La profundidad política del terremoto PENTA

Durante los últimos meses han quedado en evidencia los estrechos vínculos que se dan entre la política y el dinero. El caso PENTA y SQM, que consisten en el financiamiento ilegal, a través de boletas falsas, de campañas políticas principalmente de militantes de la UDI,  pone de manifiesto el carácter de nuestras instituciones y la necesidad por parte de los sectores verdaderamente democráticos de plantear un cambio constitucional.

Lo que el caso PENTA saca de atrás del telón y pone frente al público es que ciertos actores, a pesar de que se hacen llamar populares, solo representan los intereses de sus financistas, y que esta forma, casi criminal de hacer política, es una práctica institucionalizada, cuasi-legitima y naturalizada, de vinculación del Estado con la sociedad civil, o más precisamente, de cierto sector de la sociedad civil: el empresariado.

Esta forma institucionalizada de hacer política, consistente en instalar el dinero como mediador por excelencia entre el Estado y la sociedad civil, tampoco podría ser posible sin que ciertos sectores políticos conciban la política y el Estado como un mercado donde compiten por su disputa distintos actores, que representando sus intereses particulares a través del dinero, resuelven sus conflictos y obtienen ganancias a través de intercambios y acuerdos.

En resumen, la representación política no está mediada por la incidencia de la mayoría ciudadana, ya sea agrupada en forma de movimientos u organizaciones sociales, sino por el interés de quienes son capaces de pagar por ella. En definitiva, del sobrerrepresentado 1% más rico de este país. El caso PENTA pone en evidencia el carácter autoritario, excluyente y antidemocrático de nuestra institucionalidad política.

Los actores que participan de esta relación -empresarios y políticos conservadores- a su vez son los mismos civiles (cómplices pasivos), que ahora agrupados en pomposos grupos económicos y en la UDI, por un lado se apropiaron de las empresas estatales, y por otro administraron tras bastidores el terror del Estado durante la dictadura cívico-militar.

Algunos espacios legales (y algunos ya modificados) dejados por esta misma dictadura, donde se consagra la particular relación entre Estado y sociedad civil, y que fomentan y permiten esta criminal práctica política antidemocrática de una minoría sobrerrepresentada por encima de la mayoría ciudadana, son el distritaje antojadizo del país en función de los resultados positivos de la derecha, el sistema binominal que igualó en representación política hasta el 2014 el 60% al 30%, los quorums supramayoritarios que legislativamente fomentan la negociación y el consenso como forma de resolución de conflictos políticos, y los bullados mecanismos de financiamiento de la política.

En resumen, la representación política no está mediada por la incidencia de la mayoría ciudadana, ya sea agrupada en forma de movimientos u organizaciones sociales, sino por el interés de quienes son capaces de pagar por ella

Por esta razón, los actores políticos más conservadores son aquellos que precisamente se ven beneficiados por esta organización del Estado y las prácticas políticas que se dan en su seno. En este caso la UDI, y la derecha en general, es el sector que más réditos sacó del sistema binominal y los aportes reservados. Recordemos también que particularmente fue la UDI el sector que se opuso más fehacientemente al cambio de sistema electoral o al voto de chilenos en el extranjero, a su vez fue el partido que más aportes reservados recibió de empresarios durante la última elección y que más utilizó el mecanismo ilegal de financiamiento de las denominadas “boletas ideológicamente falsas”.

Particularmente, la actual discusión sobre el el financiamiento de la política es en el fondo una discusión en torno a la forma en que la sociedad civil se vinculará al Estado y la posición que asuman los distintos partidos políticos y actores evidenciará su verdadero carácter en torno a este problema.

Aquellos partidos y parlamentarios que apunten a generar acuerdos que mantengan la misma relación entre Estado y sociedad civil tendrán que asumir su carácter de conservadores y antidemocráticos, así también aquellos que aparentando ser progresistas solo apunten a “transparentar” los aportes reservados (como por ejemplo RN y otros sectores de derecha), en realidad solo estarán buscando nuevas formas de darle legitimidad a esta relación.

Por lo tanto, dentro de este escenario, los sectores verdaderamente democráticos serán aquellos que apunten a terminar el vínculo entre empresas y política a través del dinero y que, a su vez, asuman un rol democratizador dentro del Estado conformando espacios de discusión y resolución de políticas y conflictos en donde puedan ser partícipes la totalidad de las organizaciones sociales y ciudadanos. En definitiva, los sectores verdaderamente democráticos serán aquellos que apunten a una modificación de fondo de esta relación entre sociedad civil y Estado, cambio que solo es posible si se apunta a una nueva Constitución.