Del #27F al incendio de Valparaíso: la protección civil y el principio de precaución

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En los cerros de Valparaíso y entre los equipos de respuesta a los incendios –bomberos, CONAF, Carabineros, defensa civil, etc. – debe haber máxima alerta permanente cuando se dan en la región las condiciones de mayores riesgos medioambientales, conocida como de los tres treinta: cerca de 30°C de temperatura, 30% de humedad y vientos mayores 30 k.h.

Al cumplirse tres años del terremoto y maremoto del 27 de febrero del 2010, contamos con un voluminoso informe de la Policía de Investigaciones que expone y analiza las respuestas de las instituciones concernidas en esos eventos y las conductas de sus funcionarios. Además, para recordarnos nuestra fragilidad, el 14 de febrero de este año un dantesco incendio en los cerros de Valparaíso arrasa con 285 hogares y deja sin vivienda a más de mil personas. El informe de Investigaciones deja en claro que las instituciones con competencia en caso de catástrofes carecieron de capacidad de poner en alerta y dar alarma ante riesgos y peligros emergentes, reducir y mitigar daños frente esos eventos adversos para la población. El incendio que arrasó pastizales, bosques y viviendas entre los cerros San Roque, La Planchada, Rodelillo y los Placeres nos recuerda por qué las poblaciones originarias llamaron a este territorio Alimapu, tierra quemada. Lo que no aplicaron las autoridades competentes ante ambos eventos fueron los principios de gestión de riesgos y reducción de daños.

La gestión de riesgo propone la toma de medidas protectoras ante un evento que suponga un riesgo grave para la protección civil se conozca o no el daño previsible, ni se cuente con las evidencias científicas de su ocurrencia. La protección civil se puede ver afectada por amenazas al medio ambiente, la salud pública, la integridad de la persona humana, la seguridad ciudadana, etc. La aplicación de la gestión del riesgo consiste en la toma de medidas protectoras –asunto técnico- ante un riesgo eventual según el nivel de protección deseado –asunto político.

La gestión de riesgo y reducción de daño se rigen por dos principios: el principio de precaución en protección civil se distingue del principio de prevención porque el primero exige tomar medidas que reduzcan la posibilidad de sufrir un daño grave a pesar de que se ignore la probabilidad precisa de que éste ocurra, mientras que el principio de prevención obliga a tomar medidas dado que se conoce el daño que puede producirse. El principio de «precaución» o también llamado «de cautela» exige la adopción de medidas de protección antes que se produzca realmente el deterioro de la situación normal, operando ante la amenaza a la protección civil y la falta de certeza científica sobre sus causas y efectos.

Está claro que el SHOA careció de la capacidad técnica y profesional para dar la alerta de tsunami a la ONEMI, a pesar de haber recibió información internacional competente que alertaba sobre un eventual tsunami. A su vez, la ONEMI no tuvo la capacidad profesional y política de interpretar la información sismográfica disponible, como era un sismo superior al grado 8 en el borde mar, así como de la información fragmentaria sobre comportamiento inusual y alterado del mar, con lo cual debió dar la alarma de evacuación hacia las zonas altas a la población en situación de riesgo entre V y IX regiones. Aquí pudo más el temor a la “falsa alarma” que el temor al “incumplimiento de deberes”. Esta es la más grave falla en la gestión pública de la protección civil. Aquí falló claramente el principio de precaución o cautela. La carencia de comunicaciones civiles privadas o estatales y de las fuerzas armadas, esto último es sorprendente, hizo poco menos que imposible comunicar cualquier alerta, alarma o instrucción, pero la poca comunicación existente sirvió para transmitir la falsa información de que no había riesgo de tsunami, lo cual fue la principal causa de muertes evitables.

En el caso del gigantesco incendio en los cerros del sur de Valparaíso, las principales fallas para la protección civil fueron más de prevención que de precaución. Ya que pese a todas las fallas de prevención que acontecieron y fueron la causa real de un incendio que arrasó 285 hogares afectando a más de mil personas, sin que hubiese ninguna víctima fatal o lesionados de cuidado, señala que la población afectada tiene una gran capacidad de precaución, seguramente aleccionada por un incendio similar en 1984, que arrasó un área análoga pero menor. Este evento es el resultado típico de una mala gestión del territorio. El incendio habría tenido su origen, que no es lo mismo que su causa, en unas chispas ocasionadas por un soldador en una obra de construcción en San Roque, de la misma manera que en 2010 el incendio de la iglesia de San Francisco en Barón también fue producida por las chispas de una soldadura mientras se restauraba dicha iglesia, restauración que se gastó unos 800 millones para quemar unos 3.000 millones de pesos, que es lo que ha costado la segunda restauración.

La gestión del territorio exige mantenerlas características del suelo y de los ecosistemas allí existentes que le dan estabilidad, sobre todo de las micro cuencas hídricas que constituyen su sistema de almacenamiento y drenaje de aguas, así como de conservación de humedad. Toda intervención que se realice en un territorio, sea con fines agrícolas, mineros o urbanos, debe conocer las características naturales del suelo y el clima para que cualquiera intervención que se realice conserve la funcionalidad que le es propia y le da estabilidad al territorio; los derrumbes, las inundaciones, los incendios, etc. son el producto de intervenciones inadecuadas o destructivas. Para asegurar la mantención de la estabilidad de los sistemas naturales se realizan las evaluaciones ambientales ante las propuestas de intervención en un territorio.

