El jaque de la UDI al Gobierno

Después de muchas vacilaciones, el gobierno decidió respaldar a la intendenta Jacqueline Van Rysselbergher confirmándola en el cargo. Con ello, La Moneda intenta superar la crisis que la autoridad regional desató en el oficialismo y finalizar un impasse que desnudó las tensiones subyacentes entre RN y la UDI. Sin embargo, la esperada vuelta de página presenta nuevas y mayores dificultades, como lo reflejó la  férrea manifestación y descontento que enfrentó el Presidente en Dichato. La visita de Piñera, acompañado por la ministra de Vivienda, Magdalena Matte,  pretendía verificar en terreno el proceso de reconstrucción, pero se topó con el descontento general por la expropiación del borde costero, los reclamos por la escasa asignación de subsidios y el rechazo ciudadano a la ratificación de Rysselbergher en su cargo.

El episodio anteriormente descrito culminó con un Piñera tenso, que manifestó a quienes pudieron oírlo, que lamentaba los disturbios y las detenciones y agregó que “vengo en son de paz, vengo a conversar con los vecinos, vengo a ver con mis propios ojos el esfuerzo que todos los chilenos estamos haciendo para la reconstrucción”. Aunque es manifiesto que había malestar en la localidad por el estado de la reconstrucción, la crispación que se desencadenó con la visita presidencial tiene pocos precedentes. Uno de los factores que incidieron en ello es el desmedido despliegue policial no sólo in situ, sino también en los cinco helicópteros que formaban la comitiva presidencial. ¿Desde cuando un Presidente anuncia que viene en son de paz y se escuda en un inédito cerco policial?.

La Moneda enfrenta uno de sus momentos más complejos desde el inicio del gobierno. En lo inmediato, la defensa que realizó la UDI para evitar la salida de Rysselbergher significó que el gobierno tuviera que asumir los costos de conservarla en el puesto; la disputa también erosiona la convivencia entre los dos partidos de la coalición oficialista, que ya venía resentida por los reclamos de los parlamentarios de RN y autoridades regionales contra Rysselbergher; pone al gobierno en una posición incómoda al aplicar un criterio disímil al empleado en la salida de Ximena Ossandón de la Junji; y compromete la imagen del ministerio de Vivienda y la labor realizada en materia de reconstrucción.

Sin embargo, un aspecto menos coyuntural es la señal política que encierra la decisión gubernamental. Por un lado, La Moneda claudicó frente a la presión de la UDI en circunstancias que, aún sin la presencia de un delito, el caso ameritaba una sanción nítida, en ningún escenario debieran respaldarse las malas prácticas. Por otro, indica que el gobierno tiene poco margen de maniobra, cuestión compleja si se considera que apenas lleva un año en el poder…¿qué se puede esperar en el futuro?.

Otro aspecto del problema es el pecado de origen que aqueja a la actual administración. Las dificultades que tuvo el gobierno en la designación de cargos durante su instalación y su improvisado diseño son, en parte, elementos que explican el actual estado de cosas. Para La Moneda sacar a Rysselbergher significa desmantelar la estructura que administra la región. Si la actual intendenta tuvo la fuerza para designar a diversas autoridades regionales y a algunos Secretarios Regionales Ministeriales, entre los cuales se contaría el de Vivienda, resulta complejo removerla. Lo razonable hubiera sido respetar la influencia e independencia de los ministerios sectoriales y no tener que lidiar con el problema actual.

El liderazgo en base a clientelas políticas quedó al descubierto con la oferta de viviendas a quienes no estaban afectados por el terremoto, Esta práctica de otorgar beneficios  dificulta un traspaso ordenado y administrable en la zona; para qué decir del estilo confrontacional que caracteriza a la autoridad regional. Si Rysselbergher fue capaz de sostener una áspera disputa con Un Techo para Chile durante la atención de la emergencia y tampoco dudó en endosar sus propios errores políticos a la Ministra Matte, es muy probable que su remoción tuviera otro tipo de costos para el gobierno. Pese a que el Ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter insistía que “no le temblaría la mano” para tomar una decisión sobre el futuro de la intendenta, la opción escogida demuestra que es menos traumático para el oficialismo enfrentar el malestar ciudadano que una crisis endógena.

La amplia campaña publicitaria que corre por estos días y que insiste en que la reconstrucción partió de un desastre de enorme magnitud, pareciera ser la estrategia para amortiguar los costos sociales. A ojos del Ejecutivo se trataría de un problema comunicacional que podría ser subsanado instalando la dimensión de la catástrofe y la necesidad de ser pacientes. Atrás queda la soberbia del gobierno que afirmaba haber hecho en dos meses lo que la Concertación no hizo en veinte años. No obstante, la autoridad pareciera ignorar que aún la mejor publicidad es inútil si finalmente el producto que se ofrece es malo o resulta un fiasco…el gobierno pide tiempo, y lo que la gente espera son resultados y un trato no discriminatorio. Ambas cosas estarían lejos de concretarse.