Quisiera comenzar esta columna con una interrogante ¿Se puede defender una norma de origen espurio en base a la eficacia y consistencia de sus resultados?
Para los integrantes de un sistema democrático las leyes no solo son juzgadas por su dimensión técnica y por los buenos resultados que éstas puedan provocar, son también evaluadas por su legitimidad y sus dimensiones ética- valorativas.
Breve historia de la invariabilidad tributaria. En el año 1974 se creo en Chile la invariabilidad tributaria, esta normativa, que comenzó a funcionar a través del Decreto de ley 600, consistió en mantener tasas impositivas inalterables para empresas mineras extranjeras con el objetivo de atraer e incentivar la inversión de capitales foráneos en el sector de la minería. El discurso de la época era que bajo esta ley se reactivaría y daría un gran impulso a la economía nacional. Tres décadas después, en la administración de Ricardo lagos, se amplió la invariabilidad tributaria a las empresas nacionales por considerarse que debían tener el mismo trato en materia económica que las mineras extranjeras. En el año 2010, el gobierno de Sebastián Piñera buscó extender los plazos de la invariabilidad tributaria para las mineras nacionales y mantener el DL 600 del año 1974. El principal objetivo en esta ocasión no era reactivar la gran minería, sino que el Estado lograra recaudar fondos para la reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto que había asolado al país. Por lo menos, ese fue el motivo que esgrimió el gobierno.
Hoy en día. Luego que se conoció la correspondencia electrónica entre Pablo Longueira, principal impulsor de la extensión de invariabilidad tributaria para las empresas nacionales, y Patricio Contesse, ex gerente general de SQM, empresa altamente beneficiada con dicha normativa, se ha vuelto a abrir la discusión en torno si se debería derogar la ley a la cual se acogen las mineras chilenas, sobre todo, por la «influencia» que abría tenido Contesse en la redacción de dicha normativa. El caso del intercambio de correos por los personeros mencionados anteriormente está siendo analizado por el Ministerio público. El articulo que otorga invariabilidad tributaria a las empresas chilenas aún sigue vigente.
Los defensores de la invariabilidad tributaria a las mineras nacionales. Llama la atención que quienes defienden la normativa en cuestión enarbolen como uno de sus principales argumentos que «Las leyes se evalúan por sus resultados» dando por sentado que las normas son unidimensionalmente técnicas. Suponiendo que efectivamente las modificaciones que se introdujeron en el año 2010 a la invariabilidad tributaria fueron óptimas desde un punto de vista económico, si nacieron bajo la sombra del cohecho no sirven de nada, pues la ciudadanía espera que las reglas que rigen su convivencia tengan su origen en la deliberación pública, libre y transparente de los legisladores que los representan. Para los integrantes de un sistema democrático las leyes no solo son juzgadas por su dimensión técnica y por los buenos resultados que éstas puedan provocar, son también evaluadas por su legitimidad y sus dimensiones ética- valorativas.
Ética y política. El caso puntual en cuestión ilustra muy bien uno de los males que ha aquejado a la clase política en Chile el último tiempo: la separación total y absoluta de ética y política. De ningún modo se trata de dejar a un lado el gran valor instrumental que otorga la política- este ha servido aunque sea en menor medida para corregir las desigualdades de origen y en la defensa de los más débiles- más bien, se trata de que la política no debe olvidar su dimensión ética pues cuando lo hace se vacía de sentido. Para que la nación camine hacia el tan anhelado desarrollo, ética, política y técnica deben convivir en un mismo horizonte.
Por tanto, respecto a la pregunta si es posible defender una norma de origen ilegitimo en base a sus óptimos resultado, la respuesta es: bajo ningún modo.
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