La destrucción de las microcuencas en las zonas de inter fase entre la ciudad y el campo establecen las condiciones inminencia de los incendios en las zonas altas Valparaíso, y en general en toda la región. Estas zonas de inter fase se caracterizan por múltiples intervenciones que fracturan las micro cuencas locales, estas –dañadas en sus sistemas de drenajes- acumulan más humedad de la necesaria a su estabilidad en los tiempos de alta pluviosidad –lo que llevado al extremo causa derrumbes e inundaciones- aumentando la vegetación de hierbas y arbustos, a la vez. La fractura de la micro cuenca no permite mantener la humedad media del suelo en los tiempos de estiaje, secando la materia vegetal que se convierte en un combustible altamente inflamable, condiciones en las que cualquier evento puede detonar un gigantesco incendio: un cigarrillo arrojado al pasar, una botella de vidrio que amplifica un rayo solar, una fogata mal apagada, una quema de rastrojos mal hecha, en fin, también un tontito que quiere ver fuego y bomberos actuando –hay casos de bomberos que produjeron incendios. Las micro cuencas de las zonas de inter fase ciudad campo más afectadas son aquella intervenidas por las grandes obras públicas, como las carreteras, urbanizaciones, represas, etc., o por bosques artificiales y grandes instalaciones agropecuarias. Además, en la región de Valparaíso hay una baja pluviosidad, unos 350 mm de agua al año y muy concentrada en el tiempo, los “temporales”. El incendio que nos ocupa se origina en una construcción al borde de carretera entre bosques con urbanizaciones espontaneas e irregulares de material ligero.

En Valparaíso cuando acontecen eventos adversos como derrumbes, inundaciones o incendios, las autoridades y sus voceros, los expertos y la prensa, culpan a la población de haber hecho ocupación desautorizada e inadecuada de quebradas y laderas. El Municipio es siempre renuente a aceptar la titularidad de la propiedad o autorizar la construcción en esos lugares. Pero tal cosa es una majadería ya que el 90% de la ciudad es, precisamente, un conjunto de quebradas y laderas; cada uno de los cerros son laderas urbanizadas con muros de contención y canales de drenajes, pasaje y escaleras, asimismo todas las subidas a ellos son quebradas embovedadas.

Lo que hizo posible la gran envergadura del incendio en esos cerros del sur de Valparaíso fue la inexistencia de corta fuegos cuando se estima que las fracturas de las micro cuencas habrían dañado el equilibrio hídrico del suelo. Además, hay que desmalezar los vegetales secos. Por otra parte, hay que asegurar la existencia y cobertura de una red hídrica y su provisión de agua a presión suficiente para controlar el fuego, asimismo, el sistema de alerta y alarma de incendio debe ser presto y la capacidad de respuesta de los bomberos aún más. En los cerros de Valparaíso y entre los equipos de respuesta a los incendios –bomberos, CONAF, Carabineros, defensa civil, etc. – debe haber máxima alerta permanente cuando se dan en la región las condiciones de mayores riesgos medioambientales, conocida como de los tres treinta: cerca de 30°C de temperatura, 30% de humedad y vientos mayores 30 k.h.

La eficiencia de la gestión del riesgo para la protección civil depende principalmente de dos factores: de la gestión del territorio y, sobre todo, de la habilitación y competencia –empoderamiento- de la población local para hacer gestión de riesgo, es decir, identificación de amenazas locales, diseño de respuestas locales y capacidad local de ejecución de las acciones prevención y precaución de riesgos, así como, reducción y mitigación de daños. Las lecciones del terremoto de Kobe (Japón) en 1995 con 6.500 muertos y las recomendaciones de la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres celebrada en esa misma ciudad en 2005, en el documento programático “Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres”-que recogían también las lecciones del tsunami del Indico en 2004, con 230.000 muertos- apuntan que no hay nada más protector ante estos eventos adversos de gran magnitud que la capacidad de las poblaciones locales para identificar sus riesgos y peligros, así como tener capacidad de respuesta ante ellos.

El informe de la Policía de Investigaciones sobre el maremoto señala claramente que aquellas comunidades locales o sus autoridades civiles, policiales o navales que tomaron la iniciativa de dar la alarma y evacuar hacia zonas seguras, lograron proteger adecuadamente a sus poblaciones, y que en algunos casos hubo autoridades que tuvieron la información de la inminencia del maremoto pero abandonaron la población a su suerte.

El Gobierno conmemora los tres años del 27 de febrero anunciando la construcción de la nueva sede para la ONEMI, que se convertirá en la Agencia Nacional de Protección Civil (ANPC), para lo cual se gastarán 7.500 millones de pesos. Con esos recursos se podrían ejecutar 375 millones de horas de capacitación y entrenamiento en identificación de riesgos y peligros locales, así como en reducción y mitigación de daños a las poblaciones costeras, en laderas, zonas de interfaces campo ciudad, en zonas volcánicas, de inundaciones. En fin, a toda la población en general dada la sismicidad de todo el país. Es decir, no seguir con esos simulacros de emergencias que tienen a la población haciéndolos correr cerro arriba, o instalando señalética con información obvia y reiterativa bilingüe. Nuestro sistema educativo público, que comienza a tener un excedente de infraestructura y de personal calificado debido a la transición demográfica, con aquellos recursos bien podría asumir esa tarea de habilitación y competencia en la gestión de riesgos y reducción de daños para las poblaciones de cada barrio y localidad de todo el país, convocándolas por medio de sus organizaciones vecinales, comunales y sociales.

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