Más parlamentarios y miserables pensiones de las AFP

José, el locuaz hermano mayor del presidenciable Sebastián Piñera, dice que él fue el creador de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), aunque otros ingenieros comerciales que ejercieron funciones públicas en la dictadura de Pinochet lo contradicen con documentos en la mano. El hecho es que en el año 1981 se publica la ley Nº 3.500, con la cual se inició la privatización de las jubilaciones aunque se mantenía y se mantienen las pensiones de reparto. Como en aquella época existían incentivos y mucha propaganda televisiva para cambiarse a las AFP, la inmensa mayoría de los trabajadores se trasladaron al nuevo procedimiento con su “bono de reconocimiento” en la mochila.

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La relación de parlamentarios por número de habitantes en Chile, a contar de esta reforma, sería uno de los más altos de la Región.

Ahora bien, a todos aquellos que jubilaron trabajando 30, 35 o 40 años, cotizando ininterrumpidamente, sin “lagunas” impositivas, el sistema de AFP les ha servido y pueden estar satisfechos con los retiros programados o con las rentas vitalicias que reciben mes a mes. Sin embargo, no sucede lo mismo con la inmensa mayoría de la gente que, por diversas razones, no pudo cotizar regularmente; la situación es muy tremenda para aquellos abuelos más pobres que, estando en las AFP, reciben pensiones de hambre, por ello el Gobierno desea aumentar el “pilar solidario”, aunque no sabe todavía de qué manera.

Pues bien, el 22 de abril  de 2014 Bachelet, con el acuerdo de todos los partidos políticos, tomó la decisión -posterior Ley Nº 20.840- de reemplazar el actual sistema binominal por uno proporcional, aumentando los cargos de diputados de 120 a 150 y los cargos de senadores de 38 a 50, legislación que empieza a operar en la próxima elección parlamentaria.

Así las cosas, aunque el edificio del Congreso Nacional no cuente todavía con el certificado de recepción final que debe otorgar la Dirección de Obras de la Municipalidad de Valparaíso, situación ilegal que esperamos se resuelva a la brevedad, puesto que para acoger a los nuevos parlamentarios se deberán ejecutar varias remodelaciones al interior de esa edificación para soportar la futura nueva carga de ocupación, asunto que no es baladí.

El costo de este aumento de parlamentarios para el país y el erario fiscal (presupuesto de la Nación), en el ítem comprendido en el Congreso Nacional, implicará un cargo al actual presupuesto de $10.273 millones al año -en el caso de la Cámara de Diputados- y un total aproximado de $3.500 millones -en el caso del Senado-, sumas que incluyen dieta parlamentaria, gastos de representación, oficina, movilización y demás ítemes que componen la función parlamentaria, cifras que casi llegan a los $14.000 millones al año.

Pero no podemos perder de vista que el país está pasando por un período de vacas flacas y el acuerdo de la corporativa casta política para aumentar los cupos parlamentarios fue antes de que se conocieran los escándalos del financiamiento empresarial a aquellos que votaron favorablemente esa ley. La situación de las boletas y facturas falsas cursadas por ellos o por sus testaferros a las grandes empresas es una verdadera impudicia, la que ha traído una total pérdida de confianza y falta de legitimación de dichos legisladores. Ante la situación descrita, consideramos que es innecesaria la aplicación de dicha ley, por lo menos, a partir de las próximas elecciones, teniéndose en cuenta que la relación de parlamentarios por número de habitantes en Chile, a contar de esta reforma, sería uno de los más altos de la Región.

Los más vulnerables adscritos al sistema AFP no pueden seguir esperando y como el deterioro económico de las rentas nacionales es una realidad insoslayable, se debe decidir con la razón, prorrogando para el subsiguiente periodo parlamentario la Ley Nº 20.840 o, en su caso, lisa y llanamente, eliminar el aumento del número de parlamentarios establecido a partir del próximo periodo legislativo, ya que el sistema proporcional se puede implementar con la actual cantidad de parlamentarios.

Estimamos que lo propuesto es éticamente correcto y por ello el distintivo establishment político-empresarial del 0,1% de la población del país tiene que decidir, ya que los $14.0000 millones anuales son indispensables para aumentar el pilar solidario y así mejorar de verdad las pensiones de aquellos que las tienen excesivamente bajas. Recordemos que los ingresos mensuales de los parlamentarios, incluyendo sus pitutos varios, oscilan entre los $15.000.000 y los $17.000.000 y muchos pensionados de las AFP reciben menos del 1% de esas espectaculares cifras.