Hacia un (nuevo) Sistema de Pensiones

Chile necesita un nuevo sistema de pensiones. De eso no hay duda. Si será una reforma profunda al sistema de capitalización individual (AFP) o un sistema de reparto, probablemente será una de las más importantes discusiones en la construcción de los próximos Programas de Gobierno de la centro izquierda y la oposición. Aquí se plantea la identificación de los ejes esenciales de un nuevo modelo para aportar a esa discusión.

El falso debate y las “reformitas”

Al pensionado poco le importa si la pensión que recibe son sus propios aportes conservados durante 35 años en una cuenta de capitalización individual o son el “reparto” de las cotizaciones recientes de un joven que recién se integra a la fuerza laboral. Los billetes son del mismo color.

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¿Nos parecería razonable que el subsidio habitacional se “apueste” al mercado financiero y según los resultados se determine el tamaño de la vivienda que se construya a las familias de campamentos?

Que “los sistemas de reparto están quebrados” dice un ex Ministro de Hacienda, olvidando que el sistema de AFP tuvo 30 años para acumular cotizaciones antes de tener que empezar a pagar pensiones mediocres. En esas condiciones (de acumulación y pensión promedio), un sistema de reparto en Chile no quebraría, sólo requeriría que la administradora de dicho sistema obtuviera una rentabilidad sobre los saldos equivalente a la del sistema de AFP, y eso se hace fácilmente invirtiendo en los multifondos de las mismas AFP. Con eso, por arte de magia, tenemos un “sistema de reparto versión 2016”, que no requiere recursos adicionales del Estado, pero que paga –en promedio- lo mismo que el sistema actual. Hasta ahí el cambio de nombre no aporta mucho a los pensionados, aunque alimente iluminados debates.

El monto promedio de las pensiones, sin duda es una de las variables más relevantes de un sistema de pensiones. Lamentablemente en esto hay que darle la razón al Ministro Valdés: no hay “recetas mágicas”. Las pensiones dependerán de los recursos que se aporten al sistema y las formas de aumentarlos ya están sobre la mesa: mayor cotización, menos lagunas, más años de trabajo son las más cómodas para los empresarios; aporte del empleador suena más progresista y aumento de remuneraciones ya es materia de otro debate. Sin embargo, ninguna de estas medidas es un cambio de sistema, sino sólo una inyección de recursos que tendrá efecto similar en el sistema actual o en un sistema de reparto como el propuesto.

La Industria de AFP, además, tiene la colección completa de malas prácticas empresariales que se generan en un mercado concentrado, con los usuarios convenientemente atomizados y con asimetrías de información y de poder a una escala inimaginable. Y, claro, las comisiones de millones de cotizantes, repartidas en unas pocas manos generan fortunas escandalosas. Eso sin duda explica la molestia de los ciudadanos, pero estas malas prácticas no tienen un efecto relevante en la pensión promedio del sistema de AFP, que –siendo justos- tiene una buena rentabilidad. Sólo como ejemplo un trabajador que tiene un sueldo de $500.000 durante toda su vida laboral, aportará $24,6 millones a su AFP, en el peor de los casos pagará algo menos de $4 millones de comisión y tendrá, al momento de jubilar, un ahorro aproximado de $69 millones[1].

Las reformas estructurales

Si el cambio en la forma de financiamiento de las pensiones no genera cambios relevantes desde la perspectiva de los usuarios (en promedio); si el monto promedio de pensiones sólo podrá aumentarse a partir de una inyección de recursos, con similar efecto en cualquier sistema; y si una AFP Estatal, supuestamente carente de las “malas prácticas”, no generará cambios significativos a la rentabilidad del sistema; entonces ¿cuáles son los espacios reales de cambio estructural al sistema de pensiones en Chile?

El elemento esencial del sistema de capitalización individual que debe modificarse es la forma de calcular la pensión individual de cada pensionado. Sólo así podremos pasar de un sistema de “ahorro individual forzado”, como el actual, a una política pública de pensiones que ha estado ausente en nuestro país por 35 años. Ese es el espacio de cambio estructural urgente del sistema actual. Si bien el resto de las modificaciones mencionadas son importantes y deben darse paulatinamente para aumentar la pensión promedio, es esencial instalar una idea de justicia al sistema de pensiones. En otras palabras, el aumento de las pensiones es urgente, pero el cambio estructural del sistema debe aspirar a pensiones justas, que explico a continuación.

Usemos un ejemplo: Tomemos 3 trabajadores, de industrias diferentes, pero con exactamente la misma remuneración y cotización durante toda su vida laboral. El primero es muy proactivo respecto de su jubilación, pero completamente ignorante del sistema financiero, por lo que siempre erró eligiendo la AFP y el multifondo menos conveniente; el segundo es indiferente y se mantuvo toda su vida en el fondo C en una AFP promedio; el tercero es conocedor del sector financiero y tomó siempre la decisión de AFP y fondo más conveniente. El resultado es que, siendo 3 “cotizantes ideales” del sistema (sin lagunas), tendrán tasas de reemplazo esperadas de 37%; 64% y 100%[2] respectivamente.

