Como una declaración previa al contenido de este opúsculo, dejamos en claro que este columnista, promotor del apego a la ley y contrario a la competencia desleal en los mercados, es denunciante habitual de prácticas impropias, ya sea en la Contraloría General de la República, como en los municipios y otros servicios de la Administración del Estado, siempre a cara descubierta, luego, invariablemente indicando nombre, apellido, dirección, teléfono y correo electrónico. No me gusta denunciar con reserva de identidad, pero respeto a quienes sí lo hacen.
Por experiencia sabemos que las instituciones de nuestro país, no sabemos si por falta de recursos o por otras razones más profanas, no siempre ejercen correctamente sus atribuciones para combatir los abusos y burlas a los marcos regulatorios de los diferentes sectores de la economía. Por ello, sería deseable que el sistema político que nos rige, vía una profunda reingeniería, se pusiera juicioso para abordar esta materia.Sostenemos que los denunciantes anónimos son claves en el combate de la corrupción
En tal sentido, sostenemos que los denunciantes anónimos son claves en el combate de la corrupción, estigma que se supone no existía en nuestro país, según las autoridades, los grandes conglomerados económicos que tienen amplia tribuna en los medios hegemónicos y los llamados estudios de la percepción de este flagelo. Pero como ha quedado acreditado, la corrupción estaba allí, oculta bajo una apariencia de rectitud.
Volviendo a quienes denuncian anónimamente, debemos señalar que posiblemente pertenecen a las instituciones o servicios públicos que conocen de cerca su funcionamiento y precisamente por eso logran detectar situaciones irregulares donde difícilmente la Contraloría u otras instituciones fiscalizadoras pueden llegar a identificar irregularidades, ya que se necesitaría un ejército de funcionarios revisando a diario el funcionamiento de miles de instituciones administrativas y servicios públicos.
Para tener éxito en esta tarea es necesario que el gobierno aumente el presupuesto que se le asigna a la Contraloría, la que, por mandato constitucional y legal, tiene el deber de cuidar los fondos públicos y que los actos de la administración respeten las diferentes leyes, más aún pues, según hemos sabido, el Estado de Chile está comprometido con el “Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas” de la ONU, una de cuyas metas es reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
Aprovechamos la ocasión para decirle al Fiscal Nacional que, por sendas querellas interpuestas en los juzgados de garantía de Viña del Mar y de Valparaíso en contra de los Directores de Obras Municipales de esas ciudades, los fiscales respectivos, por algún motivo inexplicable, no investigaron las “equivocaciones” cometidas por esos funcionarios municipales. Los asuntos se referían a “errores” manifiestos en los cálculos de los conos de sombra de unos edificios, con los cuales los inversionistas titulares de esos permisos pudieron construir con mayor altura de la permitida y por ende ofrecer en el mercado mayor cantidad de departamentos. De esta manera se produjo una competencia desleal en el mercado, lo que esos 2 fiscales no dimensionaron.
En razón a que oportunamente nos hemos referido a los inmuebles fiscales que el Comando de Bienestar del Ejército, sin tener sus títulos de dominio, los vende en el mercado inmobiliario, la dueña de la constructora Marbec Ltda. ex proveedora de ese Comando por decisión del mismo, se vio en la necesidad de presentar una querella por el delito de sabotaje informático en el 7º juzgado de garantía de Santiago en contra de ese Comando, materia que está investigando la Fiscalía Centro Norte. Esperamos conocer pronto el resultado de la pesquisa.
También en la zona rural de la comuna de Pudahuel, exactamente en El Noviciado, dicho Comando del Ejército transfirió 24 hectáreas a la empresa SKBergé-Logística, filial de la conocida Sigdo Koppers S.A., terreno que se utiliza como estacionamientos de automóviles nuevos marcas Ferrari, Alfa Romeo, Dodge, Jeep y otros. No sabemos si ese amplio terreno fiscal, asignado gratuitamente por el Ministerio de Bienes Nacionales al Ejército, se le entregó a la empresa en calidad de “venta” o “arriendo”.
Al presidente del CDE le recordamos que su unidad de Medio Ambiente tiene toda la documentación asociada a daños ambientales irreparable ocasionados por empresas que están interviniendo para vender parcelas, en las comunas de Colina y Lo Barnechea, vastos territorios definidos como áreas de preservación ecológica en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). Lo anterior a pesar de que en esos sectores están prohibidas las subdivisiones prediales. Demás está decir que estos territorios, excluidos al desarrollo urbano, cuentan con una protección oficial del Estado, pero hasta ahora la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), no iniciado el proceso sancionatorio en contra de esos temerarios privados.
Por último, para denunciar anónimamente es muy fácil, solo hay que acceder a la página web de la Contraloría, ir a “denuncia en línea” y elegir la opción “mantener reserva de identidad” y como le creemos a Abbott y Peribonio, estamos seguros que a partir de ahora la lucha contra la corrupción será en serio.
Comentarios