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El affaire Otero y nuestras memorias antagónicas

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Las palabras se las lleva el viento, reza el refrán popular. Sin embargo, en el caso particular de las recientes declaraciones del ex embajador de Chile en Argentina, Miguel Otero (RN), al diario Clarín, las palabras dan cuenta de un conflicto que está lejos de ser pasajero. Más bien, es un asunto instalado en nuestro país desde antes del retorno a la democracia. Chile es una nación de memorias antagónicas, en donde las visiones respecto de nuestro pasado traumático reciente no sólo se oponen, sino que intentan imponerse la una sobre la otra, logrando una difícil coexistencia que, de tanto en tanto, se desestabiliza e irrumpe en la agenda de los medios y de la política.

En otras palabras, en Chile existen visiones irreconciliables respecto del momento de evocar, evaluar y resignificar el régimen autoritario de Augusto Pinochet. El académico e investigador norteamericano Steve Stern, en “Remembering Pinochet’s Chile” (2006) planteó que en nuestro país coexisten cuatro memorias emblemáticas respecto de nuestro pasado traumático reciente:  la memoria de la salvación, la memoria de la ruptura, la memoria de la persecución y el despertar, y la memoria como caja cerrada. La primera de ellas valora los hechos que sucedieron al Golpe de Estado de 1973 como la salvación de la dictadura marxista y la inminente guerra civil. Si bien inicialmente omitía o simplemente justificaba las violaciones a los DD.HH. cometidas por los funcionarios de Pinochet, después de 1990 matizó su discurso, pero sin dejar de respaldar el quiebre democrático.

La memoria de la ruptura, en tanto, se refiere a la herida abierta que dejó lo que sobrevino al 11 de septiembre de 1973, una llaga que nunca termina de sanarse. Remite al quiebre que se produjo en las vida de las víctimas y familiares con el accionar del aparato represivo del régimen autoritario y las diversas políticas que revocaron las libertades individuales y de asociación.

La memoria de la persecución y el despertar apunta al renacer de los ideales y valores personales en el contexto de la represión, lo que puede considerarse como una resistencia al autoritarismo Pinochet. Se explica en el fortalecimiento de los compromisos sociales y la validación de los valores y de las identidades personales en contraposición a la persecución política.

Finalmente, la memoria como caja cerrada apela al dar vuelta la página, a dejar la experiencia traumática reciente en una caja fuertemente sellada, guardada en algún armario escondido, donde no se revisita, resignifica ni evoca. Responde, de cierta forma, a lo que el investigador catalán Ricard Vinyes caracteriza como la “Ideología de la Reconciliación”, que es en el fondo la imposición por parte del Estado de la idea de la superación del pasado conflictivo y de cualquier confrontación, para dar paso a una “buena memoria”, la que es –finalmente- una desmemoria o política del olvido.

Sin embargo, pretender olvidar o borrar lo que sucedió entre 1973 y 1990 es imposible.

Quienes sufrieron -como víctimas, como testigos, como opositores, como resistentes, como personas indiferentes o a favor, como sujetos activos o pasivos- de la confrontación social y la violencia política que antecedió y derivó del Golpe de Estado, están mayoritariamente vivos, constituyen una memoria viva. Y como en todas sociedades, en la chilena actúan mecanismos de transmisión de memoria, o de aprendizaje de memoria, que determinan que sus hijos y sus nietos tengan una posición frente a nuestro pasado reciente, ya sea a favor, en contra o de indiferencia, aún cuando no hayan vivido los hechos que se discuten.

Asumiendo todo esto, y entendiendo que no nos podremos desligar de esta dolorosa herencia, la pregunta que debiera preocuparnos es qué hacemos con ella. Seguimos enfrascados en la infructuosa lucha de memorias en que una visión intenta imponerse a la otra y omitirla, o aspiramos a sacar lecciones que sean útiles para el futuro y las nuevas generaciones.

Desde mi punto de vista, la principal de estas lecciones es que nunca, en ninguna condición ni circunstancia, se debe instaurar una política de violaciones a los DD.HH. Y, por sobre todo, que estas violaciones son condenables no sólo en la arena política, sino en todos los ámbitos de la convivencia social. El bullying, la desigualdad social, la discriminación de género, la homofobia y el racismo, sólo por nombrar algunas, son violaciones a los DD.HH. que suceden en nuestro devenir actual. Y son igualmente condenables e inaceptables.

Reconciliarnos con nuestro pasado es una tarea larga y difícil. Basta mirar el caso español, que a 35 años del fin del régimen autoritario de Francisco Franco, hoy se enfrenta en torno a la labor de un juez que busca establecer la verdad respecto de las violaciones a los DD.HH. en la época franquista. Lo que debiera ocuparnos ahora, entonces, es cómo enfrentamos nuestro presente. Y el ex embajador Otero, al justificar las violaciones a los DD.HH. sucedidas entre 1973 y 1990, no aporta nada a esta discusión. Sólo revela que las posiciones son antagónicas e irreconciliables y que debemos aspirar a conducir una verdadera política pública en educación sobre tolerancia y DD.HH., para que las nuevas generaciones puedan aprehender y reinterpretar nuestro pasado reciente desde sus propios puntos de vista y no sean sujeto de esta disputa de memorias antagónicas que trae el pasado a nuestro presente, pero no lo proyecta hacia el futuro.

 

 

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