Diversos columnistas han criticado las reformas estructurales impulsadas por la Presidenta Bachelet imputándole una “errónea lectura de la realidad” y que éstas no responderían a demandas sociales reales. Esta crítica se ha fundamentado tanto en datos proporcionados por sondeos de opinión pública como en deducciones analíticas sin respaldo empírico alguno.
Los resultados electorales de la primera vuelta en la elección presidencial parecen desmentir estas críticas. Igualmente, datos duros proporcionados por estadísticas nacionales y estudios académicos muestran la desmerecida situación de una gran mayoría de la población. Es esta comprobada realidad la que permite explicar de mejor forma las sorpresas del 19-N.
Una de las principales consecuencias de los concentrados beneficios del desarrollo económico nacional ha sido la devaluación de la promesa de mejores ingresos a mayor educación, lo que ha generado una contradicción entre esfuerzo individual y recompensa personal. Analizando las diferencias existentes entre los niveles de educación e ingreso, la encuesta Casen (desde 2006 a 2015) muestra que en el último lustro la correlación entre educación e ingresos ha disminuido. Esto estaría asociado a la ampliación masiva de la educación superior con la consecuente depreciación de los títulos por el aumento de la oferta, el aumento cada vez más lento de los ingresos autónomos y la concentración de los mismos.
Ya en los noventa se observaba que la ampliación de la matrícula universitaria mantenía sesgos socio-económicos: “a pesar de la mayor participación de todos los grupos socioeconómicos en el sistema postsecundario, los estudiantes de ingresos medios y altos obtuvieron acceso a la educación superior de manera desproporcionada en comparación con los grupos de ingresos bajos, medio-bajos y medios durante el periodo 1987-1998” (Espinoza, 2008). Posteriormente, “en el intervalo 2006-2011, la tasa interna de retorno de la educación superior proyectada y comparada en dichos años, no mejora la situación del individuo, mostrando un valor de -15,47%, existiendo una pérdida del poder adquisitivo” (Améstica, Llinas-Audet & Sánchez, 2014). Un año más tarde, otro estudio apuntaba en la misma dirección: “el aumento educativo que han experimentado las generaciones más jóvenes [no está] acortando el alto nivel de desigualdad económica” (Rodrigo, 2015). De esta forma el ideal meritocrático de a mayor educación mejores ingresos se ha visto cuestionado.Una de las principales consecuencias de los concentrados beneficios del desarrollo económico nacional ha sido la devaluación de la promesa de mejores ingresos a mayor educación.
La situación descrita ha tenido importantes efectos sociales consolidándose un grupo de ciudadanos con una educación sobre el promedio nacional y un ingreso autónomo bajo el promedio. La Casen muestra que este grupo llegó al 36,4% en la población total en 2015. Por su parte, aquellos que tienen bajos niveles de educación e ingresos representan un 35,2% en el mismo año. Considerando que ambos grupos tienen “intereses objetivos” en la modificación de sus condiciones de vida, la demanda potencial por políticas públicas que aseguren mayor igualdad bordea los dos tercios de la población. A esta situación se le agrega la “riqueza negativa” (hogares endeudados sin activos), que el Banco Central estima en un 83% en el primer quintil; un 28% en los menores de 35 años; el 47% entre los no propietarios; y en un 17% en la población total (Martínez & Uribe, 2017).
Se ha comprobado que esta discrepancia entre la percepción ciudadana de sí mismo con atributos superiores (educación) e injustamente en desventaja respecto de otros con recompensas mayores (salario) produce una deprivación relativa que lleva a conductas políticas pro cambio del orden establecido (Varas & Contreras, 2015). Desde la psicología social, esta reacción ya fue diagnosticada por Freud (“El porvenir de una ilusión”,1927): “Cabe esperar que estas clases relegadas envidien a los privilegiados sus prerrogativas y lo hagan todo para librarse de su ‘plus’ de privación. Donde esto no es posible, se consolidará cierto grado permanente de descontento dentro de esa cultura, que puede llevar a peligrosas rebeliones”. Es esta deprivación relativa la que indudablemente explica el 55% de ciudadanos disconformes con la aguda desigualdad social que caracteriza al país, descontento canalizado a través de diversos partidos, coaliciones y liderazgos.
La responsabilidad de quienes han recibido un claro mensaje por los cambios se acrecienta frente a la segunda vuelta presidencial. Es de esperar, entonces, que la “lectura” de una salida política por quienes han recibido este mandato sea la que corresponde a esa unitaria demanda política y social.
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