¿Merecen estos 3 trabajadores distintos niveles de pensiones? No, un primer nivel básico de justicia en un sistema de pensiones es que a una misma remuneración -y cotización- aseguremos un mismo nivel de pensión. Recién ahí el sistema empieza a parecer una política pública (y todavía no hablamos de subsidios cruzados). La función de los trabajadores –en un sistema de pensiones- es trabajar, no tomar buenas decisiones de inversión forzadas.

Basta sacudirse un poco del adoctrinamiento de las últimas décadas para caer en la cuenta de lo irracional que resulta forzar a todos los chilenos a “apostar” sus pensiones en el sistema financiero. Un sistema que la mayoría desconoce y no cuenta con la formación para abordar. El resultado es que la pensión ya no depende del trabajo, sino de decisiones financieras del pensionado o de las AFPs. En Perú ahora se permite retirar los fondos de pensiones para la compra de una vivienda. ¿Mejor? No, simplemente el lobby de las inmobiliarias (chilenas en su mayoría) consiguió que ahora la jubilación se pueda “apostar” también en otra industria.

¿Nos parecería razonable que el subsidio habitacional se “apueste” al mercado financiero y según los resultados se determine el tamaño de la vivienda que se construya a las familias de campamentos? ¿Por qué nos parece racional hacerlo con las pensiones? Simplemente porque el sistema no las concibió como una política social y ese es el cambio que urge al sistema.

Ejes programáticos de un nuevo sistema de pensiones.

¿Cómo iniciar entonces el camino hacia un nuevo sistema?

El Estado debe intermediar la relación entre los cotizantes y las AFP eliminado del todo la selección de fondos o AFP por parte de los usuarios y agregando el componente esencial del antiguo sistema: el beneficio definido. Esto es, que sea conocido el nivel de pensiones que se obtendrá para cada nivel de cotización, sin que dependa de los resultados de las decisiones de inversión de los ahorros previsionales.

¿Deben eliminarse las AFP?

No es necesario. Hay que reconocer que el desfase entre la cotización y la pensión requiere algún sistema de capitalización y, como ya dijimos, las AFP han sido exitosas en rentabilidad. Importa poco que sean privadas o que lucren y, seamos honestos, dado su rol en el sistema financiero, es absolutamente imposible eliminarlas.

¿Requiere más recursos un sistema así?

No. Usando el ejemplo anterior, con la misma rentabilidad de las AFP actuales, se podría establecer una tasa de reemplazo del 64% para los 3 trabajadores, que es la que resulta de la aplicación de la rentabilidad promedio del sistema actual[3]. Es de esperar que la administración de la cartera, intermediada por el Estado, pero aun invertida en los fondos de las AFP, tenga un rendimiento superior al promedio actual del sistema ya que estará administrada por conocedores del sistema, no por los pensionados. Ese mejor rendimiento podrá usarse en mejorar la tasa de reemplazo o generar subsidios cruzados y si el rendimiento es peor, tendrá que pagar el Estado, aunque esto no debiera ocurrir.

Por otra parte, la relación centralizada del Estado con las AFP debiera permitir generar condiciones de mayor competencia y erradicar las prácticas abusivas al cambiar de mano el “mango” del “sartén”. La erradicación de “malas prácticas” no responde a una preocupación moral solamente, sino pragmática porque casos como La Polar o Penta nos han demostrado que el crecimiento logrado a partir de abusos no se sostiene en el tiempo, lo que perjudica a los pensionados.

En resumen, un sistema en que el trabajador trabaja y hace el aporte que le corresponde a algún ente recaudador; con conocimiento previo y certeza del nivel de pensiones que obtendrá, y sin la carga de tener que tomar decisiones de inversión para las que no está preparado, serían las condiciones mínimas para una genuina política pública de pensiones en nuestro país. El Estado por su parte invierte esos recursos en los fondos de pensiones, generando criterios de distribución conocidos, transparentes y que fomenten la competencia entre las AFP para obtener rentabilidades que le permitan cumplir con las pensiones garantizadas y, mejor aún, reducir brechas a través de subsidios cruzados. Luego, en el menor plazo posible se deben incorporar el aporte de los empleadores, el aumento de remuneraciones y el aumento del pilar solidario para que las pensiones dignas no sólo lleguen al “cotizante ideal” del ejemplo, sino también –de forma urgente- al cotizante real, que hoy se desenvuelve en un mercado laboral precario, con malas remuneraciones y lagunas previsionales.

[1] Considerando 40 años de vida laboral, cotización los 12 meses. Tasa promedio del sistema para el fondo C (4,89%) durante los primeros 30 años y la del fondo E (%3,93) para los últimos 10 años, con una comisión de %1,54. No considera los seguros.

[2] Se usan los datos del simulador de la Superintendencia de Pensiones. Probablemente la simulación exacta resulte en un peor escenario para el primero y un mejor escenario para el tercero.

[3] Entre 2002 y 2016. Si se toma desde 1980, la rentabilidad es aún mejor.