Esta semana pudimos ver al gobierno del Presidente Boric adoptar medidas necesarias, altamente demandadas por la ciudadanía, pero que no gozan de popularidad en parte de la izquierda chilena. Se anticipó en la columna anterior, que, ante el imperativo de asegurar la paz y el orden interior, el Gobierno no podía titubear, ni caer presa de complejos o trancas del pasado.
En la dirección y sintonía correcta, el Presidente decidió reponer el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la macro zona sur. Con esto dio una señal de liderazgo en la coalición de gobierno, luego de que algunos parlamentarios oficialistas rechazarán la propuesta de reforma constitucional que buscaba crear un “Estado de Excepción constitucional intermedio”.
Lo que se dispuso, en definitiva, fue un «Estado de Emergencia acotado» en la región de la Araucanía, y en las provincias de Arauco y Biobío , de la región del mismo nombre. El propósito de esta medida “acotada”, será resguardar rutas y carreteras de la zona. Conforme lo establece el artículo 42 de la actual Constitución política, el Estado de Emergencia sólo se puede declarar “En caso de grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación”, y “El estado de emergencia no podrá extenderse por más de quince días, sin perjuicio de que el Presidente de la República pueda prorrogarlo por igual período. Sin embargo, para sucesivas prórrogas, el Presidente requerirá siempre del acuerdo del Congreso». Ha señalado expresamente el Presidente que esta medida apunta a garantizar el normal desarrollo de las actividades, en las rutas y carreteras, para asegurar el abastecimiento de la población. Asimismo, el Ministerio del Interior solicitó a la Fiscalía la designación de un fiscal con dedicación preferente para investigar a organizaciones criminales que se dedican al robo de madera, y al narco tráfico, en la macro zona sur.Las medidas adoptadas en materia de orden y seguridad son las adecuadas, más allá del resquemor de algún sector político.
La decisión política adoptada por el Presidente Boric es una decisión difícil, que tensiona a su coalición, pero que se resuelve teniendo en vista los altos intereses del país, y no los de un grupo determinado. Por supuesto que ha sido resistida, incluso un dirigente de la CAM emitió declaraciones donde anunciaba prácticamente la resistencia armada. Lo que fue respondido acertadamente por el gobierno, ignorando el discurso incendiario y centrándose en la propuesta que se ha presentado, en simultáneo, para la macro zona sur. Como resulta obvio para cualquiera, la adopción del Estado de Emergencia y el aseguramiento de rutas y carreteras, es una parte necesaria, pero insuficiente para resolver los temas de fondo. Para intentar dar esa respuesta, el gobierno dispuso la implementación de un plan, que contempla:
–Hacerse cargo de la demanda fundamental del pueblo mapuche, que es la restitución de tierras. Para esto se dispone duplicar el presupuesto de la CONADI para la compra de predios, y agilizar los mecanismos de restitución.
-Crear el Ministerio de Asuntos Indígenas para fortalecer la institucionalidad del sector, y para una mayor eficiencia de los organismos relacionados.
-La realización de Parlamentos territoriales, los que contarán con el apoyo del sistema de Naciones Unidas. Para, sobre la base del dialogo con las autoridades indígenas y a los actores del territorio, generar acuerdos para responder a las demandas del sector.
– Se dispone para 2022 de presupuesto de $400 mil millones de pesos, para mejorar la calidad de vida de las comunidades y habitantes de la región de La Araucanía y de las provincias de Arauco y Biobío en la región del Biobío. Inversiones en obras públicas, agua potable rural, salud, entre otras.
Las medidas adoptadas en materia de orden y seguridad son las adecuadas, más allá del resquemor de algún sector político. Se requería reaccionar sin titubeos a una seguidilla de ataques, que han producido dolor y temor en la población de la región de la Araucanía y en las provincias del Biobío y Arauco. También es acertado, centrarse en las medidas que propugnen el dialogo entre las partes dispuestas a dialogar. Y no centrarse en sectores minoritarios, que ejercen la violencia como acción política. La propia ciudadanía con su trabajo abnegado, cotidiano, honesto, se va a encargar de aislar estas expresiones, que no corresponden con el actuar institucional, democrático, y pacífico, que han tenido los representantes del pueblo Mapuche en la convención constituyente.
Con estas medidas, el Gobierno logra retomar el control de la agenda pública, y fortalece el área de Interior y seguridad pública, donde se habían producido sucesivos tropiezos comunicacionales. Asimismo, ha sido muy acertado el fortalecimiento del equipo de asesores del Ministerio del Interior, con la designación de Ana Lía Uriarte, como jefa de asesores de la ministra Siches. Una abogada destacada que ha cumplido, con gran profesionalismo, complejas tareas de gobierno en administraciones pasadas. El Ministerio del Interior es una cartera donde se debe actuar con prolijidad, con prudencia, y sobre todo con conocimiento. En este sentido, hay que destacar el trabajo del Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que ha enfrentado con gran prestancia y responsabilidad, tareas de gran complejidad. Ha tenido un desempeño notable.
Recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, pasa por el buen desempeño de las autoridades, y por la eficiente gestión de los recursos públicos. La gestión, es una palabra, que tal como pasa con las palabras, orden y seguridad públicas, son poco comunes en el discurso político progresista. Erróneamente aún hoy día, el discurso preponderante en la izquierda es el que apela a los derechos sociales y al reclamo legítimo contra la desigualdad. Por eso es tan importante que los profesionales e los intelectuales del progresismo, incorporen en su pauta el manejo de las herramientas de gestión y administración. Es la única forma de resolver los problemas. No sólo los complejos y centenarios problemas de la macro zona sur, sino toda acción que pretende dar respuesta a las necesidades sociales. El más progresista hoy día, no es el que grita más fuerte, o lanza la consigna más incendiaria. El más progresista, el más revolucionario, es el que toma buenas decisiones, el que gestiona con eficiencia, porque es el único, capaz de cumplir el mandato que el pueblo de Chile le diera.
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