Estado social democrático de derechos

Nos encontramos en un punto de inflexión histórica para Chile, en el que tendremos que pronunciarnos, por medio de un Plebiscito de salida, sobre un  proyecto de Constitución que la Convención tendrá que presentarle al país el próximo 4 de julio. O se aprueba o se rechaza, mediante una elección democrática que tendría que ocurrir 60 días después de presentado el proyecto de Constitución, es la opción que tendremos las chilenas y los chilenos. Si se rechaza, continuará rigiéndonos la Constitución actual impuesta bajo dictadura; si gana el apruebo, se refuerza el proceso de cambios que abrieron las movilizaciones sociales a partir del 18 de octubre de 2019, que hoy, además, cobra otra expresión política en el Gobierno que encabeza el Presidente Boric.

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El Estado Social Democrático de Derecho, es continuidad del Estado de Derecho imperante en gran parte de las naciones del mundo, así sea que, en varias de ellas, significativamente en los países pobres de la periferia, la igualdad proclamada apenas alcanza a una mera formalidad.

No es exagerado decir que en el carácter del Estado que surja de la crisis política y social en la que ha estado el país estos años, agudizada además por los efectos de la pandemia en la vida de las personas y en la economía, se define, en gran parte, el rumbo que reencauce al país en medio de un escenario mundial caracterizado por crisis de la democracia liberal y las Instituciones que nacieron con ella, crisis climática desatada y una confrontación militar en Europa del Este entre Rusia y Ucrania, que además de sufrimiento y desolación para millones de seres humanos, nos transporta a un pasado no tan remoto de destrucción, pero que sin embargo ha seguido siendo alimentado y naturalizado, antes de esta,  por guerras e invasiones a  Afganistán, Siria e Irak, entre otras.

En esta plataforma he argumentado a favor del Estado Social Democrático de Derechos, y en las siguientes líneas seguiré ahondando en esa misma dirección. Ello pues en el convencimiento que la  paz social duradera para Chile, consiste justamente en la ampliación de la democracia a partir de derechos sociales garantizados por el Estado. Sin embargo, y como nos lo demuestra una y otra vez la historia, los derechos conquistados pueden ser arrebatados por intereses distintos al de las mayorías; así como por el lado positivo, el desarrollo de la técnica , las ciencias y la tecnología,  pueden dar curso a otros nuevos.

Los chilenos podemos decir que conocemos bien las dos caras de la moneda. Por una parte, nuestro país  conoció importantes avances en términos de derechos y conquistas sociales bajo los gobiernos democráticos y de transformación como los de  Pedro Aguirre Cerda, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, gobiernos que, desde sus particularidades, representan un continuo histórico trazado por los padres de la patria hace ya más de 200 años. Por la otra, y en ruptura con las tradiciones democráticas  de Chile, el periodo correspondiente al de la dictadura cívico-militar, que será históricamente recordada por servir los intereses de los grandes grupos económicos, concentrar groseramente la riqueza en esas pocas manos; convertir al Estado en un ente funcional a su servicio, y violar los derechos humanos como condición sine qua non para imponer su proyecto político. Nuestro caso es bastante elocuente  respecto a que los derechos y conquistas ganadas en décadas por generaciones completas, no son  dados de una “vez y para siempre”, porque también pueden sernos arrebatados.

Para avanzar en el objeto de este artículo, nos apoyaremos en la ciencia jurídica y en la sistematización que al respecto de los derechos considera relevantes. En esa dirección y a riesgo de esquematizar, acudimos al trabajo denominado “Las Tres Generaciones de Los derechos Humanos” preparado por la doctora Magdalena  Aguilar Cuevas, y que nos permitirá sintetizar lo que en derecho se entiende por “Generación”.

Por derechos de primera generación, se entienden aquellos derechos que corresponden a la persona frente al Estado tales como el de la libertad de transitar libremente por el territorio nacional de un país, libertad de reunión y asociación, además de derechos civiles y políticos, siendo los principales, entre los derechos civiles, el derecho a tener un nombre, un domicilio y un estado civil, mientras que en el caso de los derechos políticos destacan, entre otros, el derecho a elegir y ser elegido en los procesos electorales, derecho a votar en forma libre, secreta, directa e informada. Este cuerpo de derechos surge con la Revolución francesa como rebelión contra el absolutismo del monarca.

