Las últimas declaraciones de Evelyn Matthei desprenden un tufillo preocupante. El tenor de las mismas busca implantar un escenario político ofuscado, donde los prejuicios se imponen sobre las formas reflexivas del debate público y los argumentos técnicos son reemplazados por deducciones falaces para avivar sentimientos odiosos que tienen como único objetivo incendiar la pradera, en vez de mostrar antecedentes basados en la realidad.
Evelyn Matthei, al señalar que la presidenta Bachelet “no sabe nada de nada” y que ”está impresionada de la incapacidad de ella”, no está sosteniendo una tesis o un análisis racional sobre las políticas públicas de un gobierno, sino que, del contenido de sus expresiones, se puede aseverar que la ex candidata de la derecha está utilizando un tipo de falacia conocido como argumento ad hominem (del latín, «contra el hombre»), intentando desacreditar e insultar a la persona que preside el gobierno, basándose en la falsa premisa que la ciudadanía se mueve más por prejuicios que por razones lógicas. Se ataca, así, a la persona que encarna el nuevo ciclo político, signado por cambios estructurales sustantivos, y no se argumenta sobre la pertinencia o funcionalidad de los cambios propuestos.
La descalificación personal y el cuestionamiento de la idoneidad “técnica” del adversario político, como herramienta retórica, es poderosa y se usa muy a menudo por la derecha en Chile y el mundo –a pesar de su falta de sutileza y racionalidad política- impulsados por la subvaloración, por parte de este sector ideológico, respecto de los ciudadanos como personas dotadas de logos, razón, capacitadas para discernir como protagonistas activos en los asuntos públicos y no exclusivamente como consumidores de emociones.
Lo que se persigue es menoscabar moral y políticamente un liderazgo que actúa en forma consistente con lo prometido, y que lo hace con un sentido de urgencia y con una visión de largo plazo.
Ante esta conducta de coherencia con un programa presidencial, la ofuscación de la dirigencia de la UDI se acrecienta al constatar que, en términos políticos e institucionales, están disminuidos para impedir la materialización de las reformas, puesto que su representación en el Parlamento no puede seguir incidiendo o bloqueando las leyes como en las legislaturas pasadas. Y la vomitina de la señora Matthei, por tanto, sólo intenta torcer el curso de los acontecimientos polarizando el país.
Se pretende que los grupos ideológicamente afines a la institucionalidad política, económica y cultural heredada de la dictadura se atrincheren para iniciar una vorágine de exabruptos verbales que conduzca a “una guerra en ciernes”, reemplazando el debate por la descalificación personal, generando de esta manera un clima de confrontación que debilite y entorpezca las reformas signadas por la búsqueda de la equidad, el combate a las desigualdades, por una mayor participación y, por ende, la profundización de la democracia.Lo que se persigue es menoscabar moral y políticamente un liderazgo que actúa en forma consistente con lo prometido, y que lo hace con un sentido de urgencia y con una visión de largo plazo.
Lo que molesta a la UDI, contrario a lo que esperaban o estaban acostumbrados, es que se está imponiendo una conducta y ejercicio distinto de gestión por parte de las autoridades del Ejecutivo, más coherente con la oferta programática que se postula en tiempos de elecciones, especialmente ahora cuando se está expresando una genuina voluntad política de llevar a la práctica las modificaciones y cambios formulados en el programa de la presidenta Bachelet, a pesar de la oposición obnubilada y argumentos sin solidez de la derecha (con premisas falsas), como también frente a la ralentización de la inversión privada atizada por editoriales y algunos dirigentes empresariales cuyo único fin es morigerar los cambios.
No se puede seguir subestimando esta vorágine de declaraciones destempladas provenientes de connotados personeros de la UDI, especialmente cuando ellas son reproducidas entusiastamente por los medios de comunicación, lo que objetivamente ayuda a crear un escenario que debilita a las instituciones republicanas en su tarea de discutir y aprobar las políticas públicas, particularmente cuando las reformas en curso son proporcionales a los problemas que aquejan a la sociedad chilena. El tema es especialmente atingente, en un escenario donde las instituciones políticas no gozan de buena salud.
La desaceleración económica que afecta actualmente al país, también, ha sido utilizada por la derecha para generar un clima de incertidumbre y una crisis de confianza en los agentes económicos, atribuyéndola exclusivamente a la aprobación de la reforma tributaria, cuando ha sido la propia OCDE que la imputa, en gran medida, al deterioro de las condiciones externas. Esta entidad rebajó, en su último informe, las expectativas de crecimiento para todos sus países miembros, no descartando el riesgo de deflación en la zona euro, y advirtió, asimismo, que la “declinación del precio del cobre y de la demanda china, hacen dudar de hasta qué punto el sector minero puede seguir siendo un impulsor de crecimiento y proveedor de empleos en Chile”.
Por consiguiente, es fundamental saber gestionar este escenario, insertado en una economía globalizada y desacelerada, adicionada a las reacciones inmovilistas criollas que aspiran a que la sociedad no cambie, obliga a la coalición de gobierno a no abrir flancos innecesarios y asumir que la promoción de las reformas destinadas a la ampliación de derechos y mayor justicia social, requiere estimular a la sociedad civil a jugar un rol protagónico, junto al gobierno y los partidos de la Nueva Mayoría, en la formulación de las mismas y, de esta manera, lograr que éstas tengan un mayor ascendiente y anclaje en la opinión pública.
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