La pandemia de la desigualdad

Contrariamente a la creencia popular respecto a la cualidad «democrática» del coronavirus, al no hacer distinciones de género, edad, etnia ni condición de clase a la hora de contagiar. La realidad es que el virus no ha hecho otra cosa que resaltar las desigualdades sociales producto del modelo. En los últimos meses, se ha sufrido un proceso de profundización de la desigualdad, que se puede graficar con la siguiente paradoja: mientras la gente en las poblaciones se manifiesta por un plato de comida y se les recomienda por televisión que tomen tres litros de agua al día para aplacar el hambre, el Gobierno promete una caja familiar de $35.000 destinada al ¿70% del 40% más pobre? (ni siquiera el Gobierno lo tiene claro), que muy poco contribuye a combatir el hambre en una familia promedio chilena, pero que al holding SMU, del empresario Álvaro Saieh, le ha dejado hasta ahora ganancias por $1.700 millones de pesos.

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El rol del Estado y el fortalecimiento de «lo público» constituyen hoy no sólo necesidades imperantes, sino incluso, exigencias éticas en la lucha contra la desigualdad develada esta vez por la pandemia

La crisis sanitaria producto del coronavirus, ha agudizado lo que a partir del 18 de octubre del año pasado, ya se había hecho evidente: el actual modelo de desarrollo, cimentado no sólo en la explotación del hombre por el hombre, sino también de la naturaleza, estaba absolutamente equivocado. Enfrentados a una de las pandemias más grandes en la historia del país -y quizás del mundo, en términos de extensión territorial- el sistema basado en el libre mercado dejó al descubierto todas sus falencias e insuficiencias, generando a su vez una crisis económica y social que da cuenta de que es insostenible por más tiempo.

Esto ha significado en el actual contexto que el sistema de salud público (que vive en una permanente agonía) se vea enfrentando a falta de recursos e insumos y tenga a los/as a trabajadores/as de la salud al límite corporal y emocional; que el sistema de pensiones -transformado en una suerte de seguros privados- cada día entregue pensiones más bajas, pero asegurando las tasas de ganancias a las AFP; que no exista capacidad para proteger a los/as trabajadores/as, dejándolos a la voluntad de un Gobierno inescrupuloso que no ha escatimado en esfuerzos para hacerlos pagar la crisis (llegando al absurdo de que ellos se estén pagando sus propios salarios vía Seguro de Cesantía), mientras garantiza que el gran empresariado siga acumulando riquezas; que las empresas que brindan servicios básicos se permitan seguir abusando pese a la pandemia, llevando a las familias a situaciones de carestía e indignidad, sobre todo en las regiones extremas; que los grandes medios de comunicación, todos en manos de los grandes empresarios, tergiversen, manipulen y parcialicen la información, utilizando la crisis para el proselitismo político (muestra de ello son los tour diarios del alcalde Lavín por cuanto matinal exista) y lavado de imagen del Gobierno y su negligente gestión de la crisis; entre otras expresiones de debilitamiento de las capacidades estatales en pos de privilegiar el mercado, tales como la incapacidad (o voluntad) de regular precios de alimentos básicos, de expropiar insumos de protección personal o de utilizar recintos privados necesarios para enfrentar la pandemia sin pagar sumas multimillonarias.

Frente a este escenario, no son pocos los que se preguntan ¿Será este el fin del neoliberalismo? No es posible saberlo con certeza, dada la capacidad del capitalismo de reinventarse luego de las crisis. Sin dudas, el mercado como gran salvador no dio el ancho, no estuvo a la altura, y la gente se dio cuenta. Por ello es que la ciudadanía le exige al Estado dar respuesta a las necesidades sociales, y por ello también, es que las políticas adoptadas por este Gobierno empresarial -que han mirado más al mercado que al Estado, de cara al salvataje de la economía a costa de la vida de las personas– han sido ineficaces e ineficientes .

Por tanto, el rol del Estado y el fortalecimiento de «lo público» constituyen hoy no sólo necesidades imperantes, sino incluso, exigencias éticas en la lucha contra la desigualdad develada esta vez por la pandemia, pero existente desde hace décadas. Hoy el Estado surge como la gran respuesta, no sólo en Chile, sino también en el mundo, como queda en evidencia al examinar los casos de Italia y Francia, por ejemplo. Por otra parte, el coronavirus no es la primera pandemia y tampoco será la última, constituyéndose éstas posiblemente como las amenazas más probables  para la existencia de la humanidad, y ante ello, cabe preguntarnos si estamos dispuestos a enfrentar nuevamente una pandemia global con las limitaciones, desigualdades y abusos con que estamos enfrentando la crisis actual, o queremos hacerlo preparados.

Para finalizar, a corto plazo el enfrentamiento de la crisis no lo pueden seguir costeando los trabajadores, tal como lo han hecho hasta ahora, por lo que se hace urgente un impuesto a las grandes fortunas que permita aumentar la recaudación para enfrentar las consecuencias de la crisis, contribuyendo a la redistribución de la riqueza en un país tan desigual como lo es Chile. No se necesitan las limosnas del gran empresariado, sino un impuesto a los más ricos de cara a una nueva política de recaudación fiscal progresiva. Y a mediano plazo, sin dudas, no hay otra alternativa que una Nueva Constitución, bajo la cual se ampare un nuevo modelo de desarrollo y un nuevo concepto de Estado, más justo, democrático y garante de derechos, que nos permita tener una institucionalidad fortalecida capaz de dar respuesta no sólo a las necesidades cotidianas de la ciudadanía y del país, sino también, a las que surjan en caso de emergencias y desastres, priorizando la vida y bienestar del pueblo en su conjunto y no solo del 1% más rico.