El 12 de julio del presente año, un grupo de 20 comuneros mapuche que se encuentra en prisión preventiva –la mayoría desde abril u octubre del año 2009- procesado por ley antiterrorista, en las cárceles de Concepción y Temuco, inició una huelga de hambre líquida. A la fecha, se han sumado detenidos de otras cárceles del país (Angol, Lebu y Valdivia), llegando a treinta y un huelguistas.
Las demandas establecidas en su comunicado original buscan impedir que se aplique la ley antiterrorista en causas mpuche. Se pide que, en cambio, sean conocidas por la justicia ordinaria y no la militar y que se respete el debido proceso; especialmente que se ponga término a lo que denominan montajes político-judiciales y la utilización de testigos sin rostro. Junto a lo anterior, la huelga de hambre busca poner término a lo que consideran condiciones carcelarias degradantes y medidas de presión ilegítimas tanto físicas como psicológicas. Finalmente, piden la “desmilitarización” en las zonas Mapuche en las que las comunidades reivindican derechos políticos y territoriales.
El movimiento se ha desarrollado en medio de un insólito cerco informativo, el que sólo comenzó a romperse –vaya paradoja- gracias al desenlace de las huelgas de hambre en las cárceles cubanas. En efecto, comenzó a ser insostenible para los editorialistas sostener la amplia cobertura al movimiento cubano junto con la clausura del movimiento en Chile. El Gobierno, después de buscar ignorar el problema, presentó un recurso de protección para obligar a los huelguistas a recibir alimentación por vía intravenosa. La Corte de Apelaciones acogió dicho recurso para los mapuche que iniciaron el movimiento.
La huelga de hambre es una medida de presión no violenta que obliga a interrogarse respecto de las causas que la originan. Consiste en un acto desesperado de autoflagelación para llamar la atención de la comunidad con el propósito de reivindicar un derecho o exigir el cambio de unas normas que se consideran injustas o cuya aplicación resulta arbitraria. Tal fue el caso de las muchas huelgas de hambre que protagonizaron chilenos para protestar en tiempos de la dictadura; tal es el caso de los huelguistas cubanos y también es el caso de la huelga de hambre de los presos mapuche.
La protesta mapuche es justa porque se les somete a proceso invocando la ley antiterrorista en circunstancias que las acciones por las que se les acusa generalmente corresponden a conflictos entre privados que derivan en hechos de violencia.
Por otra parte, es claro que la ley antiterrorista –dictada en tiempos de Pinochet, lo que implica un yerro de legitimidad- tiene vicios de constitucionalidad que afectan gravemente los derechos de los procesados. En efecto, como sostiene José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch –a quien la prensa chilena le ha otorgado amplia credibilidad en sus declaraciones relativas a la situación en Venezuela y Cuba- "La ley antiterrorista es inaplicable a estas conductas delictivas (de los mapuche) y además viola las obligaciones jurídicas de Chile de garantizar el respeto al legítimo derecho de todos, incluidos los mapuche, al debido proceso". Pero además de negar derechos procesales básicos, en la práctica, según Vivanco, "cuando los mapuche comparecen ante los tribunales militares, ya sean en calidad de acusados de delitos o víctimas de abuso, se enfrentan a una verdadera denegación de justicia".
La ley antiterrorista además, en estos casos, se aplica de manera arbitaria y discriminatoria basados no en circunstancias objetivas sino en criterios o prejuicios racistas. Basta leer las permanentes y abundantes declaraciones del fiscal a cargo de la persecución contra los mapuches para darse cuenta que ello es así. Los mapuche son “el enemigo”.
Es hora de que sociedad chilena cambie su actitud. Al acercarse a los 50 días de huelga de hambre la situación comienza a tornarse crítica. De hecho, ya hay dos comuneros que presentan graves síntomas de deterioro de su salud. No es razonable que el gobierno se niegue a dialogar con los representantes de los huelguistas para buscar un camino de solución. El mundo político concertacionista también debe reaccionar, ya que tiene una enorme cuota de responsabilidad en esta crisis. No se trata de dejar hechos de violencia en la impunidad, pero sí de que estos sean juzgados conforme a las prácticas de una sociedad civilizada: respetando los derechos de los acusados y las normas comunes del debido proceso.
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Foto: Marcha por los Presos Políticos Mapuche Temuco – Shorizo izo / Licencia CC
Comentarios
30 de agosto
No puedo más que compartir tu análisis. Pero me llama la atención que recién ahora en la Concertación la aplicación de la ley antiterrorista contra los mapuche sea un tema. ¿Por qué no se evitó su aplicación durante los últimos 20 años? Una y otra vez, los gobiernos concertacionistas recurrieron a esa figura para enjuiciar a los mapuche, algo que ahora parecen olvidar o callan.
No quiero desconocer que desde 1990 se trataron de poner en prácticas políticas destinadas a dar una solución definitiva a los problemas que aquejan al pueblo mapuche, pero el fracaso fue rotundo. Que la primera mayoría senatorial en la Araucanía sea Espina, que la alcaldía de Temuco (entre otras) esté en manos de la derecha, son reflejo de una población que desaprueba lo actuado. Pero aún no escucho un mea culpa de la Concertación sobre este fracaso.
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31 de agosto
No creo que sea justo hablar de fracaso de la política indígena. Hoy los indígenas de Chile cuentan con niveles de reconocimiento de sus derechos impensables hace 20 años y con leyes que reconocen el despojo que sufrieron y se propone repararlo a través de la compra o regularización del dominio de las tierras. Se han dado pasos también para reconocer las prácticas consuetudinarias como fuentes de derecho, lo que es evidente en la ley sobre borde costero lafkenque. O sea, hay muchos avances, pero también muchos pendientes. El principal, a mi juicio, son los derechos políticos y ahí la verdad es que hay poca imaginación en nuestro medio, incluidos en esto los propios indígenas.
31 de agosto
Gracias por tu respuesta. Me ayuda a precisar mi comentario.
Efectivamente, son avances significativos los que mencionas, aunque algunos de ellos (programa de compra de tierras para las comunidades, por ejemplo) no están exentos de críticas. Por no hablar de las irregularidades detectadas en la Conadi.
Pero que tras 20 años se encuentre la tensión en su punto más álgido, es elocuente. ¿Será la clave la solución al problema de los derechos políticos? ¿Qué sugieres al respecto?
La mirada conservadora del tema identifica a un grupo reducido al que está detrás de estas movilizaciones mapuche. La mirada progresista debiera marcar la diferencia, identificando éste como un problema que requiere una solución integral, quizá pensando en alguna fórmula de autonomía y autogobierno de los territorios de las comunidades.