Luego de que se conociera la Resolución Exenta N° 442, del 30 de marzo de 2022 que definía el nombre de “Gabinete Irina Karamanos” como nueva denominación para la institución de «Primera Dama» y establecía dos grandes cambios en dicha repartición. Primero, el cargo ceremonial que ocupaba la pareja del Presidente Boric dejó de ser el de “Primera Dama” y pasó a ser, simplemente, Irina Karamanos. Y segundo, se dotaba al cargo de facultades estratégicas para fijar una serie de lineamientos en áreas que potencialmente podrían entrar en conflicto con las funciones de otros departamentos de la administración pública, ya que la resolución exenta no solo disponía un cambio de nombre de la repartición, sino que también de funciones y atribuciones inéditas, las que eventualmente podían colisionar con funciones de otras reparticiones del Estado.
El documento preceptuaba que al “Gabinete Irina Karamanos” le corresponde “identificar, proponer y coordinar lineamientos estratégicos y definiciones programáticas para políticas públicas, con el objeto de aportar a la erradicación de la desigualdad y la discriminación de grupos históricamente excluidos, con enfoque interseccional, de derechos humanos y perspectiva de géneros inicialmente con énfasis en pueblos indígenas, migración, género y diversidad sexo-genérica. Del mismo modo, asumirá el rol ceremonial y protocolar de acuerdo a la tradición republicana de Chile en las actividades oficiales nacionales e internacionales”. A la vez, que “participará de aquellas fundaciones de derecho privado que no persiguen fines de lucro mientras le corresponda presidir el directorio de las mismas” (…) “Le corresponderá, desde las fundaciones de derecho privado en las que a S.E. el Presidente de la República le corresponde designar a quien preside el Directorio, identificar y proponer lineamientos destinados a aportar a la erradicación de la desigualdad y la discriminación de grupos históricamente excluidos”.La figura de la “Primera Dama” es tan controvertida que las razones sobran para eliminarla, partiendo por la patriarcal manera de llegar a un cargo por relaciones familiares o de pareja, no por mérito político propio
A las duras críticas levantadas en las redes sociales por voces de oposición al gobierno y una fuerte presión interna que señalaron una “personalización de cargos públicos que por esencia deben ser impersonales”, se decidió cambiar la resolución, aduciendo que fue “un error administrativo no visado” (Camila Vallejo). Además varias diputadas dieron la alerta durante la noche por las repercusiones que podría causar tal polémica, entre ellas la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. El cambio se atribuyó a un “error administrativo”, lo que supone eximir responsabilidades políticas y apuntar a subalternos. Lo mismo había ocurrido en el caso de los yerros de la ministra Siches y los relacionados con sus dichos falsos sobre un vuelo con inmigrantes.
La decisión de Karamanos de asumir este rol de primera dama fue un gran error, como lo fue la decisión de Michelle Bachelet de nombrar en ese cargo a su hijo. Tras la victoria de Gabriel Boric en las elecciones presidenciales había causado sorpresa esa voluntad, ya que esa institución había sido muy criticada desde la izquierda frenteamplista y el compromiso del mismo Boric durante la campaña presidencial: “Vamos a abolir esa institución (Primera Dama) y generaremos una instancia que sea transparente, en función de méritos y de carreras funcionarias, y no de lazos de sangre o afinidad con el presidente”. Sin embargo la misma Karamanos marcó un contraste con Boric al asumir el cargo. Esa es una cuestión que no ha logrado ser enmendada, pues sigue siendo una contradicción que afecta a la coalición FA y al gobierno, al no poner a otra persona sin una vinculación directa con el Presidente, como lo hizo la ex presidenta. Ello es necesario para proyectar una imagen de probidad porque las formas sí son relevantes cuando se trata de actuaciones en el ámbito de la gestión de la administración pública y de observancia estricta al principio de licitud.
Existe consenso entre los especialistas cuya tarea se ha centrado en la modernización del Estado, de recomendar que las funciones de esas fundaciones pasen a depender de los ministerios sectoriales competentes, como correspondería en un régimen republicano e impersonal. Aquí se vio una cierta impericia, y de falta de reflexión que alimenta el deterioro del gobierno, atribuible, a las contradicciones del propio Ejecutivo, tal como los aciertos mejoran esa posición (la cuenta pública). La figura de la “Primera Dama” es tan controvertida que las razones sobran para eliminarla, partiendo por la patriarcal manera de llegar a un cargo por relaciones familiares o de pareja, no por mérito político propio, como también por la duplicidad de funciones que tiene. Adicionalmente, hace muy difícil la evaluación del desempeño de quien lo ocupa por su relación con quien ostenta el cargo como Presidente de la República ¿Qué instancia administrativa podría o debería evaluarla? Asimismo, como el cargo de “Primera Dama” no es asimilable a un funcionario público es imposible proceder a cesar a la persona que lo ocupa por mal desempeño.
La misma Irina Karamanos expresó que “Es un cargo que merece ser repensado porque estamos en tiempos distintos”. Curiosa forma de repensar dicha función: diseñándola a su medida, en nombre y atribuciones, incluso mal ejecutado, tomada entre cuatro paredes, con serias fallas de transparencia, sin dialogo con otros ministerios “intervenidos”, con un evidente abuso de poder al no someter la decisión al escrutinio de los entes legalmente pertinentes porque se ampliaron las funciones vía resolución exenta a un cargo que no es una figura legal, lo cual no procede desde el punto de vista del derecho administrativo y es una aberración política al tratar de personalizar el cargo, contraviniendo las practicas republicanas que las instituciones no deben cambiar sin un consentimiento de las instancias generadas por la soberanía popular, particularmente cuando las nuevas funciones conferidas en la resolución en comento, invadían atribuciones privativas de distintos ministerios como Desarrollo Social, de la Mujer, de Justicia, de Ciencia e incluso de Interior. También se filtró que no se consultó a Presidencia, lo que acrecienta aún más la sensación de arbitrariedad.
Todo indica que entre los perpetradores de este “error administrativo” existen enormes dificultades para aplicarse a sí mismos la vara que les exigen a otros, patentizando la disociación entre lo que se predica y lo que se practica, con la soberbia de seguir presumiendo de un estatus moral superior a todos los que los antecedieron en el poder.
El “error administrativo” no solo introducía un personalismo propio del autoritarismo, sino entregaba, ilegalmente, atribuciones en materia de políticas públicas a la pareja del Presidente. Fue claramente una insensatez. Y lo demuestra el hecho que rápidamente eliminaron esa resolución, pues afectaba a varios ministerios en sus atribuciones, con un alto costo para el futuro del propio gobierno, ya que va a ser evaluado respecto del cumplimiento de sus promesas de estilo y relacionales, especialmente cuando expresaban “nosotros nos vamos a relacionar con la ciudadanía y con los cargos de poder de una manera distinta”. Una promesa de mayor horizontalidad en el ejercicio de la representación y el poder que en este caso solo quedo en palabras. Queda claro que estos ripios, tonteras formales y los propios autogoles no ayudan mucho a proyectar la imagen de un gobierno coherente.
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