Conocida la generosa pensión de Myriam Olate, ex mujer de Osvaldo Andrade y retirada funcionaria de Gendarmería, la discusión comenzó a golpear al presidente de la cámara de Diputados. A algunos les parece lógico, ya que estuvo casado con la militante socialista, mientras otros miran esto como una oportuna maniobra política de la derecha.
Si nos detenemos en lo último, habría que decir que parecen curiosos los argumentos de un sector acerca de las pensiones. Sobre todo por la manera en que rasgan vestiduras al poner como ejemplo las precarias jubilaciones de los chilenos de a pie, cosa que no deja de ser cierta. ¿Pero no es ese acaso un problema al que nunca ellos habían puesto atención? ¿No son ellos los que defienden las AFP como un dogma de fe?Porque sería bueno preguntarse hasta cuándo algunos funcionarios públicos que trabajan en instituciones de dichas características se rigen bajo otras condiciones que quienes trabajamos en otras partes.
En fin. Suena curioso. Como curioso es también ciertamente que una persona que trabaja para el servicio público reciba una jubilación de cinco millones de pesos. ¿Pero es Osvaldo Andrade quien tiene que contestar? ¿Es él el que tiene que aparecer hablando por su mujer, como si ella no pudiera defenderse? Parece extraño. Sobre todo en días en que las mujeres pelean por sus derechos y porque las traten como adultas y no como una extensión de la costilla del hombre.
Sin embargo nadie dice nada. Todos esperan que Andrade aparezca hablando de su ex pareja, que la defienda o que la reproche en público asegurando que no se repetirá, que si sigue cobrando la pensión se irá castigada sin almorzar dos días. ¿A nadie le llama la atención esto? ¿Nadie cree en la autonomía de Myriam Olate? Al parecer no.
El mandamás de la cámara de Diputados también tiene culpa en esto. Sus declaraciones para defenderse no han sido lo suficientemente prudentes, ya que ha salido al ruedo como salen esos viejos patriarcas familiares a defender lo suyo. “A los míos no los tocan”, pareciera decir en sus apariciones, mostrando así la típica actitud del macho chileno.
Pero detenernos en ello sería relativizar algo bastante más importante: los beneficios político económicos de los que gozan funcionarios públicos que tienen una clara definición ideológica relacionada con el orden y la seguridad.
Porque sería bueno preguntarse hasta cuándo algunos funcionarios públicos que trabajan en instituciones de dichas características se rigen bajo otras condiciones que quienes trabajamos en otras partes. Es cierto que son trabajos distintos, ¿pero el resultado de los beneficios de las Fuerzas Armadas es debido a eso o a un triunfo político? Es decir: ¿no es esta una manera bastante evidente de demostrar, una vez más, que en Chile se legisla solamente sobre la base de los caprichos militaristas de un sector?
Son preguntas que quedan dando vueltas y que solamente salen al ruedo cuando se presentan algunos casos particulares, sin así detenernos en totalidad del régimen de pensión que rige a los uniformados. Y es que pareciera que detenerse en algunos casos es políticamente más beneficioso para los acusadores en este caso específico. Ya que si hacemos historia-rama de la ciencia social que no es muy conveniente para nuestras elites- podríamos llegar a la conclusión de que hay una lógica de transición que sigue latiendo en nuestro hemiciclo a la hora de tratar ciertos temas.
Por lo tanto, sería bastante más inteligente e interesante que el tema se debatiera desde esa perspectiva. Pero sobre todo que se boten por la borda ciertas concepciones antidemocráticas acerca de algunas instituciones que poco tienen que ver con la realidad, como por ejemplo que gozan de cierta virtud al usar esos trajes muchas veces manchados con sangre.
Ese es el tema real que hay que poner sobre la mesa para darnos cuenta que, salvo los gendarmes, tenemos una gran cantidad de hombres con medallas y títulos honoríficos de cartón que hace años no hacen ninguna labor importante, y sin embargo son defendidos por una Constitución y una legalidad que ellos mismos construyeron a base de ilegalidades. Ese es el debate que hay que dar, ya que no se quiere admitir que aún vivimos en un país en donde la política resguarda al partido del orden cultural que rige los cimientos de esta peculiar democracia.
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