La Naturaleza como ´alguien`, no como ´algo`

El misterio de las cosas, ¿dónde está?

¿Dónde está el que no aparece

por lo menos para mostrarnos que es misterio?

¿Qué sabe el río y què sabe el árbol?

Fernando Pessoa

 Los llamados “derechos de la Naturaleza”, se argumenta, hacen que las incidencias ambientales perturbadoras o destructivas tengan un sentido legal no solamente relacionado con la alteración de los ecosistemas con efectos en la vida humana –visión “utilitarista”, antropocèntrica-, sino también como daños en el propio ecosistema –biocentrismo, ecocentrismo-.

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El reconocimiento de una subjetivación jurídica de la Naturaleza también se choca con la experiencia de la propiedad privada como regla que gobierna las relaciones entre humanos y elementos naturales

Pero, habría que agregar, en este último caso, el daño debe ser manifestado, señalado. Y aquí entra, notablemente, una rùbrica de las ciencias modernas de la Naturaleza (ecología, biología, botánica), como depositarias de la verdad empìrica de los elementos naturales. De modo que el mismo daño es sancionado por intervención humana. Entre nosotros las ciencias, se agrega, deben escuchar y hablarnos por la Naturaleza y decir, o dar cuenta, de su afectación. Legalmente se conformarìa un caso de representación (de la víctima).

Todo esto resulta en general, y para las culturas occidentales, una notable innovación social –en varios sentidos, especialmente como instancia constitucional-. Considerada desde un punto de vista indígena resulta la aplicación de un “principio” consuetudinario. Esta concepción –en el lenguaje de la experiencia cotidiana o la experiencia ritual-, considera la Naturaleza como un “alguien”, no como un “algo”, como un viviente no una cosa -lo que quizas amerita una reconsideraciòn de lo que llamamos «alguien», la nociòn de persona-.

Resulta también significativo de su hibridez moderna, que esta propuesta se haya manifestado y apoyado desde ONGs vinculadas a cuestiones globales. Se añade entonces su inclusión en un instrumento legal de naturaleza eminentemente occidental como lo es la Constitución de una República.

La deriva utopista agrega a esta convivencia con pertenencia del pueblo, la misión de mantener/recuperar el sumak kawsay/buen vivir –la relación con la vida “armònica”, en una cierta “armonía” (ideal), de los humanos y la Naturaleza-.

El lenguaje indígena del sumak kawsay y la Tierra como Pachamama, expresan con toda claridad la calidad intercultural de la Constitución. Queda, sin embargo, la cuestión de sus modos efectivos de aplicación, la relación de los gobiernos y parlamentos con la letra constitucional –que precisamente no han sido muy coherentes-.

En estos tiempos, los conceptos de la forma legal, el derecho como institución moderna, tienen un significado, digamos, universalista –construyen sujetos de valor homogéneo para toda ocasión-. En cambio, la referencia original indígena opera como episteme local, situada, respecto de un pueblo y un territorio. Se trata de otra demostración de la calidad hibrida –al mismo tiempo indígena, latinoamericana y moderno-accidental- del buen vivir/sumak kawsay-.

En el esquema usual de derechos/deberes, la Tierra/Pachamama cumple su parte pues: “Si a cada derecho corresponde un deber, la Naturaleza cumple con el suyo de sustentar la vida”. Todas estas adecuaciones no deben ocultar la alteridad epistémica que se corresponde con este significado doble. Además, a una Corte Constitucional le toca decidir, desde el àntropos, lo que toca a una justicia de la Naturaleza.

No debiéramos olvidar que ella está involucrada siempre como una cuestión política. Su destino, en la medida que hay seres humanos presentes –y eso en estos tiempos es una cuestión casi completamente planetaria-, es motivo de profundos desacuerdos sociales. Èstos ocurren entre actores humanos con diferencias de poder social, que se enfrentan por concepciones múltiples. Los significados, y los procesos de resignificaciòn, luchan por la hegemonía, para establecer la autoridad que es jurídicamente relevante.

En marzo de 2009, indígenas de la CONAIE –Confederaciòón de Nacionalidades Indigenas del Ecuador-, y de los Sistemas Comunitarios de Agua Rural, presentaron una demanda que afirmó la inconstitucionalidad por vulneración de los derechos de la Naturaleza, de la recientemente aprobada ley de minería. La Corte Constitucionalidad falló negativamente, argumentando que las disposiciones normativas de esa ley determinaban parámetros y requisitos por cumplirse de manera previa al otorgamiento de una concesión minera. Ellos incluían “estudios de impacto ambiental, tratamiento de aguas, revegetación y reforestación, conservación de flora y fauna, manejo de desechos, protección del ecosistema”, en fin, toda una consideración que en este caso se puede relacionar con el derecho de la Naturaleza. Conocemos, sin embargo, las debilidades fiscalizadoras de las instancias estatales, y la omisiòn de cumplimiento por parte de las empresas, de modo que este fallo fue considerado una derrota.

En su sentencia, la Corte estableció que derechos de la Naturaleza y minería pueden coexistir, cuestión refrendada de acuerdo incluso con la autoridad de resoluciones científicas, como las presentes en los estudios de impacto ambiental. De modo que las ciencias pueden servir diferentes y aun opuestas finalidades.

El reconocimiento de una subjetivación jurídica de la Naturaleza también se choca con la experiencia de la propiedad privada como regla que gobierna las relaciones entre humanos y elementos naturales. La regla de la propiedad en tanto servicio para la utilidad humana se ha erguido como la manera “civilizada” de esas relaciones.  En cambio, la subjetivación debería significar un diálogo de saberes, una transformación de episteme.