Desde la UDI hasta el Frente Amplio- excepto el Partido Humanista y el Partido Comunista y FRVS- han firmado un acuerdo para el inicio del proceso constituyente, con un cronograma, procedimientos y plazos que permita que la ciudadanía defina en un plebiscito de entrada que se realizará en abril de 2020 y donde se harán dos preguntas: primero, si se quiere, o no, una nueva Carta Fundamental, y segundo, a través de qué mecanismo. Habrá dos opciones: a) Convención Mixta Constitucional -conformada por un número equivalente de parlamentarios y ciudadanos electos y b) una Convención Constitucional– con la totalidad de sus integrantes electos en una elección universal por los ciudadanos, lo que en la práctica supone una Asamblea Constituyente (AC) que tendrá, particularmente la opción b, la tarea de elaborar un texto de una nueva Constitución, desde una perspectiva de futuro y no en una perspectiva de una reforma de la actual que caducará una vez ratificado el nuevo texto, puesto que se requiere una Carta Magna para un nuevo ciclo político, social y económico.
Este acuerdo ha sido posible por la Revuelta de octubre, por los millones de personas que se han movilizado para protestar y exigir un Chile más equitativo y sin abusos, junto a la decisión de alcaldes y concejales de convocar a sus propios cabildos, acuerdo que tomó la Asociación chilena de Municipalidades (AChM) de realizar un plebiscito el 7 y 8 de diciembre sobre una nueva Constitución, frente a la reticencia inicial del gobierno para abordar el tema constitucional. Demanda que estaban haciendo también en forma transversal la sociedad civil.El acuerdo por una nueva Constitución abre un espacio de deliberación ciudadana a través de los cabildos. Ahora son los ciudadanos los que tienen la potestad de ejercer el poder soberano para plasmar el nuevo “contrato social”
Un acuerdo que les entrega a los ciudadanos la decisión de determinar si desean optar por tener una nueva Constitución o mantener la de 1980 y, en el caso que la respuesta sea afirmativa por una NC, qué tipo de mecanismo u órgano debería redactarla. La mayoría de la población, en elecciones universales y populares expresamente convocadas para tal efecto, determinará democráticamente si la Convención constitucional (AC) o la Convención Mixta cumplirá ese mandato: hacer una nueva Constitución, pero ambas opciones se generan con un plebiscito de entrada, elección de delegados constituyentes y con plebiscito ratificatorio de salida con voto obligatorio. La nueva Constitución no será elaborada, como plantean algunos críticos, en una “cocina”, sino en una formula altamente participativa de los ciudadanos.
El quorum acordado para aprobar las normas del nuevo texto constitucional debe contar 2/3 de los votos de los constituyentes en ejercicio. Esto significa que, como se parte de una “hoja en blanco”, sólo podrán aprobarse las normas del nuevo texto que cuenten con dicho porcentaje y, en caso de no obtenerse, obligará a que esas materias o temas objeto de disenso quedan fuera de la nueva Carta Magna, pasando a ser tratadas posteriormente como materias de tramitación de leyes con rango inferior al constitucional (simple mayoría) en el Parlamento. Ejemplo de eso, si un sector de los constituyentes pretende imponer en el nuevo texto el Estado “subsidiario” (art. 19 N°21 de la actual Carta Fundamental) tendrá que contar con la aprobación del 66% de los delegados (as), pero si hay un 34% que se oponga no estará esa norma en la Nueva Constitución.
La llamada “hoja en blanco”, por ende, termina y tira al basurero la constitución actual, la deroga orgánicamente, e inicia un proceso ciudadano para contar con reglas de convivencia cívica, sin los amarres que imponía la Constitución de Pinochet, para que ningún sector se imponga sobre otro sector. Nadie podrá imponer sus verdades únicas y rebeladas. Al contrario, se pretende que sea la “casa común” donde todos los chilenos y chilenas puedan convivir en un pacto común y no en un marco que se impone por la fuerza por los vencedores sobre los vencidos, que caracterizan a las Constituciones de 1833, 1925 y 1980. Ni tampoco con la argucia del creador de la de 1980, Jaime Guzmán, “la Constitución debe procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría”.
