No nos debiera extrañar que los programas políticos intenten fundamentar sus propuestas sobre la base de evidencia o análisis científicos. Es más, en la sociedad hipercompleja en que vivimos, sería de esperarse que la política llevara más a la mesa a la ciencia, para darle un cable a tierra de realidad a sus debates, y contrastar promesas e ideales con la medida de lo empíricamente posible y comprobable. Sin embargo, estas anclas epistémicas de la política debiesen siempre asentarse en el terreno sólido del rigor científico y no en las arenas movedizas de las tergiversaciones equívocas apoyadas en terminología rimbombante. Esto es aún más cierto cuando se elige recorrer a teorías de vanguardia, que pueden ser tan esclarecedoras para quienes las saben emplear como espejismos para los no iniciados. Así, al leer las recientes columnas publicadas en La Tercera por Pablo Ortúzar, “Politizar la política” y “Modernidad mapuche: un camino de salida”, nos quedamos, desafortunadamente, como quien pide un vaso de la mejor cerveza que tiene la barra y la descubre caliente y aguada.
Por un lado, la primera columna, se propone buscar la “raíz común” de las candidaturas de Sebastián Sichel y José Antonio Kast. Esta opción parece en principio llamativa porque propone conceptos poco usados de las ciencias sociales, tales como aquellos contenidos en la teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann para sostener su punto. Por otra, la segunda utiliza el diagnóstico de diferenciación funcional de este autor para indicar la necesidad de una expectativa de modernización mapuche.El desafío para Chile es la primacía del sistema económico y su capacidad de reducir la autonomía de otros sistemas parciales, con lo que termina condicionando sus operaciones a su código particular: pagar o no pagar.
Esta teoría, poco conocida fuera de los círculos especializados, se destaca por ponerse la ambiciosa tarea de proveer una teoría general de la sociedad, que explica cómo ésta logra crear y mantener estructuras pese a la creciente complejidad de las relaciones sociales, y proporciona en particular una comprensión particular de la modernidad, entendida como el progresivo proceso de aumento de complejidad de la sociedad que se “diferencia el trabajo” en múltiples ‘sistemas funcionales’ (política, ciencia, economía, derecho, religión etc.) cada uno de los cuales cumple una particular función y opera de acuerdo con sus propias lógicas en gran parte autónomas respecto de las de los demás.
Sobre esta base, Ortúzar argumenta en la primera columna que ambos programas presidenciales se unen en “la defensa de la diferenciación funcional del orden social” y en la convicción que “la política debe ser acotada y puesta al servicio de los demás sistemas sociales”. De manera similar, en la segunda apunta que, dado que la diferenciación funcional favorece “un conjunto de estándares relativos a los derechos humanos, libertades individuales y colectivas, y bienes públicos”, entonces debe promoverse “el florecimiento de la cultura mapuche en los límites de lo probado bueno en occidente”. Un análisis político, entonces, anclado en la ciencia: ¿qué mejor?
Nada tenemos que objetar sobre la elección de la teoría per se, que pese a su abstracción, ha mostrado gran capacidad analítica e incluso crítica, especialmente frente a problemas de gran complejidad.Lamentablemente, sin embargo, Ortúzar hace una lectura altamente superficial y a ratos errónea de esta teoría, que lo lleve a alcanzar conclusiones equivocadas. Primero, la diferenciación funcional no es un horizonte normativo en sí, un ideal regulativo, como apunta este autor, sino una descripción de la sociedad moderna, con aspectos positivos y negativos. En efecto, precisamente producto del primado de esta forma de estructuración emergen desafíos de coordinación entre sistemas parciales, especialmente visibles en el contexto del cambio climático pero también de las desigualdades. Esta se convierte en un problema político, por cierto, pero también económico, científico, educacional y así sucesivamente, sin que exista una posición privilegiada que permita regular los sistemas para resolver dicho problema.
En este sentido, como hemos examinado en otra columna en CIPER Chile, el principal problema de la sociedad moderna no es la politización, sino la indiferencia de los sistemas parciales frente a todo aquello que escape a su función —esto es, la política se ocupa exclusivamente del poder, la economía de la acumulación de ganancias y la ciencia de la producción de verdades de acuerdo con teorías y métodos rigurosos— sin atender a los efectos negativos que dicha especialización tiene, incluso, en la posibilidad que estos puedan servir efectivamente al bien común.
Dicho lo anterior, la frase que la política puede ponerse “al servicio” de los demás sistemas sociales tampoco tiene sentido desde este enfoque analítico. Como dijimos, la política construye su imagen del mundo, centrada en la circulación del poder y no ya guiada por criterios éticos generalizables al resto. El desafío para Chile, y esto es algo que autores sistémicos han sostenido repetidas veces en el contexto nacional e internacional, es la primacía del sistema económico y su capacidad de reducir la autonomía de otros sistemas parciales, con lo que termina condicionando sus operaciones a su código particular: pagar o no pagar. Ejemplos de la influencia de dicho código como mediador de la inclusión en otros sistemas, como la salud, la educación o, incluso, la política abundan y fueron centrales en el estallido social.
Detrás de estas inexactitudes, además, está otro problema más profundo e incluso más peligroso: la difuminación entre afirmaciones analíticas (ej. la sociedad moderna es funcionalmente diferenciada) y normativas (ej. la sociedad moderna debe ser funcionalmente diferenciada). Si bien es cierto que la mayoría de las propuestas analíticas esconden opciones valóricas, el problema de la descripción de Ortuzar es que que hace pasar por análisis científico lo que es, en esencia, una preferencia política: en efecto, en ambos casos, está el deseo de identificar ideas comunes en las candidaturas de Sebastián Sichel y de José Antonio Kast, con la intención de preparar, para la probable segunda vuelta frente a Gabriel Boric, un voto común de derecha.
Y esta difuminación le hace un mal servicio tanto a la política —creando un halo de inevitabilidad detrás de la ideología que la exime del debate entre opiniones característico de una democracia sana— como a la propia ciencia —que al convertirse en un arma ideológica pierde la credibilidad que se asienta en su neutralidad.
Las opciones políticas pueden presentarse con independencia de la evidencia científica disponible —lo sabemos bien revisando diversas de las actuales candidaturas presidenciales—, aunque siempre deberían ser informadas por ella. El verdadero problema es cuando se intenta pasar una por otra.
por Julio Labraña, Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios (NEST)
Marco Billi, Núcleo de Estudios Sistémicos Transdisciplinarios (NEST)
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