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El debate sobre el derecho a la tierra

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En poco tiempo queda al descubierto la faceta más malintencionado del Gobierno en su trato al pueblo mapuche. Y hay que decirlo sin temor. Quien dispara es el verdugo, pero quien decide y condena es el sistema discriminador que mantiene su apego a la doctrina del descubrimiento y la colonización, y en esto son cómplices aquellos que crean verdades a su antojo a partir del círculo vicioso entre la ideología dominante y la historia oficial repetida incansablemente por la academia y la educación formal.


El diálogo como instrumento de relaciones políticas no debe centrarse en las necesidades sino en los derechos, tal como ya se ha consensuado por la comunidad política internacional.

Los matices de esta relación – entre el pueblo mapuche y los que gobiernan – no son suficientes para encontrar las diferencias entre uno u otro sector político. Es notorio y evidente el cinismo político, la odiosidad y la violencia estatal, por lo que nadie debería asombrarse ante los hechos sucedidos en las últimas semanas y que cada vez más apuntan a un enfoque represivo ante toda manifestación de reclamación de derechos que, por cierto, están reconocidos, pero que se evita a todas luces implementarlos.

Es válido preguntarse qué es lo que está detrás de esta actitud del gobierno y cuáles son las estrategias que están en movimiento. Mientras por el lado mapuche se reclama justicia frente a un asesinato, también vuelve al centro del debate la reclamación sobre la implementación de derechos políticos reconocidos en instrumentos internacionales y que especifican que los pueblos indígenas son titulares de derechos entre los que se cuentan el derecho de pueblos, derecho al territorio y a la libre determinación.

El Gobierno, reacciona sacando a algunos peones del tablero, pero se reserva jugadas que van en dirección contraria a lo planteado por los dirigentes de diversas maneras han insistido: que el diálogo como instrumento de relaciones políticas no debe centrarse en las necesidades sino en los derechos, tal como ya se ha consensuado por la comunidad política internacional.

No obstante lo anterior, el gobierno insiste en el mismo camino señalado al inicio de su mandato: con un sector queriendo “denunciar” el Convenio 169 de la OIT; con ministros que frente a un asesinato responden que están “preocupados” por la implementación de un plan regional ( Plan Impulso), justificando la represión militarizada por sobre la valoración y las condiciones para un diálogo político y, lo que es más grave, con intenciones de acabar con la compra de tierras para comunidades mapuche establecido en la ley 19.253.

Sobre este tema, poco se habla. La legislación vigente establece que “Las tierras (…) por exigirlo el interés nacional, gozarán de la protección de esta ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia. No obstante, se permitirá gravarlas, previa autorización de la Corporación. Los actos y contratos celebrados en contravención a este artículo adolecerán de nulidad absoluta”(Artículo. 13 – Ley 19.253).

Otro punto concreto sobre la compra de tierras es el establecido en el artículo 20 de la citada ley en el cual se señala “Créase un Fondo para Tierras y Aguas Indígenas administrado por la Corporación.

1. b) Financiar mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras, en especial, con motivo del cumplimiento de resoluciones o transacciones, judiciales o extrajudiciales, relativas a tierras indígenas en que existan soluciones sobre tierras indígenas o transferidas a los indígenas, provenientes de los títulos de merced o reconocidos por títulos de comisario u otras cesiones o asignaciones hechas por el Estado en favor de los indígenas.”

“La Ley de Presupuestos de cada año dispondrá anualmente de una suma destinada exclusivamente al Fondo de Tierras y Aguas Indígenas.”.(Art. 21)

No menos importante es lo que se define en el artículo 1 de la misma ley en donde se señala: “Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, (…) proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación”.

Si se toma todo lo anterior y se suman los derechos que se reconocen en el Convenio 169 de la OIT relativo a tierras y territorios indígenas, con mayor razón conviene pedir aclaraciones al gobierno y pedir respuesta sobre las razones que le motivan para pedir informes a Contraloría General de la República y cuyo único objeto es evitar la compra de tierras. Si se insiste en dichas maniobras no solo la buena fe como principio rector de todo diálogo que se considere serio y respetable, quedaría en entredicho.

TAGS: #ConflictoMapuche derecho de tierras Gobierno

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Comentarios

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07 de diciembre

Haganla cortita.

¿Cuanta tierra necesitan para dar por cumplido ese derecho a la tierra?

¿serán 10.000 hectáreas?
¿será 100.000?
etc.

10 de diciembre

«La libre determinación», que actúa supremamente sobre el discurso expuesto y sobre el que se basa el mismo, está, en primer lugar, en manos del pueblo chileno, y así del Estado, y luego del Gobierno de turno y del Parlamento. No existe libre determinación del pueblo mapuche, porque no son una nación constitucionalmente reconocida dentro del territorio chileno.

Para el caso, lamento informar al expositor de la columna, que la supremacía sobre decisiones que involucran al territorio chileno, radica en el Gobierno y en el Parlamento, y no en ningún puto tratado internacional de ninguna cosa, porque Chile es una nación soberana que toma sus propias decisiones, sin el consentimiento de ninguna organización internacional, y cualquier tratado que pudiera obligar a la República chilena a algo que no sea la voluntad del Gobierno o del Parlamento, nos permitiría, en primer lugar, desconocer a esa organización y cortar relaciones con ella, si es que es preciso, basado precisamente en la libre determinación.

Soy consciente, valga decir, que son necesarias medidas en relación al pueblo mapuche, pero, las mismas se deben especificar de una forma procedimental que se ajuste a la realidad nacional, cosa que aún no se ha establecido de una forma practica que haya permitido hacerlas realidad.

No dejemos de considerar que la nación mapuche dejó de serlo cuando su territorio fue conquistado por el Gobierno que lo hizo. «La Araucana» es sólo un símbolo de parte de la historia…

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