No es razonable intentar hacer creer a los ciudadanos que se acabó o se redujo la delincuencia; que ya nadie espera atención de enfermedades AUGE en los hospitales; o que en 2 años el número de pobres se redujo más que en los últimos 6 años. Nadie que haya estado en funciones públicas puede exigir a una autoridad cuyo período es de 4 años cambios estructurales e inmediatos en los indicadores de delincuencia o pobreza. Una buena gestión implica reducciones graduales y estadísticamente sustentables.
Hace algún tiempo publiqué en mi blog y por medio de una carta en un periódico de circulación nacional mi molestia y preocupación producto de que el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, había presionado al equipo técnico del INE para realizar cambios en la metodología de medición de la ENUSC, principal instrumento de medición de la victimización en Chile. En aquella oportunidad, denuncié que, a petición de su mandante (interior) el INE había cambiado el tradicional mes de medición de la encuesta (septiembre) por octubre, dejando fuera un mes de particular relevancia para el fenómeno delictivo. Luego, se permitieron eliminar casi un centenar de preguntas relativas a la caracterización de los delitos y se cambiaron las formas de validación y corrección de la pregunta sobre victimización general. Todo lo anterior se llevó a efecto sin ninguna consulta a las entidades académicas transversales a fin de validarlas política y técnicamente. Lo más grave fue la decisión del INE de no realizar un pre test para evaluar las eventuales alteraciones que dichos cambios pudieren producir en la encuesta. Así y todo, los resultados fueron peores de los esperados por el gobierno.
Cuando planteé esto, la única respuesta de parte de la autoridad de interior fue una descalificación política sin, hasta la fecha, dar respuesta técnica al cuestionamiento especializado que realicé.
Luego fue el turno del Ministerio de Salud. En un megalómano evento, el ministro de la cartera anuncia con particular efusividad el término de las listas de esperas AUGE. Extraño nos parecía a muchos quienes en nuestros distritos oímos a diario reclamos por los retrasos en las atenciones de enfermedades AUGE. Fue la propia Contraloría la que dejó en evidencia, luego de revisar aleatoriamente 6 hospitales, que el 44% de las supuestas soluciones a las listas de espera habían sido por secretaría; es decir, nunca atendieron a esas personas y las sacaron “administrativamente” del sistema. Para decirlo en fácil, más de 4 de cada 10 personas de las listas de espera fue borrada del sistema sin recibir la atención garantizada.
Hoy es la encuesta CASEN la que aparece cuestionada. Lamentablemente se instaló un manto de dudas respecto de los cambios introducidos por las actuales autoridades y su influencia en los resultados. Frente al cuestionamiento técnico, la autoridad se mostró molesta y descalificó a los cuestionadores, apelando a su filiación política. Semanas después, es el mismo ex jefe de estudios del Ministerio de Desarrollo Social (UDI) quien admitió que cuando recibieron los resultados de la encuesta de parte de Cepal que señalaban la estabilidad en los indicadores de pobreza, a petición del Ministro Lavín introdujeron una nueva pregunta y consideraron un bono como parte de los ingresos permanentes a fin de “mejorar” los resultados. Para decirlo en fácil: si no se hubiere incorporado la pregunta “sugerida” por Lavín, la pobreza seguiría en 15,5% y no en 14,4%, como arrojó la medición.
Tenemos tres casos que involucran a tres ministerios distintos y donde la institución que produce los indicadores son diversas. El INE, en el caso de la ENUSC de Interior; Fonasa, en el caso del Ministerio de Salud y Cepal, en el caso del Ministerio de Desarrollo Social. Lo anterior nos refleja que parece extraño que diversos ministerios y entidades emisoras de estadísticas tengan una conducta común. Pero habida consideración que en los tres casos se realizaron puestas en escena para resaltar los resultados y que involucraron a la figura del Presidente de la República, me permito concluir que se trata de una articulación pensada y ejecutada en el Palacio de La Moneda. Se trata probablemente de aquellos asesores que por “exceso de entusiasmo” pretenden congraciarse con el Presidente de la República dándole “buenas noticias” donde realmente no las hay.
No es razonable intentar hacer creer a los ciudadanos que se acabó o se redujo la delincuencia; que ya nadie espera atención de enfermedades AUGE en los hospitales; o que en 2 años el número de pobres se redujo más que en los últimos 6 años. Nadie que haya estado en funciones públicas puede exigir a una autoridad cuyo período es de 4 años cambios estructurales e inmediatos en los indicadores de delincuencia o pobreza. Una buena gestión implica reducciones graduales y estadísticamente sustentables.
Realizar cambios en las metodologías, preguntas o criterios de ponderación en los instrumentos de medición constituye una imprudencia que permite cuestionar el instrumento con el consiguiente daño que se le hace a la institucionalidad. Las autoridades deben comprender que están de paso y que acciones como esas afectan al estado más allá de la autoridad de turno. Afectar la comparabilidad de los instrumentos de medición sólo afecta la seriedad de la forma de ejercer la conducción de las políticas públicas y relaciona a Chile con aquellos países que prefieren acomodar las cifras para aparentar mejoras y obtener rentabilidad política de corto plazo sin darse cuenta de que el daño que provocan en el mediano y largo plazo es considerablemente mayor. Conocer la realidad delictual y la caracterización de los delitos permite focalizar la acción preventiva y mejorar procesos en las instituciones que intervienen en el flagelo delictual. Asumir que los hospitales carecen de la capacidad para atender a la totalidad de las personas afectadas por enfermedades AUGE permitiría aumentar los recursos públicos destinados a ayudar s dicho ministerio. Por último, conocer que la pobreza no ha caído habría permitido un gran acuerdo nacional para focalizar recursos en los más pobres y la creación de nuevas metodologías de intervención social en ayuda de los más desposeídos.
Es lamentable lo que estamos viendo. Un país dividido ya no sólo por la forma de pensar o el camino para solucionar los temas más relevantes del país; sino por la forma en que vamos a medir dichos flagelos. Es hora de terminar con esas diferencias y ponernos de acuerdo de una vez por todas en las formas de medición y dejarlas en manos de instituciones autónomas, independientes del poder político de turno donde la autoridad sectorial se entere de los resultados en el mismo instante que lo hace la ciudadanía y así evitar cualquier especulación al respecto.
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Foto: Tatón – Tolón / Licencia CC
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