En los últimos meses el debate público ha estado muy marcado por cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana. Se han tramitado diversas iniciativas legislativas en las que ha predominado en gran medida un discurso de populismo penal y, lo que es peor, se han aprobado normativas que no afrontan los problemas de fondo y además pueden significar vulneraciones a los derechos humanos. El caso más claro es la aprobación de la denominada Ley Nain Retamal.
Las autoridades del Estado deben entender que no corresponde que legislen o adopten prácticas bajo el supuesto que para tener mayor seguridad debemos retroceder en el ejercicio de derechos fundamentales
Por otra parte, un número importante de candidatos y candidatas al Consejo Constitucional durante sus campañas enfatizaron los temas de seguridad con planteamientos que prometían mano dura contra la delincuencia y el narcotráfico. También en algunos casos relacionaron, sin mayor sustento, la inmigración con las políticas de persecución penal. Sin embargo, nada explicaron sobre cómo esas promesas se relacionan con el proceso constituyente, cuestión que no hace más que confundir a la ciudadanía.
Por lo tanto, es pertinente plantear algunas consideraciones sobre la relación entre “seguridad” y las obligaciones que tienen los Estados en materia de derechos humanos. En primer lugar hay que aclarar que ambos conceptos no son incompatibles. Al contrario, van de la mano en la búsqueda de mayor bienestar y justicia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es consistente cuando plantea que la seguridad ciudadana es una condición en la que las personas viven libres de violencia interpersonal y libres de abusos de actores estatales.
Considerando lo anterior, hay varios derechos que deben estar considerados en una política pública de seguridad ciudadana. Entre ellos, destacan el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y seguridad individual. También deben estar presentes los derechos a las garantías procesales, a la protección judicial, a la reunión y al disfrute pacífico de los bienes.
De esta forma, podemos señalar que el Estado, y particularmente la policía, tiene un papel relevante en garantizar que las personas vivan libres de riesgos para que puedan ejercer sus derechos y libertades. Esta importante responsabilidad estatal se debe cumplir con pleno respeto a los derechos humanos, sin excepciones ni atajos. Es decir, las autoridades del Estado deben entender que no corresponde que legislen o adopten prácticas bajo el supuesto que para tener mayor seguridad debemos retroceder en el ejercicio de derechos fundamentales.
De esta manera, preocupan algunas normativas y medidas como la prolongación excesiva de regímenes de emergencia, el despliegue constante de militares en tareas policiales, el énfasis legal punitivo y la naturalización de la elusión de responsabilidad de los superiores de las policías.
En definitiva, el llamado a las autoridades de todos los poderes del Estado y a los nuevos consejeros/as constitucionales es a que atiendan el problema de la delincuencia sin olvidar que los derechos humanos deben respetarse en todo momento, independientemente de la situación o circunstancia.
Por Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile
Comentarios
18 de mayo
«la seguridad ciudadana es una condición en la que las personas viven libres de … abusos de actores estatales»
Me parece un abuso lo que hacen los partidos políticos, secuestrando la democracia y convirtiéndola en una rifa de ofertones detrás del sillón dorado de la repartija de cargos, no habiendo habido ningún Gobierno que haya lograr hacer las cosas tan bien que por fin se haya terminado el asco por la gente que utiliza a la política para sus beneficios sin enriquecer al pueblo, sin organizarlo para competir, sin prepararlo para ser un ejemplo de diálogo que permite lograr imposibles que hasta ahora han sido y son el yugo y el látigo sobre la espalda del pueblo pobre, endeudado y abandonado.
¿Tan listos son que solo pueden crear un Modelo de desarrollo para unos pocos, pero, no son capaces de Mejorar este Modelo para que rente a todos?
O sea, ¿debemos entender que los whoms’ que nos han gobernado son una pobre tropa de incapaces que prefieren ver cómo se desangra el pueblo («por el que lloran cocodrilescamente») en ver de solucionar el problema?
Pueden usufructuar un modelo económico, muy esplendorosamente, unos pocos; otros menos, políticos, usufructúan una vaca sagrada que protegen por Ley, como cuchicuchis en la carnicería de la bolsa de Judas; ambos, coludidos, no abren la puerta de la democracia digital, que debiera ser un derecho, dando acceso a la alameda de las ideas estratégicas que debemos discutir, en vez de pesar el color de las chauchas de las migajas.
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