Nunca estará demás plantear un debate político-técnico sobre el actuar de diversos actores en procesos relacionados con el sistema democrático. Ese que viabiliza la toma de decisiones colectivas con el fin de no acudir a la violencia ante cualquier divergencia.
Ahí están los políticos, primeros interpelados frente a los cuestionamientos de la institucionalidad electoral. También los ciudadanos, enrostrándoles cada cierto tiempo que el voto se debate entre un deber y un derecho, disyuntiva que aún no ha sido zanjada en Chile ni a nivel internacional. Los empresarios con sus financiamientos son otro sector al cual se le saca al pizarrón cada cierto tiempo, ya que en un modelo de sociedad como el nuestro el dinero es fundamental para lograr los objetivos que uno se proponga, entre ellos, acceder al poder en el Estado.
Estos planteamientos asumen que existen responsabilidades que cumplir en sociedad, en este caso en las elecciones, más allá de competir limpiamente, ir a votar o no financiar ilegalmente a determinados contendores.
A estas alturas todos debiéramos tener claro que las encuestas hacen mucho más que medir la realidad. Gracias a la amplificación que permiten los medios de comunicación, han pasado a ser método de influencia. Y, también, de manipulación.
Pero no son los políticos, los ciudadanos ni los empresarios los únicos que deben responder sobre sus actos. Somos todos, ya que la mantención de una sana democracia a todos nos compete.
Es por ello que aún no son satisfactorias las respuestas que empresas y centros de estudios han dado sobre sus yerros de calibre al pronosticar los resultados de las elecciones de este domingo. Y no solo no satisfacen, sino incluso no son creíbles.
A estas alturas todos debiéramos tener claro que las encuestas hacen mucho más que medir la realidad. Gracias a la amplificación que permiten los medios de comunicación, han pasado a ser método de influencia. Y, también, de manipulación.
Es esta preocupación la que esta semana ha expresado el Colegio de Periodistas, organización que advirtió sobre la “perversa relación” entre estudios de opinión y prensa. Algo que, en todo caso, no es novedad dado que fue tema en las pasadas elecciones de Estados Unidos, donde el debate se instaló en torno a un nuevo concepto: la postverdad.
Pero no hay que mirar muy lejos para darse cuenta de que esto se viene arrastrando de hace tiempo, mientras los que toman las decisiones miran hacia el lado. Es lo que ya desde hace años muchos venimos planteando por el no regulado espacio en que se mueven los centros de estudios y empresas que, cuales oráculos, nos intentan convencer de una realidad inexistente.
Imponer exigencias en períodos electorales, en pos de asegurar una disputa legítima, no atenta -como de seguro argumentarán los libertarios a todo evento- el derecho individual. Desde la luz roja que nos impide el paso hasta la prohibición de venta de alcohol a cierta distancia de los establecimientos educacionales, las normas son parte consustancial de la vida social. Y existen países, incluso, que en período de comicios restringen determinadas libertades políticas: “Desde la noche previa a la apertura de las elecciones, es ilegal publicar o emitir por todos los medios de comunicación cualquier mensaje que puede ser categorizado como propaganda electoral” fue el anuncio del Consejo Superior Audiovisual de Francia en las pasadas elecciones. La legislación también prohíbe a los medios publicar, emitir o comentar cualquier tipo de sondeo relacionado con los candidatos. Es lo que llaman “período de discreción” electoral.
El tema no es menor, no solo por el yerro asociado al menor resultado de Sebastián Piñera, de casi 10 puntos por debajo de lo recurrentemente pronosticado (obtuvo 36,64% de los votos). Principalmente por la magra diferencia entre Alejandro Guillier (22,70 %) y Beatriz Sánchez (20,27 %). Solo un 2,43 %, siendo que las encuestas auguraban más de 10 puntos de distancia.
A estas alturas, uno podría decir que esto es solo una equivocación. Y errar es humano. Sin embargo, considerando que los centros de estudio y las empresas están en su mayoría ligados a visiones ideológicas determinadas e incluso grupos de poder (económico, fundamentalmente) con postulantes en disputa, la desconfianza que se instala no es fruto de la paranoia. Porque quizás, sin tales augurios, un escenario distinto estaríamos viviendo hoy con miras a la segunda vuelta.
En esta situación los medios de comunicación –editores y periodistas mediante- tienen una buena cuota de responsabilidad, como lo ha dicho la orden profesional. “Los medios de comunicación deben hacer sus propios análisis, recurrir a expertos/as electorales que puedan entregar información certera a la ciudadanía y también asumir su responsabilidad, porque no es inocuo decir que tal o cual candidato o candidata va mejor o peor, ya que con estas noticias se busca crear una realidad y certezas políticas. Esta ausencia de un análisis preciso de la realidad política por parte de los medio desprestigia la labor informativa donde muchas veces los y las periodistas no tenemos responsabilidad alguna” ha sido nuestra postura.
Algo similar a la visibilidad mediática de los candidatos. El caso más emblemático, el del senador elector del Frente Amplio por Valparaíso, el RD Juan Ignacio Latorre. Está claro que su votación individual no fue una de las más altas, pero a estas alturas los centros de estudio, think tank y medios deben sofisticar sus análisis por conglomerados y pactos, considerando que el sistema de listas permite proyectar las posibilidades de las coaliciones. Sin embargo, en gran parte de las coberturas previas Latorre ni nadie del Frente Amplio en Valparaíso fue considerado dentro de las cartas con posibilidades, privilegiando las candidaturas del establishment en el emblemático distrito. Con un beneficio electoral indiscutido.
Obviamente los resultados presidenciales y de muchas circunscripciones y distritos demuestran que el poder de los medios no es absoluto, sin embargo aquello no es una materia obviable. Es preciso abordarla con reflexiones y propuestas que salgan desde nuestro propio país y de las experiencias que ya existen a nivel internacional.
No solo en pos de la rigurosidad sino, fundamentalmente, de ética cívica si queremos profundizar nuestra democracia.
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