Migración en Chile, un aporte al debate actual

Los procesos migratorios han estado presentes en las distintas regiones del mundo a lo largo de la historia, no obstante, durante los últimos años se ha producido un aumento significativo de desplazamientos humanos a nivel mundial. En Latinoamérica, desde el año 2003 al 2017 se vivió un proceso denominado la “humanización de la migración”. En este periodo los Estados de la región reformularon sus leyes desde una mirada cercana a los derechos humanos y generaron instrumentos regionales que les permitieron establecer estándares y avanzar así en una modernización de políticas y leyes migratorias. Además, debido a la articulación generada por los múltiples acuerdos que se llevaron a cabo durante este proceso, como el acuerdo de residencia de Mercosur del año 2009, se facilitaron las posibilidades de regularización y residencia para los nacionales de los Estados que integraron estos pactos. Fuera de esta tendencia reformista y comprometida con los derechos humanos, quedaron los Estados de Chile y Colombia.

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Urge establecer en Chile una política migratoria acorde a las necesidades y realidades sociales actuales, teniendo siempre por delante datos objetivos que permitan tomar decisiones a nivel de Estado y no a los vaivenes de las políticas de gobiernos de turno

Pese a los avances vividos entre el año 2003 y el 2017, durante los últimos años con el triunfo electoral de sectores de derecha conservadora en la región se han producido procesos de contrarreforma donde principalmente a través de la utilización de decretos, varios países han ido limitando y restringiendo lo que se había logrado en materia de derechos reconocidos a personas migrantes.

Chile es uno de los países con políticas migratorias más restrictivas, junto con esto uno de los que consagra un número menor de derechos a personas migrantes extranjeras a nivel constitucional. Esto en parte se explica porque la legislación actual sobre migración data del año 1975, con un país viviendo los primeros años de dictadura, por lo que existe consenso en que es una ley obsoleta y que no permite hacerse cargo de buena forma del fenómeno de la migración.

Actualmente, en el congreso se encuentra en discusión la reforma a la ley de migración y extranjería, por esto resulta necesario aportar al debate público con información veraz que aporte a derribar ciertos mitos y promueva una integración armónica de las personas migrantes en el país receptor.

1) Magnitud de la migración extranjera en Chile

En los últimos años Chile ha recibido un número importante de inmigrantes lo que ha significado un aumento de menos de un 3% para el año 2015, a un 8% en 2020, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Sin embargo, esto posiciona al país en una posición bastante inferior en el ranking de porcentaje de inmigrantes a nivel mundial, cercano al puesto número 100 según datos de las Naciones Unidas. Si comparamos dentro de la OCDE, Chile se encuentra debajo del promedio, ubicándose en el lugar número 26 según porcentaje de inmigrantes. A nivel Sudamericano, Chile ocupa el tercer puesto en cantidad de inmigrantes, atrás de Argentina y Colombia, datos que nos mostrarían de la instalación de un discurso poco coherente de los números reales, elemento que a nivel social solo aporta a un aumento del racismo, xenofobia y por consiguiente dificultades para una integración armónica.

2) Ineficacia de las políticas restrictivas

Los procesos migratorios actuales se han caracterizado por no ser voluntarios, sino que marcados por las dificultades sociales, políticas o económicas por las que atraviesan un gran número de países, por lo que resulta pertinente entender que el camino de las políticas restrictivas que ha tomado Chile no contribuye a disminuir la cantidad de migrantes y la evidencia empírica lo respalda. Apostar por controles fronterizos estrictos entendiendo la imposibilidad de llevar a cabo esto debido a la geografía del país, y apostar por políticas centradas en aumentar barreras burocráticas migratorias, solo contribuye a que quienes entren al territorio residan bajo la irregularidad, lo que los lleva a trabajar sin derechos formales, poniéndolos en una posición frágil, marginalizada y desamparada. Cabe recordar la reciente experiencia del año 2012 cuando se aumentaron las barreras migratorias a dominicanos que residían en el país. En este caso, en vez de reducir la inmigración, el visado que se impuso desreguló el proceso migratorio, lo que terminó generando entrada irregular, trata de personas y exclusión del mercado laboral formal. Sin embargo, pese a lo que demuestra la evidencia al respecto, pareciera ser que las políticas restrictivas siguen siendo el camino para el gobierno. Para el año 2018, el presidente Sebastián Piñera implementó dos decretos ejecutivos relacionados con la inmigración, los cuales apuntaban en discriminar la entrada al país a personas de las nacionalidades haitiana y venezolana, además de cerrar la puerta a personas de menores ingresos, y en el último año esta dinámica se ha mantenido al enfrentar la migración haitiana desde un carácter restrictivo y expulsor. Frente a esto resulta necesario ampliar la discusión migratoria e incorporar los argumentos que señala tanto la literatura al respecto como las experiencias en Chile y otros países para avanzar en un marco jurídico que se pueda hacer cargo de la realidad sin dejar de lado los derechos de los inmigrantes que llegan al país buscando un mejor devenir.

3) Costos de programas de expulsión de inmigrantes

El control migratorio a nivel nacional ha planteado dos mal llamadas soluciones; la primera, la expulsión y la segunda la regularización. Frente a la expulsión discursos de sectores conservadores han buscado instalar en la opinión pública la urgencia de avanzar en programas dedicados a llevar a cabo estos procesos de expulsión, ya en el año 2018, José Antonio Kast exigía la expulsión de inmigrantes clandestinos, sin hacer explícito lo que implica a nivel de costo para el Estado llevar adelante este tipo de políticas que no solo son ineficaces, sino también ajenas a cualquier consideración de humanidad. Si revisamos el caso de EE. UU., entre el año 1986 y el año 2013, según datos del Migration Policy Institute, gastó 187 billones de dólares en el programa Inmigration Enforcement dedicado a la expulsión de inmigrantes. Pese a esta cantidad exorbitante de dinero, nunca ningún gobierno de Estados Unidos desde 1990 hasta la fecha ha expulsado a más del 4% de inmigrantes. Siguiendo esta línea, en España, según datos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, el Estado español gastó 45,1 millones de euros entre mayo de 2004 y octubre de 2006 en expulsiones y devoluciones. En el caso italiano, se calcula que en el año 2005 cada expulsión costó 3607 euros, sin contar el coste previo de internamiento. En Francia, se estima que el costo de las expulsiones entre 2002 y 2007 fue de 3.000 millones de euros. Finalmente, podemos considerar el gasto que la propia Unión Europea ha hecho, entre 2008 y 2013 el fondo europeo de retorno fue dotado con 676 millones de euros y según datos del Eurostat de 2018, al igual que Estados Unidos, pese al gasto excesivo que significan estos programas para el Estado, nunca se han expulsado a más del 4% de inmigrantes. Es por esto que resulta necesario evidenciar que expulsar, además de ser una medida que atenta contra los derechos básicos de una persona, es costosa, lleva mucho tiempo y en algunos casos puede llevar a conflictos con otros Estados.

Urge entonces establecer en Chile una política migratoria acorde a las necesidades y realidades sociales actuales, teniendo siempre por delante datos objetivos que permitan tomar decisiones a nivel de Estado y no a los vaivenes de las políticas de gobiernos de turno, asegurando siempre un profundo respeto a los Derechos Humanos y promoviendo el desarrollo de una sociedad que garantice procesos reales de integración principalmente desde la garantía de derechos sociales.