Por derechos de segunda generación, se entienden aquellos que corresponden a los derechos sociales, económicos y culturales, se orientan a alcanzar mejores condiciones de vida y, en lo sustantivo, amplían el rol del Estado en términos de satisfacer necesidades y prestación de servicios. En este caso, y a diferencia de la clasificación anterior, en el que el titular es la persona individualmente considerada, en esta categoría, el  titular de estos derechos pasa a ser el individuo como sujeto social.

De este modo,  en términos de derechos sociales y económicos destacan el derecho a un salario justo y suficiente para la vida del trabajador y su grupo familiar, el derecho a la seguridad social, el derecho a organizar sindicatos, el derecho a la educación y la salud, así como, entre otros, el derecho a participar libremente de la vida cultural de un país. Este grupo de derechos comenzaron a tomar fuerza a partir de la primera Revolución Industrial, marco a partir del cual surgen los sindicatos y las ideas socialistas.

En cuanto a los derechos denominados de tercera generación, son  derechos que nacieron en el siglo XX a partir  de las calamidades de la Segunda Guerra Mundial y hacen referencia a derechos colectivos y de ensanchamiento de las libertades de la autodeterminación personal y de los pueblos. En este cuerpo de derechos, encontramos  el derecho a vivir en un ambiente no contaminado reivindicado primero   por los movimientos ecologistas y asumido posteriormente por amplios sectores de la sociedad, el derecho a la Paz y a la autodeterminación de los pueblos, así como al desarrollo y el bienestar de las personas  y obviamente el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, matrimonio igualitario y otros que el patriarcado le ha negado históricamente.

Sin temor a equivocarnos, podemos agregar, por otra parte y en mi opinión, que el desarrollo alcanzado estas últimas décadas por la  tecnología digital viene dando curso a la aparición de otro cuerpo de derechos que ya comienza  a insinuarse. Este es, por ejemplo, el caso de  la demanda por acceder a Internet y a banda ancha, que la pandemia puso de relieve estos dos últimos años y que se manifestó con fuerza ante la necesidad de pasar, del proceso de educación convencional basado en la presencialidad, a la modalidad en línea o al teletrabajo, este último en el caso de las empresas. La robótica y la automatización de los procesos productivos y los servicios, también comienza a plantear demandas relacionadas a esta etapa de desarrollo alcanzado por la tecnología. La aparición de los derechos,  pareciera confirmar la concepción sostenida por Norberto Bobbio, en su libro “El Tiempo de los Derechos”, en cuanto a  que los derechos  “nacen cuando deben o pueden nacer”.

El Estado Social Democrático de Derecho, es continuidad del Estado de Derecho imperante en gran parte de las naciones del mundo, así sea que, en varias de ellas, significativamente en los países pobres de la periferia, la igualdad proclamada apenas alcanza a una mera formalidad. En su forma más acabada, el Estado de Derecho que comenzó a configurarse a partir de la confluencia de distintos procesos históricos tales como las revoluciones americanas y francesa y que teóricamente reconoce la influencia de la antigua Grecia, el Derecho romano, el Renacimiento, el aporte de filósofos y pensadores  como Rousseau, Hobbes, Locke, Kant, Marx, entre otros, evoluciona  hacia el moderno Estado Social o también conocido como Estado de Bienestar, que en la mayoría de los países de Europa occidental se comenzó a construir entre las dos guerras mundiales del siglo pasado.

De modo indirecto, y aunque la Revolución rusa degeneró hacia un Estado sin democracia política, su sola presencia en la arena política mundial presionó a las elites occidentales en dirección a conceder las demandas y reivindicaciones sociales reclamadas en estos países por los trabajadores organizados en sindicatos y representados por partidos políticos de izquierda. De este modo, el esfuerzo y la contribución de los obreros rusos a la humanidad está históricamente justificada, no obstante que, como ya se apuntó, el régimen político que emergió de su lucha emancipadora se aleja de una concepción socialista y democrática.

En su trabajo titulado “Estado de derecho y Estado social de derecho”, del jurista colombiano, Luis Villar Borda y publicado en la  Revista Derecho del Estado, realiza un estudio comparativo útil al propósito de estas líneas. La definición de Estado social de derecho que proporciona el profesor Borda es la que corresponde al Estado “que acepta e incorpora al orden jurídico, a partir de su propia Constitución, derechos sociales fundamentales junto a los clásicos derechos políticos y civiles, es conocido como Estado social. Es decir, como hemos visto en el esquema de clasificación que hemos seguido, se trata de los derechos que corresponden a aquellos de la primera y segunda generación.

