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Democracia e institucionalidad: ¿Inevitable Contradicción?

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Se ha instalado una falsa contradicción entre el valor de las instituciones y el desarrollo democrático. Se ha dicho, por distintos protagonistas del quehacer político partidario, que la fuerza de la democracia radica en la fortaleza de las instituciones y que para el caso de Chile, la democracia representativa determina las características de nuestra institucionalidad, y que por lo tanto, en esa fortaleza radica la estabilidad política y democrática del país.

Lo anterior es parcialmente cierto. Se necesita que las instituciones funcionen y que sean fortalecidas en los procesos de cambio y de desarrollo permanente de la democracia. Pero esto no implica que las instituciones sean inamovibles e inmodificables. Muy por el contrario: las instituciones necesitan renovarse, transformarse y adecuarse a las nuevas situaciones históricas y a las exigencias propias de una democracia altamente participativa, donde los ciudadanos encuentren los canales de expresión adecuados a las necesidades propias del desarrollo del tiempo y de la historia. No hay contradicción, por lo tanto, entre una democracia representativa y mecanismos de participación efectiva de los ciudadanos.

Las democracias modernas contemplan posibilidades de consulta, como los plebiscitos y referéndum, que son mecanismos que se utilizan precisamente para fortalecer la democracia mediante formulas de participación efectiva de la ciudadanía en decisiones trascendentales para toda la comunidad nacional. Dicho de otra manera: la democracia representativa no significa una enajenación permanente de la voluntad ciudadana, sino que ésta, que es la que tiene el poder efectivo, debe tener mecanismos de participación y decisión, en aquellas materias que están por fuera de los debates más permanentes de la comunidad y que representan definiciones sustantivas por su trascendencia, para el perfeccionamiento permanente de la democracia y el pronunciamiento sobre temas que no son habituales en la cotidianidad.

Otro elemento significativo, es considerar que los ciudadanos deben tener las oportunidades de decidir sobre qué temas incorporar a la agenda política nacional. Esto es lo que ha pasado con esta extraordinaria manifestación de los estudiantes y en general de la ciudadanía. No solo con el tema de la educación, sino también con todo aquello que significa una transformación institucional que ayude a los cambios que el país necesita para fortalecer la democracia, ampliarla y perfeccionarla.

Las instituciones no pueden ignorar que toda democracia  debe ser una expresión del gobierno del pueblo y por lo tanto supone una participación efectiva, que no es contraria a una institucionalidad democráticamente fuerte. Por el contrario, una real democracia contempla formas de participación, como parte de la dinámica permanente del crecimiento.

Lo anterior no parece claramente entendido por las autoridades de gobierno y por algunos miembros de la oposición. A mayor expresión de la voluntad popular, más señales y amenazas de represión a ese dinamismo natural de las sociedades.

Muchos sectores se dan cuenta de que este movimiento responde a una democracia contenida, más bien, reprimida, que no tiene los mecanismos flexibles para generar los cambios que la sociedad reclama y que son urgentemente necesarios como la gran mayoría lo reconoce.

La democracia no es solo un procedimiento o un sistema de gobierno, sino un Sistema de derechos y deberes.  Si estos derechos y estos deberes, no están garantizados en su cumplimiento, deben eliminarse las trabas institucionales que impiden su ejercicio y la renovación de las expresiones ciudadanas de acuerdo a los desafíos de las nuevas circunstancias históricas.

Otro aspecto importante, que la democracia exige en los momentos actuales, es una construcción permanente desde la diversidad de criterios democráticos y no desde la hegemonía que puede establecer un gobierno de turno o un grupo político determinado. El desafío es entender cómo perfeccionar el sistema de derechos y deberes; cómo se garantiza la participación ciudadana y el sentir de las mayorías con el respeto pleno a las minorías. No son temas que puedan definirse siempre con criterios económicos, sino más bien problemas éticos que tienen que ver con el desarrollo humano, antes que un concepto de desarrollo económico que precisamente lo condiciona o limita. No puede funcionar una democracia si ésta no promueve e impone valores tales como la equidad, la solidaridad y la honestidad, entre otros, dentro del sistema.

Lo peor que le podría suceder a los partidos de la Concertación y de la izquierda, es buscar protagonismos para sacar ventajas políticas. Esto en desmedro de la absoluta necesidad de coincidir en los principios fundamentales y en las conductas, en consecuencias que garanticen la satisfacción de las demandas de la ciudadanía y de los jóvenes. Solo una autentica democracia, con un gobierno también verdaderamente democrático, puede proporcionar oportunidades reales para ejercitar la responsabilidad moral de los ciudadanos y de sus conductas en favor de la autodeterminación que toda democracia supone.

Son los ciudadanos los que deben decidir bajo qué ordenamiento jurídico-político organizan la democracia y no solo los partidos políticos. Cuando se reconoce que hay crisis de representación política no se puede pretender salir de esa crisis con las mismas formas de representación que existen.

Existe una enorme posibilidad histórica de la clase política para asumir los desafíos de un nuevo tiempo. Si se falla en esta tarea no será responsabilidad de los jóvenes ni de la ciudadanía. Será responsabilidad de la miopía histórica y sectaria de los diversos sectores políticos que no han sido capaces de responder a los desafíos de la democracia de este tiempo histórico y de una ciudadanía que creció en conciencia más que las estructuras partidarias vigentes.

* Director Escuela de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

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Foto: América.infobae.com

 

 

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