutos de dichas colectividades, entre los cargos internos de representación nacional/regional y ciertos niveles jerárquicos de servicios públicos.

Los conflictos de interés son inevitables, sin embargo se pueden prevenir.

Asimismo, el acceso al empleo público, de acuerdo al Estatuto Administrativo, puede ser, mediante promoción interna, designación directa del jefe superior de la institución, o concurso público. No hay medias tintas, es importante proponer alternativas a la manera en que se abren oportunidades a los jóvenes profesionales, que tienen vocación de servicio público.

Como propuesta, es conveniente pensar en una segunda parte del programa Prácticas Para Chile , iniciativa liderada por el Ministerio de Hacienda, en conjunto con la Dirección Nacional del Servicio Civil.  Algo así, como una continuación que devenga en  una política nacional de inserción laboral en el sector público, tanto nivel central como municipalidades, que atraigan a los mejores titulados profesionales de las mejores universidades del país.

De este modo, para las nuevas generaciones de funcionarios públicos, será irrelevante su eventual pertenencia a algún partido político, pues el inicio de su carrera funcionaria, estaría construida sobre la base del mérito. Mientras tanto, nos guste o no, y habiendo entendido la diferencia, seguiremos conviviendo con funcionarios militantes, operadores políticos y demás animales de la fauna política.

Referencias bibliográficas

Lahera, Eugenio (2008) Introducción a las políticas públicas. Segunda edición

Navia, Joignant y Díaz (2012) Diccionario de la política chilena. Momios, upelientos y operadores

Moulian, Tomás (2002) Chile actual: anatomía de un mito.