Elecciones PS: Un paso para la paridad y democracia partidaria

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En nuestro desacreditado sistema binominal subyace aún algo peor: un sistema uninominal en relación a la participación de los géneros. Toda propuesta democratizadora que no contemple la participación del 50%, ya sea de su militancia o de su electorado, estará basada en la exclusión de no ciudadanos.

En las próxima elecciones internas del Partido Socialista (PS), a realizarse en diciembre, empezará a regir la nueva disposición aprobada en su último Congreso de 2011, que establece la paridad tanto para la presentación de candidatos y candidatas, como para la elección de los cargos partidarios. Es el primer partido en auto asumir esta medida.

Con independencia del juicio sobre aspectos programáticos y electorales del próximo evento PS, constituye una ruptura cultural y política de gran envergadura, cuyo primer impulso o sedimento no consolidado, fue el primer tiempo del gobierno paritario de Michelle Bachelet.

Cuando se habla y discute sobre medidas y reformas de los partidos políticos, que estimulen una mayor participación ciudadana ante la opaca realidad y cuyo último ejemplo fue la alta abstención en las recientes elecciones municipales, esta normativa autoimpuesta puede constituir un vigoroso avance para la democratización de los partidos.

Tiene efectos simbólicos de reivindicación en la perspectiva de la igualdad, pero también prácticos, ya que estimula la participación de candidatas en razón de su competitividad, y no como “pago” de cuotas, como efecto de discriminación positiva.

Incluso en la literatura académica, en relación a las necesarias modificaciones de las organizaciones partidarias, para su mayor transparencia, calidad de su vida interna y representación, están hechas, muchas veces, sobre la ausencia o silencios respecto del acceso igualitario de las mujeres.

Según un reciente estudio de la ONG Activa, el 50,4% de los integrantes de los partidos políticos somos mujeres. En el caso del PS, representamos un 45,2% de su militancia.

Esto constituye una desigualdad estructural, que pone en cuestión la legitimidad de la democracia interna de los partidos. Y por cierto, de la democracia misma, si ampliamos el diagnóstico a las estructuras de representación social y decisionales.

Según los datos que entrega el SERVEL, en el año 2010, en la totalidad de partidos políticos legalmente constituidos, solamente existían 6 mujeres para 39 cargos en las directivas centrales.

Este es uno de los fuertes obstáculos para la participación de mujeres en cargos de representación popular. Chile a nivel de su parlamento, tiene una participación de mujeres de solo un 12, 7%, cuando la media para América Latina es de un 20%.

Los partidos son las puertas de entrada o barreras de la política que determinan quiénes integrarán las listas electorales y la oferta electoral que tendrá la ciudadanía.

Esto es grave, pues son estas organizaciones y sus máximas dirigencias los que definen las listas de candidatos, programas de gobierno o políticas públicas, una vez en el poder. De sus decisiones, no siempre guiadas por principios inclusivos e igualitarios, depende la oferta sobre la que decidirá el electorado.

Por ello, los partidos juegan un rol clave en la construcción de un sistema democrático inclusivo, que nos permita a las mujeres participar en pie de igualdad con los hombres en el juego político al interior de sus organizaciones.

La medida de paridad del PS para su organización interna constituye una condición necesaria y previa para todo avance programático en dirección a la democratización de los partidos políticos: su transparencia, salud institucional y el fortalecimiento de los mismos, y por ende, de la participación y una efectiva democracia.

En nuestro desacreditado sistema binominal subyace aún algo peor: un sistema uninominal en relación a la participación de los géneros. Toda propuesta democratizadora que no contemple la participación del 50%, ya sea de su militancia o de su electorado, estará basada en la exclusión de no ciudadanos.

Este déficit estructural de democracia, es un escollo transversal a todas las organizaciones políticas, así como la retórica respecto de la necesidad de su transformación. Sin embargo, son los partidos progresistas los que tienen una mayor responsabilidad ética y política al respecto. Su historia está construida sobre la lucha para incorporar y dotar de ciudadanía en forma progresiva, a segmentos excluidos de ellos.

Para el PS, esto deberá constituirse en una especie de imperativo categórico kantiano: “Obra sólo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal”. Esperamos propuestas para el conjunto de nuestra sociedad y sus instituciones de representación, que recojan esta normativa interna.

Algunas de ellas, que avancen en esa dirección son:

1. La necesaria promulgación de “la bella durmiente”: Ley de cuotas.

Para aplicarlas tanto en las listas electorales como en la composición de las instancias de dirección de los partidos, como un paso fundamental para avanzar hacia una participación política paritaria.

Los ejemplos de Argentina y de la Ley de Régimen Electoral permanente de Bolivia, aprobada en junio de 2010, no permiten la inscripción de listas que incumplan las cuotas, además dotan a las autoridades electorales de facultades para asegurar su cumplimiento, ya sea reubicando a las candidatas en el primer caso o dando plazos perentorios a los partidos para enmendar su incumplimiento bajo pena de no inscripción de la lista completa en el segundo.

2. Que el financiamiento público de los partidos establezca la obligación de destinar parte de los recursos a actividades de formación y promoción de la participación política de las mujeres.

3. Garantizar que la aplicación de cuotas, contemplen sanciones por incumplimiento. Y para ser más efectivo lo anterior, que sean las autoridades electorales autónomas, las encargadas de fiscalizar estos procesos, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones estatutarias o legales, internas o nacionales en esta materia.

La medida de democracia paritaria supone redefinir el contrato social que para las mujeres es contrato sexual, y el abandono del sesgo ideológico de la ilustración patriarcal, sobre diferencias ontológicas entre las capacidades de hombres y mujeres.