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`La insoportable violencia de lo inhabitable´: cárcel en Chile.

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La insoportable violencia de lo inhabitable: los padecimientos que producen las condiciones carcelarias en Chile.

El pasado martes 8 de diciembre, se conmemoraron 10 años del incendio en la cárcel de San Miguel que costó la vida de 81 personas. Desde ese entonces, los familiares de las víctimas han clamado justicia, obteniendo solo un ápice de ella con la sentencia del Séptimo Juzgado Civil de Santiago que, el pasado 18 de noviembre de 2020, condenó al Estado a efectuar las indemnizaciones que correspondan por concepto de daño moral; un fallo histórico, que, sin embargo, no resulta suficiente para acabar con las condiciones que, en ese entonces, facilitaron el fuego y que hoy dejan la puerta abierta a la consecución de una posible masacre.


La cárcel se levanta como una zona abandonada por el derecho, impedida de contar con un régimen de reconocimiento que permita garantizar los derechos humanos. El cuerpo encarcelado queda en la intemperie de este espacio inhabitable

El siniestro de la cárcel de San Miguel puso en la palestra pública, lo inhabitable del espacio carcelario en Chile. Esta «inhabitabilidad» no solo supone estar hablando (como podría desprenderse del propio concepto) de las falencias en las condiciones de habitabilidad y estructura arquitectónica de los centros penitenciarios. El término va mucho más allá e implica la configuración de una atmósfera mortuoria que niega la vida misma y expone a la muerte [1]. La geografía de la privación de libertad en Chile y en todo el sur global revelan esta realidad. La cárcel se levanta como una zona abandonada por el derecho, impedida de contar con un régimen de reconocimiento que permita garantizar los derechos humanos. El cuerpo encarcelado queda en la intemperie de este espacio inhabitable.

Esta constatación se desprende de la inspección personal de la cárcel en Chile, como también, de las denuncias históricas de las propias personas privadas de libertad, de organismos de la sociedad civil y de las formulaciones que a este respecto han realizado instituciones internacionales [2]  y nacionales [3]. La tónica de todos estos «relatos» describen: las deplorables condiciones de infraestructura de la mayoría de los centros penitenciarios y las altas tasas de hacinamiento; la privación de agua salubre, la falta de acceso a salud y atención médica especializada y el contagio permanente de enfermedades; el incumplimiento en la protección a grupos en situación de vulnerabilidad en el ámbito penitenciario, las falencias en el contacto con el mundo exterior y el régimen de visitas, las arbitrariedades del régimen disciplinario, entre otras cuestiones.

Estas condiciones delatan la violenta monstruosidad del encierro carcelario. La sustracción del cuerpo humano para someterlo a la precariedad radical no puede ser entendida de otra manera. La violencia que acompaña ontológicamente al espacio carcelario produce padecimientos que exceden la imposición de la pena privativa de libertad. Bajo este lineamiento, la cárcel desborda los límites propios del régimen de derechos individuales al que debe someterse el poder punitivo. Por eso, no puede quedar más que cuestionar aquella pretensión de legitimidad de la cárcel que, tal y como funciona, implica un castigo corporal fuera del marco de estricta legalidad.

Referencias

[1] Mendiola, I. (2017). De la biopolítica a la necropolítica: la vida expuesta a la muerte: . Eikasia. Revista de Filosofía , 219-248.

[2] Ver: Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (2016). visita a Chile del 4 al 13 de abril de 2016: observaciones y recomendaciones dirigidas al Estado parte. Disponible en: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsgPEpOPkPvYO%2F7DAnrKRrASeCSZxJynm8Gh12SesHiDLXFrhVtTB66PZWKOGKjnv%2FYyyA5iTQDO%2Bg6KHeTq7EDZcXH2ee4dfwkXhewCfeGhz

[3] Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). (2018). Estudio de las condiciones carcelarias en Chile. Disponible en: https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/1704

 

TAGS: Cárceles Violación Derechos Humanos

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Javier Muñoz

29 de diciembre

Las cárceles decentes tienen rociadores automáticos para detener los incendios antes que crezcan. Se usan por todo el mundo.

Para bajar la violencia y usarla como estímulo para buen comportamiento, los internos deberían tener acceso a prostitutas pagadas por el estado, unas «visitadoras». El dicho «cortar el agua» viene del uso de las «cantineras» que oficialmente eran una suerte de enfermeras, pero además debían satisfacer a los hombres en el frente o regimiento, sin mujeres. Como castigos por algún acto, se le privaba al infractor de la cantinera por una semana, el dicho era «Gutiérrez, esta semana tendrá cortada el agua» en referencia a la «cantinera». Con menores daños y reposiciones, las prostitutas se pagan solas, de hecho solo con las muertes de los incendios de Arica y San Miguel se habrían pagado 100 años d servicio de prostitutas, algo que actualmente se pueden pagar los internos con los recursos personales suficientes, aparte de las visitas conyugales.

El problema es que el interno común es limítrofe y no razona que si rompe los baños, está rompiendo equipos que ellos usan, falta un mayor uso de los líderes internos.

Dentro de todo, está la ridiculez que los gendarmes en el turno de noche ¡¡llegan a dormir!!, he visto a sus dirigentes en la tele quejándose por no tener «colchones dignos»…¡¡¡no debería haber ninguno!!!, tienen que hacer rondas por los pasillos para imponer y mantener la disciplina…pero están durmiendo los lindos, parece chiste, pero es así.

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