El acuerdo por una nueva Constitución abre un espacio de deliberación ciudadana a través de los cabildos. Ahora son los ciudadanos los que tienen la potestad de ejercer el poder soberano para plasmar el nuevo “contrato social” que establecerá las reglas de convivencia y los destinos del país en las próximas décadas. Es la hora de hablar, colectivamente, sobre qué principios y derechos; como también de los compromisos y deberes que republicanamente cada uno debería asumir, junto con exigir avanzar en la agenda social; de que los DD.HH vulnerados por Carabineros no queden impunes. Y de paso, rápidamente aprobar la ley que rebaja la dieta parlamentaria a la mitad.
Las violaciones a los derechos humanos que involucran a Carabineros (96% de las denuncias que ha recibido la Defensoría Jurídica de la U. de Chile) no pueden quedar impunes y deben ser esclarecidas y castigadas ejemplarmente, al igual que los perpetradores de saqueos y destrucción de bienes públicos y privados. La deficiente o nula formación y cultura respeto de los derechos humanos imperante en Carabineros requiere una urgente atención del Gobierno, incorporando programas efectivos de formación de oficiales, suboficiales y tropa para que sus conductas sean concordante con los derechos humanos, como lo especifican las convenciones internacionales al respecto firmadas por Estado de Chile, tanto en las manifestaciones como con las personas detenidas.
En relación a la función que desarrollara la comisión técnica que se abocará a determinar todos los aspectos indispensables para materializar el proceso de NC, es fundamental que establezca paridad de género y cuotas para los pueblos originarios para las listas que postulen delegados (as) a constituir el órgano constituyente y que los independientes tengan facilidades de postular como tales.
Las dificultades a que se enfrentará este proceso constituyente provendrán de ambos extremos políticos. En la extrema derecha ya están movilizándose bajo el liderazgo de J.A. Kast para votar “NO” a la nueva Constitución, con rayados en la vía pública y con su bots en las redes sociales para plantar la duda, copar los debates y conseguir alimentar los sesgos anti políticos, aprovechando la falta de legitimidad de las élites políticas que está en cuestionamiento. Para tal efecto recurrirán a la publicidad tipo Bolsonaro y del Trumpismo: visiones sesgadas para cultivar el miedo y el rechazo al cambio que utilizaran como sustrato de su estrategia. No tendrán ninguna intención de ser rigurosos con la información y los datos.
Mientras que en la ultra izquierda, a quienes les importa más la percepción que la realidad, ya empiezan a comportarse como dueños del pueblo. Es natural, entonces, que no logren concebir como legítimos representantes de la izquierda a miembros del Frente Amplio y el progresismo concurrentes al acuerdo para iniciar un proceso constituyente. La ensoñación de profundizar la anomia social para que diera paso a una salida extra institucional se les ha esfumado con toda la crudeza de un despertar traumático, por tanto, trataran de boicotear este proceso, utilizando pretextos falaces, con agresiones y funas a los que hasta ayer eran sus aliados y ahora consideran traidores, como le aconteció a Beatriz Sánchez este domingo en la Plaza Italia –atribuida a los “nietos” de Pamela Jiles- que persisten en no entender que el acuerdo alcanzado por una Nueva Constitución ha servido para incinerar la de 1980 y dejar en la UTI a los defensores del actual modelo social y económico.
Es de esperar que, al igual que el presidente del PC, Guillermo Teillier, que expresó que se van a sumar al proceso porque la Asamblea constituyente está en disputa, otros sectores que no firmaron el documento, se incorporen y aporten sus ideas y defiendan la Convención Constitucional -en la práctica la AC- en el plebiscito de entrada en abril 2020.
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