En 1822 , para consolidar el proceso de Independencia de Chile, y para intentar calmar los ánimos de descontento de los políticos con O’Higgins, se llamó a la elección de una Convención Preparatoria de 32 diputados para escribir una nueva Constitución.
El texto aprobado en octubre de 1822 dice que el Gobierno de Chile será representativo y tendrá tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. También se declara que “todos los chilenos son iguales ante la ley sin distinción de rango o privilegio”.
Si bien el nuevo texto acotó el poder de O’Higgins, para la mayor parte de la poderosa clase dirigente chilena, las normas de la Constitución de 1822 hicieron que el gobierno de O’Higgins les resultara intolerable; finalmente el libertador debió dimitir su cargo en enero de 1823, y en los días finales de ese mismo año esta norma fue reemplazada por la Constitución de 1823.Este nuevo ensayo de Constitucion paso a la historia como la “Constitucion moralista” El texto constó de 277 artículos y fue llamada la constitución moralista por sus características normativas que dirigían las actividades de los ciudadanos. Por esta razón y su difícil aplicación en la sociedad de aquella época, fue suspendida en julio de 1824 y declarada insubsistente en diciembre de 1824.La historia no se repite pero permite observar que nada es tan simple ni tan fácil cuando se trata de establecer nuevos pactos sociales y que los caminos de cambios suelen ser pedregosos, con avances y retrocesos.
En los días finales del gobierno del Director Supremo Ramón Freire, el 4 de julio de 1826 se reunió un Congreso con el fin de preparar una nueva constitución. La mayoría de los miembros del Congreso eran partidarios de redactar un texto constitucional basado en los principios federales clásicos. El principal promotor del sistema federal fue José Miguel Infante.1
El Congreso, mientras tanto, al preparar el proyecto de Constitución, si bien siguió los lineamientos federalistas, al momento de precisar la forma de Estado (federal o unitario) no logró adoptar ninguna decisión, suspendiendo sus sesiones en mayo de 1827 —aparentemente con el fin de consultar a las provincias su parecer al respecto—.
Durante el receso del Congreso, se generó en Chile un gran rechazo hacia el federalismo, debiendo dejarse sin efecto las medidas tomadas para el establecimiento de un sistema federal. Por ello, en agosto de 1827, durante el gobierno de Francisco Antonio Pinto, se promulgó una ley que suspendió la aplicación de las leyes que habían instaurado el federalismo en Chile.1 Por otro lado estas leyes no mencionaban en ningún momento la religión que debía profesarse; ni la católica ni ninguna otra.
Un Congreso Constituyente liderado por políticos liberales propuso un nuevo texto constitucional. En esa época había un enfrentamiento de ideas entre conservadores, quienes preferían el centralismo, y federalistas; que creían en el poder independiente de las provincias y el poder descentralizado.
En 1828 nació la Constitución que le entregaba más autonomía a las provincias, que terminó con la esclavitud, estableció derechos como la libertad, la propiedad y la opinión, y que extendió el derecho a sufragio.
Finalmente todo este proceso histórico que precedió a la caída del gobierno de O`Higgins que para algunos historiadores se conoce como “anarquía” y para otros como “ensayos constitucionales” culminaría con la imposición de una nueva Constitución fruto del triunfo del bando conservador en la sangrienta batalla de Lircay. La antigua Constitución de 1828 fue reformada totalmente
Después de la Guerra Civil de 1830, se creó una Gran Convención integrada por 36 personas, diputados y ciudadanos “probos e ilustrados”, para redactar una nueva Constitución. Lo que buscaron fue darle más poder a las ideas conservadoras y autoritarias de Diego Portales.
En la Constitución de 1833 se entregaron muchos poderes al Presidente de la República, a quien se le empezó a llamar Jefe Supremo de la Nación: estaba a la cabeza de la administración y del gobierno del Estado. Esta es la Constitución que más tiempo ha durado en nuestro país, porque se promulgó el 25 de mayo de 1833, y estuvo vigente hasta el Golpe de Estado de septiembre de 1924.
La Constitución de 1925 fue la respuesta necesaria a la grave conflictividad social originada por la Cuestión Social y la descomposicion de un sistema parlamentario oligárquico que no era capaz de superar las nuevas realidades sociales.
Hasta 1973, la sociedad chilena construyó un nuevo proyecto basado en el desarrollismo y el Estado de Bienestar que permitió el avance y mejora de los nuevos actores sociales surgidos de la Revolución Industrial. El Golpe de estado de 1973 terminó con ese ciclo y en la lógica histórica de la Guerra Fría posterior a la Segunda Guerra Mundial se impone la Constitución de 1980, inspirada en la revolución neoliberal.
Desde la caída de la Dictadura militar en el Plebiscito de 1988, la camisa de fuerza de dicha Constitución impidió el avance y la superación de ese modelo neoliberal y poco a poco nuevas fuerzas entraron en contradicción para sacudirse de ese modelo.
El actual proceso constituyente, iniciado en octubre/noviembre de 2019, no es ajeno a las vicisitudes históricas que han existido en Chile respecto la redacción de constituciones, incluyendo sangrientas guerras civiles, y en comparación con nuestro actual proceso, es el Estallido Social y su secuela de violencia, heridos, y violaciones de los derechos humanos.
El primer intento comenzó con el segundo gobierno de Bachelet, que se plasmó con el proyecto presentado al final de su gobierno y que Piñera desechó.
El segundo se inicio con el Acuerdo de 19 de noviembre y que se cierra con el triunfo del Rechazo en el Plebiscito de Salida del 4 de noviembre.
Ahora se inicia una nueva etapa y se deberá perseverar en lograr un acuerdo que logre cerrar definitivamente el presente proceso constitucional.
La historia no se repite pero permite observar que nada es tan simple ni tan fácil cuando se trata de establecer nuevos pactos sociales y que los caminos de cambios suelen ser pedregosos, con avances y retrocesos.
El proceso de redacción de la nueva Constitución constituyó un notable avance respecto a la forma de su redacción, con la participación mayoritaria del pueblo y características democráticas del órgano constituyente, junto con avances en lo referente a derechos sociales, reconocimiento de pueblos originarios,diversidades sexuales e igualdad de género. Sin embargo aspectos relacionados con la coyuntura económica, visiones un tanto maximalistas en muchas de sus disposiciones, la configuración del sistema político, plurinacionalidad y sistemas de justicia, generaron tantas dudas que, finalmente, a pesar de los positivos aspectos que se plasmaron el el texto propuesto, este fue finalmente rechazado.
No obstante, el proceso no se termina en el Art 142, de la reforma constitucional, sino que se debe perseverar y tomar todos los aspectos ya avanzados para construir una nueva propuesta que logre generar amplias mayorías que permitan cerrar el ciclo y lograr obtener un plebiscito ratificatorio que logre concitar una gran mayoría, proclive a su aceptación
En el presente caso recurriremos al popular proverbio y diremos, sin temor a equivocarnos, y que a 50 años del quiebre institucional de 1973, tendremos una nueva Constitución “La tercera es la vencida”
Comentarios