Municipalidad de Maipú: Cathy Barriga y los errores no forzados

Los ánimos en la Municipalidad de Maipú no son los más tranquilos. El comienzo del mandato de Cathy Barriga como alcaldesa en 2016 parecía ser un punto de quiebre en comparación con los anteriores mandatos. Con los problemas de Alberto Undurraga (2004-2012) y Christian Vittori (2012-2016) sobre el Caso Basura, la llegada de Barriga iba a ser para muchos la reivindicación de una comuna importante en la Región Metropolitana.

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Tanto ella como su equipo político han realizado una cantidad inusual de torpezas que lo único que generan es el hundimiento lento pero constante de la gestión municipal en Maipú y de la vida cívica activa.

Pero la situación es distinta. A partir del comienzo de su período la alcaldesa y su equipo han cometido sucesivos errores no forzados, unos de carácter político y otros que simplemente son merecedores de denuncia. El último –y el más connotado–: las millonarias indemnizaciones que ha pagado la municipalidad por despidos injustificados. Realizados a fines de 2016 –siendo en principio muy apoyados–, los tribunales se han encargado cuestionar el peso de los fundamentos de la municipalidad. Acusando la existencia de “trabajadores fantasmas” contratados en el período de Vittori, Barriga despidió 470 funcionarios por exceso de contratos. No obstante, si el número de funcionarios al comienzo del período de la alcaldesa era de 3.965 (2.737 a honorarios), en abril pasado las cifras eran 3.945 y 2.691 respectivamente. Es decir, no hay diferencias sustanciales entre un período y otro, por lo que la justificación de Barriga es insuficiente. Esto ha significado que la Municipalidad de Maipú haya pagado alrededor de 920 millones de pesos sumando todas las demandas ganadas por los exfuncionarios (sin contar las cotizaciones impagas por AFP, salud y seguro de cesantía, que triplican el monto). Según proyecciones de concejales, el costo total por indemnizaciones sería en torno a 20 mil millones de pesos, un sexto del patrimonio de la municipalidad.

Aquello implica una irresponsabilidad importante por parte de la alcaldesa y su equipo, puesto que no colocaron atención a la dirección que ha tomado la jurisprudencia en este último tiempo en favor del trabajador en casos de despidos a trabajadores con contrato a honorario con el Estado: los tribunales han reconocido vínculos de subordinación y dependencia fácticos entre funcionario y empleador, independiente de las estipulaciones del contrato, fallando por ende en favor del funcionario en casos de despido injustificado (ejemplo de ello es el fallo rol N°11.584-2014, entre Juan Pablo Vial contra Municipalidad de Santiago, representada por –en ese entonces– Carolina Tohá). Es decir, miles de millones de pesos de patrimonio público serían destinados solo para pagar platos rotos por acciones negligentes de la alcaldesa Barriga, siendo que existía precedente de lo que podía ocurrir.

A esto se suma el problema en la licitación de la recolección de la basura, en donde a diversos barrios maipucinos no se les recogió la basura –algunos por semanas– atribuyéndole Barriga la irresponsabilidad a Dimensión S.A. (la empresa que terminó contrato para recolectar basura el 4 de octubre pasado). En ese lapso, el Diario La Batalla constató el depósito de desechos por vehículos municipales, siendo para el profesor de derecho y excandidato a diputado Ricardo Camargo una “grave negligencia por el peligro de la comuna en caer en un estado de emergencia salubre”.

Seguimos: una denuncia en Contraloría por falta de probidad al promocionar lentes de Influencers Sunglasses, empresa donde es rostro, en la Feria Fuerza de Mujer; exceso de gastos en la presentación de la cuenta pública de la municipalidad (cerca de 48 millones de pesos, 28 millones más que los gastados por Las Condes y 35 más que Providencia); la intervención al Cerro Primo de Rivera (conocido como Cerro 15, patrimonio nacional desde 1991) sin la autorización de la Intendencia Metropolitana ni del Consejo de Monumentos Nacionales de Chile; las reiteradas inasistencias a los concejos municipales; la acusación por la utilizar recursos municipales para las campañas del presidente Sebastián Piñera y el diputado Joaquín Lavín, su esposo.

La última: la resolución de Contraloría que frenó el uso excesivo de la imagen personal de la alcaldesa en la difusión de actividades municipales, ya que ello podría significar un empleo de recursos públicos en beneficio personal o ajenos a los institucionales. Es un largo etcétera.

A fines de 2018 se cumplirá la mitad del período de Barriga, conocido más por sus polémicas. Tanto ella como su equipo político han realizado una cantidad inusual de torpezas que lo único que generan es el hundimiento lento pero constante de la gestión municipal en Maipú y de la vida cívica activa. Siendo la comuna más poblada de Chile, hace 14 años no puede vivir con tranquilidad debido a las acciones –unas polémicas, otras derechamente ilícitas– de tres alcaldes caracterizados por una apariencia de rigurosidad en el cargo, pero que realmente son el reflejo de la política en nuestro país: la falta de probidad y transparencia, la irresponsabilidad en los actos, los personalismos para obtener escaños en cargos públicos, el exceso de la utilización de propaganda para fines personales y una indiferencia con la ciudadanía.