El Artículo 101 de la Constitución política del estado, señala: “… las Fuerzas Armadas están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. En tanto, respecto de las fuerzas de orden y seguridad, dice que “están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones. Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. Dependen del Ministerio encargado de la Seguridad Pública.”
“Las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes y no deliberantes. Las fuerzas dependientes de los Ministerios encargados de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública son, además, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas”.
Desde octubre de 2019, en todo Chile, se produjeron manifestaciones de descontento social, marchas, caceroleos, bocinazos, expresiones pacíficas del denominado “estallido social”. Sin embargo como un producto residual de estas manifestaciones, como un efecto no deseado, se produjeron también en todo Chile, acciones de violencia, desmanes, vandalismo, saqueos e incendio de comercios, oficinas, atentados en contra de iglesias y profanación de tumbas y monumentos.Una sociedad democrática moderna, debe contar con instituciones armadas, altamente profesionalizadas, sujetas de manera irrestricta a la constitución y a la ley
El llamado a expresarse pacíficamente no ha sido escuchado por grupos minoritarios, que persisten en una suerte de acción directa, que no distingue ni discrimina sus objetivos. Han terminado dañando mobiliario público, e infraestructura urbana, que es usada a diario por millones de trabajadores, para ir a sus trabajos y a sus casas.
El rol que las autoridades de gobierno han pretendido que asuman las fuerzas armadas, en un primer momento, con la declaración de estado de excepción constitucional. Demostró el riesgo que eso implica tanto para la sociedad civil, como para los integrantes de los cuerpos armados, que existen “para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”.
Con más de 110 días de refriegas constantes en las calles, el saldo de fallecidos, heridos graves, y detenidos, ensombrece la historia de esta movilización social. Y ha afectado gravemente la imagen pública del gobierno, que se hunde en las encuestas de opinión. La imagen internacional del país, sufre con 4 informes de organismos internacionales, que condenan las violaciones a los DDHH perpetradas por agentes del estado. Se sindica a Carabineros de Chile, como la principal entidad pública que ha cometido estos actos, derivado de excesos en el uso de la fuerza, como por no cumplir los protocolos de control de disturbios. Se trata de la institución que junto a la Policía de Investigaciones, según la Constitución “Constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior”.
Se acerca a pasos agigantados el plebiscito constituyente. La instancia en la que con un lápiz y un papel, sin miedo y sin violencia, resolveremos si queremos una nueva constitución, y si queremos se elabore en una Convención constituyente. Mixta, o elegida íntegramente por votación popular. Las discusiones acerca de los contenidos de que podría tener una nueva constitución política, ya comienzan a darse. Tanto en medios académicos, organizaciones gremiales, Juntas de vecinos, y empresas.
Un tema ineludible, en estas discusiones preliminares ha sido las atribuciones y facultades que el constituyente entregará a entidades tan importantes, y con tan distinta naturaleza, como es el Banco Central, el Tribunal Constitucional y las fuerzas armadas.
Sucede que para muchos, la transición a la democracia, recién concluiría, con una nueva constitución política del estado, donde se aborde directamente estas instituciones. Ya que dentro de las cuarenta reformas constitucionales que se hicieron desde 1990, prácticamente no tocaron a las fuerzas armadas. Con timidez, cuando no con temor, los gobiernos democráticos avanzaron en temas como la posibilidad de que el presidente de la república, pueda llamar a retiro a los comandantes en jefe y al general director de Carabineros. Asimismo, y casi 30 años después se logró modificar la denominada, “Ley reservada del cobre”, que establecía el sistema de financiamiento de las fuerzas armadas, el famoso 10 % de las ventas de Codelco. Que le entregó cifras ingentes de dinero a los institutos armados.
Los escándalos descubiertos en el ejército y en Carabineros de Chile, conocidos como “Milico gate”, y “Paco gate”, no hicieron sino ratificar que hasta el día de hoy, el poder civil ejerce un control casi inexistente sobre el poder militar. O dicho de otro modo, los controles existentes se han comprobado ineficaces, para velar por el respeto del interés nacional.