En cuanto al origen del concepto de Estado social, el profesor Borda reconoce que respecto del término existe una disputa legítima sin que en todo caso “incida en su comprensión”. Mientras, por un lado, existe una corriente cuya génesis la encuentra en la Revolución francesa de febrero de 1848, y que se “presentó como exigencia de construir un Estado en el que estuviera garantizado el derecho al trabajo, mediante la determinación con fuerza jurídica por el pueblo de lo que es el poder del Estado y lo que puede hacer y en donde es posible que los directos productores gestionen o congestionen sus empresas en forma de cooperativas…”. Esto refleja las ideas de Louis Blanc y el llamado socialismo utópico”.

En términos jurídicos propiamente tal, por otro lado, el concepto del “Estado social, como el del Estado de derecho, tiene propiamente su origen en Alemania y entre sus precursores más notables debe mencionarse a Lorenz von Stein (1815 -1890), para quien el fin principal de la Administración es la solución del problema social mediante la protección y asistencia de los más débiles. Von Stein, muy influido por las doctrinas filosóficas de Hegel, incorpora al Derecho administrativo la idea de la intervención del Estado con esos propósitos, esto es, un Estado de bienestar.”

No obstante que en la definición de Von Stein queda implícita una limitación al introducir el asistencialismo en la forma de “ protección y asistencia a los más débiles”, el Estado Social o Estado de Bienestar, que se le adosa políticamente a la Socialdemocracia europea,  encuentra entre sus expresiones más avanzadas  las experiencias alemana y sueca, países en los que se logró conseguir que representantes de trabajadores se incorporaran con derecho a voz y voto a los directorios de las empresas, ello en el marco de sistemas de protección social de amplio espectro consagrados constitucionalmente.

Huelga agregar, sin embargo, que en entre 1980-1990  se ha venido produciendo una ruptura  del contrato social sobre el que se ha construido el “welfare state” en estos países, en parte por la virulencia del neoliberalismo que se hizo hegemónico justamente a partir de entonces; y, en parte, también,  debido a los errores (o limitaciones) de la Socialdemocracia que ha sido el sector político que ha dirigido estos procesos y que ante la imposibilidad de los Estados de satisfacer las demandas de sus pueblos, concretamente perdiendo derechos previamente conquistados, han comenzado a proliferar  corrientes populistas de ultraderecha, xenófobas y racistas. Una interpretación detallada y respaldada con abundante data al respecto, podrá  consultarse en el trabajo Capital e Ideología, capitulo 11, paginas 580 en adelante, del investigador francés, Thomas Piketty.

En lo que a Chile respecta, la aprobación por parte del Pleno de la Convención Constitucional, que define a Chile como Estado Social y Democrático de Derechos, es un paso de enorme trascendencia para nuestro país. Esta definición permitirá abrir paso a que, luego de conquistar a la mayoría de la población para que apruebe en el Plebiscito de salida el hasta ahora proyecto de Nueva Constitución, siga su curso de modo que lo que hoy se busca presentar como algo inconexo y atentatorio a la unidad del Estado chileno, vaya tomando forma a través de la deliberación política democrática hasta consolidarse en la forma de un  tipo de Estado democrático, pluralista, paritario, con fuerte énfasis en su descentralización hacia las regiones y claramente al servicio de las mayorías sin que ello signifique lesionar los derechos y garantías constitucionales de las minorías.

Llegado al punto de la política de tomo y lomo, el escenario actual en el que nos encontramos plantea a lo menos  dos tipos de complejos desafíos que ameritan, por lo menos en esta ocasión, ser esbozados. No existe nada más ajeno a un Estado Social Democrático de Derechos,  que en última instancia ha sido  concebido para  introducir en las relaciones sociales mayores niveles de igualdad, y que en nuestro caso significa disminuir los riesgos de nuevas fracturas sociales, que el clientelismo, la corrupción y la burocratización del mismo Estado.

Superar esos flagelos resulta esencial para recuperar la confianza pública en la política y en las Instituciones. Pero también es clave para que la sociedad civil se desarrolle e incida gravitantemente en la marcha del país y su construcción.