Una sociedad democrática moderna, debe contar con instituciones armadas, altamente profesionalizadas, sujetas de manera irrestricta a la constitución y a la ley. Por ello es de vital importancia, que la sociedad civil, se interiorice de las regulaciones que han fallado, y porque no decirlo, discuta acerca del rol que se espera de las fuerzas armadas en el Chile del siglo XXI.
Una formación académica rigurosa, no sólo para el cuerpo de oficiales, valores, ética, respeto absoluto a los derechos humanos. Para contar con dotaciones incorporadas a la dinámica de un país que aspira al desarrollo.
Es vital mantener y fortalecer, la colaboración y el apoyo de las fuerzas armadas, a las actividades productivas de zonas extremas. La actividad económica que se realiza en lugares de geografía o condiciones meteorológicas extremas, muchas veces requiere del apoyo logístico de las fuerzas armadas. También es importante mantener y dinamizar la actividad de divisiones, como el cuerpo militar de trabajo.
Un aspecto a discutir de manera prioritaria, en la nueva constitución, deberá ser la de circunscribir a las fuerzas armadas a su rol específico, y no sobrecargarlas de tareas administrativas. La incidencia de decisiones de la burocracia militar, es gravitante sobre la actividad económica, sobre todo en las zonas extremas.
La sociedad civil requiere optimizar los procesos, reducir tiempos de tramitación, eliminar burocracia. Los conflictos entre particulares y los institutos armados, son de difícil solución. Normalmente terminan en tribunales, debido a la infinita cadena de mando. Una decisión discrecional o arbitraria, puede detener la actividad de una región completa. La decisión final siempre radica en la capital.
Nos ha sucedido en Magallanes en más de una ocasión. Decisiones inconsultas, como fue en su momento autorizar el “landing”, a cruceros extranjeros. Que significó un duro golpe a las empresas chilenas que operan en nuestras aguas, brindando servicios de transporte turístico. Con la consiguiente pérdida de ingresos y de empleos. Y nos vuelve a suceder ahora, en una situación que ya ha producido perjuicios millonarios, tanto a empresas de transporte argentinas, como chilenas. Ha ocasionado cientos de reclamos de turistas, detenidos por largas horas a la espera de un cruce en Punta Delgada.
Ha sido cubierto difusamente por los medios locales. Una vez más una decisión imprudente y falta de fundamentos de un mando medio, le asesta un fuerte golpe a la economía local. Muchos atribuyen al desconocimiento de la dinámica económica de la temporada estival, por parte de un funcionario del norte del país. Resulta alarmante que la autoridad pertinente, no dimensione, el carácter estratégico de mantener el funcionamiento fluido del transporte marítimo.
En los tiempos que vivimos en Chile, y en la región, no estamos para tolerar el entorpecimiento de nuestra principal vía de transporte con Tierra del Fuego. La dilatación innecesaria, muy cercana a lo arbitrario, de la autorización de zarpe para la moderna nave “Kaweskar” de la empresa regional Transbordadora Austral Broom, constituye un despropósito, y debe determinarse responsabilidades.
La sociedad civil merece contar con cuerpos armados, que sirvan leal y honestamente al interés nacional. La discusión en cabildos y asambleas, ha incluido la relación con las fuerzas armadas y de orden y seguridad. El adecuado financiamiento de sus operaciones, y el control estricto y la rendición de cuentas, para evitar irregularidades.
Del nuevo ordenamiento constitucional, deberá derivarse en lo sucesivo una profunda revisión de los estatutos jurídicos de los institutos armados. Estos son imprescindibles para nuestro desarrollo como país y como región, pero con una concepción moderna de su rol, que facilite el libre y ágil desarrollo de la actividad económica.
Comentarios